El mismo día que empezó la Cumbre de las Américas en Los Angeles, alrededor de 15 mil migrantes centroamericanos emprendieron una caravana desde Chiapas, México, con destino a Estados Unidos. Entre ellos, 3 mil menores y 126 mujeres embarazadas.

El gobierno estadounidense ya les ha dejado en claro que la frontera está cerrada. Es lo mismo que dijo hace algunos meses la vicepresidenta Kamala Harris en Guatemala, durante su gira por Centroamérica. Joe Biden ha seguido la política de su predecesor en el cargo. Valiéndose de un procedimiento de deportación exprés del expresidente Donald Trump, instituido con la excusa de la pandemia, cerca de 1,7 millones de personas fueron expulsadas. Solo en el mes de marzo, más de 100 mil (Voz de América, 16/4). Recientemente, el mandatario estadounidense anunció la derogación de esa disposición, pero el asunto quedó judicializado por una apelación de varios gobernadores republicanos.

En el cónclave de Los Angeles, el debate de la cuestión migratoria estará limitado por la ausencia de los principales países de origen de las caravanas. Los mandatarios de Guatemala, El Salvador y Honduras (el llamado “triángulo Norte”) no asistieron, revelando las dificultades que ha afrontado Washington para organizar una cumbre exitosa.

La vice yanqui, foco de las críticas por la falta de resultados en materia migratoria, acaba de desempolvar un plan de inversiones para Centroamérica con la intención de que los países mencionados contengan el aluvión, pero se trata de un refrito de planteos que ya hizo en su gira por la región y que no arrojaron ningún resultado.

Hasta aquí, el principal recurso de los Estados Unidos ha sido transformar a México en una especie de “Estado tapón”, para lo cual ha contado con el concurso del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que reforzó el control de las fronteras y el accionar represivo de la Guardia Nacional.

La estampida migratoria desde Centroamérica hunde sus raíces en la descomposición que atraviesa la zona, devastada por la pobreza y el accionar de grupos criminales. El imperialismo tiene una responsabilidad primordial en esa debacle, debido a su promoción de dictaduras sanguinarias y gobiernos títeres. Como un búmeran, la crisis que contribuyó a crear golpea ahora sus puertas bajo la forma de crecientes olas migratorias. Y ello, en medio de una profundización de los antagonismos sociales y de una crisis económica (inflación récord y desaceleración).

Dentro de los Estados Unidos, el gobierno de Biden ni siquiera ha avanzado en una limitada reforma que había prometido al comienzo de su mandato, y que estipulaba la regularización de los ilegales que viven hace años en el territorio. En paralelo, crece la agitación xenófoba y racista, que estimula el accionar de desequilibrados y fascistas. Recordemos que recientemente un joven supremacista blanco condujo su auto unos 300 kilómetros para masacrar a afroamericanos en un supermercado de Buffalo, Nueva York. Se había inspirado en un atacante anterior que en 2019 mató a 22 personas –mayormente latinas- en un almacén de El Paso, Texas, en la frontera con México.

Vale aquí señalar también que una franja de los migrantes expulsados a México son víctimas de robos, violaciones y crímenes.

Frente al problema migratorio, defendemos el derecho incondicional al asilo, la derogación de todas las normas expulsivas y planteamos la unidad de los trabajadores migrantes y nativos, contra el imperialismo y los gobiernos capitalistas.

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