La Central Nacional de Trabajadores, el Movimiento Unido de Trabajadores Haitianos y otras organizaciones impulsaron un paro general para los días 1 y 2 de febrero. El acatamiento entre los sindicatos del transporte y docentes fue total, con adhesiones de trabajadores textiles, organizaciones de derechos humanos y la oposición. Su principal consigna es la inmediata renuncia del presidente Jovenel Moïse, quien llegó al cargo en un proceso electoral denunciado como fraudulento, y que en los últimos meses ha empezado a gobernar por decreto, al margen del parlamento. Además, se denuncia una creciente violencia estatal en los últimos meses, donde se registran ataques de paramilitares, secuestros, censuras al periodismo y abusos policiales.

A pesar del decreto que prohíbe las manifestaciones hasta el 15 de febrero, en el sur del país se movilizaron de a miles y, en el norte, se cortaron las principales calles con barricadas. Las masas se preparan para otra enorme jornada de protestas el próximo 7 de febrero, día que -según la oposición- debería concluir el mandato de Moïse.

Moïse no se va y Estados Unidos lo respalda

Aún con estas protestas en su contra, Moïse se niega a entregar la presidencia. En las últimas cadenas nacionales anunció que llevará a cabo un referéndum no vinculante el 25 de abril para reformar la Constitución Nacional. Dicha propuesta permanece en secreto y sólo han trascendido dos artículos: uno para extender su mandato hasta 2022 y otro para que el presidente pueda elegir su gabinete sin ratificación del parlamento (Télam, 7/1). Por otro lado, anunció que habrá comicios legislativos y presidenciales el 21 de noviembre.

Dada la desintegración estatal, la acefalía del parlamento y la convulsión social de las calles, la única manera que Moïse puede continuar en el poder es gracias al apoyo que le brindan Estados Unidos y la “comunidad internacional”. Ahora, también respaldan su extensión en el poder hasta 2022, pero intentan disimular su complicidad golpista denunciando “ataques contra los DDHH a raíz de las protestas” (Europa Press, 19/1). Con este argumento, la OEA y la ONU enviaron representantes para “supervisar” la nueva Constitución y para organizar el referéndum y los próximos comicios (Resumen Latinoamericano, 21/1).

¿Qué pasa con la oposición?

El grueso de la oposición propone conformar un gobierno de transición que dure dos años hasta estabilizar la situación política y reemplazar a Moïse desde el próximo 7 de febrero. Es una línea de preservación del orden social, ante el temor a que la movilización en las calles se salga de control.

Los trabajadores tienen el desafío de levantar una alternativa política propia en la lucha por echar al gobierno de Moïse.