En la misma semana en que la iglesia católica francesa dio a publicidad la existencia de más de 300.000 abusos a menores durante los últimos 50 años, se conoce la absolución en el primer juicio llevado a cabo en el Vaticano contra dos de sus  miembros: Gabriel Martinelli y Enrico Radice, bajo los mismo cargos.

Los casos  de abuso se remontan al  año 2007 en el marco del preseminario San Pío X, pero su investigación se inicia recién en el 2017, luego de la publicación del libro Peccato Originale de G. Nuzzi. A pesar de varias denuncias por parte de seminaristas, solo cobró relevancia para la iglesia católica, en el momento en que quedó expuesta de manera pública.

Los acusados fueron absueltos por dos motivos: prescripción  de algunos de los delitos que se le imputaron y falta de pruebas en el caso de otros.

En el caso de Martinelli (28), hoy sacerdote y rector de la institución donde se cometieron los abusos, era menor de edad al momento de los hechos, pero tenía un cargo de coordinación dentro del preseminario donde se encuentran los monaguillos de la basílica de San Pedro. Este cargo, que tenía por ser discípulo de Radice, lo ponía en contacto permanente con los alumnos ya que tenía la responsabilidad de organizar sus actividades. La más importante era la de seleccionar  a los adolescentes que estarían frente al Papa o a su lado durante la misa.

A su vez, Radice (71) fue acusado de encubrir a Martinelli estando en conocimiento de todo lo ocurrido.

“El promotor (fiscal) de Justicia vaticano, Roberto Zannotti, había pedido seis años de cárcel para Martinelli y cuatro para Radice. En la sentencia se lee que aunque se prueba que hubo relaciones sexuales entre el monaguillo y Martinelli, ‘no existen pruebas de que la víctima haya sido obligada a mantenerlas con violencias o amenazas’ y que la razón de ello ‘son las significativas contradicciones en sus declaraciones” (huffingtonpost.es).

El desenlace es controvertido de por sí, pero sobre todo porque las investigaciones internas precedentes habían advertido las sospechas. Cuando comenzaron a circular, el obispo Oscar Cantoni afirmó que entre 2006 y 2012, ya habían observado “conducta sexual inapropiada” del acusado. En esta ocasión, la diócesis aceptó abonar una indemnización por 20.000 euros (que nunca se pagó) para la víctima mientras aislaba a Martinelli en un monasterio de Villa de Aosta.

Por otro lado, durante el proceso, varios exalumnos del preseminario describieron el tipo de ambiente que se vivía cotidianamente en la institución. Incluso uno de ellos, Flavio Ottaviani (34) declaró haber presenciado el tocamiento de partes íntimas a otro alumno por parte de Martinelli. Otros mencionaron “toqueteos” a los más jóvenes.

El resultado de esa investigación fue un documento de 21 páginas enviado a la Santa Sede pero que no se hizo público. El documento -entre los obtenidos por The Post- criticaba duramente los errores de la Iglesia en el caso Martinelli, a la vez que planteaba aspectos poco científicos sobre el consentimiento y el desarrollo sexual de los adolescentes. La revisión criticó a Coletti, diciendo que su investigación había sido sesgada por la parcialidad y era “superficial en el mejor de los casos”. La revisión dijo que el núcleo de las afirmaciones de la presunta víctima era “fiable” y “coherente”. Pero también concluyó que el comportamiento de Martinelli, aunque inapropiado, era comprensible para los adolescentes, para los que a menudo “no hay una coincidencia perfecta de voluntades” (Infobae, 12/07).

Asistimos nuevamente a los mecanismos que la iglesia pone en juego toda vez que quiere encubrir los abusos que son relatados a lo largo del mundo. Cuando el encubrimiento, el traslado como operación de rescate o los famosos “tratamientos” no frenan las denuncias, se avanza en la puesta en escena de un tribunal propio que le imprime un sello de legalidad a estas prácticas nefastas.

¡Exigimos juicio y castigo a todos los responsables: abusadores y encubridores!

Más que nunca tenemos que reforzar la separación de las iglesias del Estado.