En Honduras continúan los choques populares contra el gobierno privatista de Juan Orlando Hernández (JOH), el peor evaluado en la historia del país. En las últimas semanas, a pesar del toque de queda, se registraron multitudinarias movilizaciones, la más importante de ellas el pasado 15 de septiembre, cuando la conmemoración por el Día de la Independencia se convirtió en una jornada de lucha contra la corrupción, el ajuste y la pésima gestión sanitaria. Solo en Tegucigalpa, ciudad capitalina, se movilizaron unas veinte mil personas y se enfrentaron a una feroz represión policial.

Las protestas son motivadas por la consigna #DóndeEstáElDinero. Distintos relevamientos de los hospitales públicos han comprobado la falta de personal, camillas, respiradores y equipos de protección personal. Previamente, una razzia mediática del oficialismo (que antes osó explicar los contagios de Covid-19 por el nivel educativo de su población) cuestionó estos reclamos de los trabajadores de la salud como mentirosos y oportunistas y arguyó que el parlamento había aprobado un presupuesto extraordinario para combatir la pandemia. Pero se hundieron en su propio pantano: se descubrió que los siete hospitales refaccionados y la compra de materiales de bioseguridad por el fondo público Inversión Estratégica de Honduras “presentan irregularidades que van desde la negligencia para la elaboración de un contrato hasta la sobrevaloración de precios de los productos” (Infobae, 15/9).

La negligencia sanitaria es total. Unos 60 trabajadores de la salud han muerto y casi el 50% del escalafón nacional está contagiado (Criterio, 25/8). Por otro lado, esta semana se produjeron diez despidos en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y se prevé que no se renueven contratos de enfermeras en Tegucigalpa, donde además se adeudan sueldos. Desde el Sindicato de Trabajadores de Hospitales amenazan con un paro nacional si la situación no se regula (La Tribuna, 21/9).

Las movilizaciones se terminan de fogonear con la crisis social precedente, agravada durante la pandemia. En un boletín oficial, el oficialismo reconoció que el número de desempleo aumentó del 5 al 13%. Unos 200.000 hondureños han sido despedidos en los últimos cuatro meses y alrededor del 48% de la población total vive en la pobreza (SICA, 30/1).

Frente a estos reclamos, el gobierno decidió endurecer su carácter represivo. Durante la cuarentena, se denunciaron decenas de violaciones a los derechos humanos, como ser abusos policiales, censura a la prensa independiente y desaparición de activistas sociales. Esto último ha llegado a los medios internacionales en la última semana, informando sobre el reclamo de aparición con vida de cuatro líderes garífunas defensores de sus tierras, que fueron secuestrados por hombres armados y uniformados con vestimenta de la Dirección Policial de Investigación (EFE, 4/9). Inclusive las movilizaciones del 15 fueron brutalmente reprimidas, con la novedad de que las fuerzas policiales estrenaron armamentos: tanques de agua mezclada con químicos para rociar a los manifestantes (Resumen Latinoamericano, 16/9).

Un gobierno reaccionario

El gobierno de Hernández, iniciado en 2014, expresa una continuidad con el golpe de Estado que en 2009 depuso al gobierno de Manuel Zelaya, con el apoyo del imperialismo. Durante el primer mandato de Hernández se produjo el crimen de la referente ambiental Berta Cáceres. En 2017, obtuvo su reelección en un proceso sumamente cuestionado, reprimiendo las protestas contra el fraude con un saldo de alrededor de 30 muertos. Durante su segundo mandato, la rebelión de médicos y docentes logró la derogación de reformas que avanzaban en recortes masivos en salud y educación. Las masas empezaron a reclamar que se vaya Hernández y su “narcodictadura”, debido a que el hermano del presidente está acusado del control de laboratorios de coca en su país y en Colombia.

El alineamiento con el imperialismo se ve sobre todo en la colaboración de Hernández con la política anti-migratoria de Trump. Desde Honduras parten algunas de las caravanas que huyen de una región asolada por la miseria y una de las tasas de homicidios más altas del mundo.

El gobierno oficializó la llamada a comicios en 2021 y asegura que, esta vez, Hernández no será nuevamente el candidato del Partido Nacional, pero hay grandes dudas sobre esto.

El proceso electoral amenaza con actuar como un desvío para el enorme proceso de lucha que ha tratado de liquidar al gobierno de Hernández en las calles. Cabe señalar aquí que el partido Libre y Refundación (Libre) de Zelaya designó a su candidata para los comicios –Xiomara Castro- con extrema antelación, ya en septiembre de 2019. Libre se inscribe en una línea “nacional y popular”, sus referentes han expresado simpatías por el kirchnerismo. En las elecciones de 2017, se subordinó a la candidatura del pro libre mercado Salvador Nasralla, colocando al vice.

En lugar de una adaptación al calendario electoral, es necesario derrotar en las calles al régimen antipopular y fondomonetarista de Hernández. En esa dirección, es preciso un plan de lucha, en la perspectiva de la huelga general.

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