El incremento de los precios del petróleo a nivel mundial, como resultado de la guerra emprendida por Estados Unidos e Israel contra Irán, está empujando a numerosos gobiernos a adoptar medidas de emergencia.

El alza promedia un 14 por ciento a nivel internacional, según The Economist, pero el impacto es mucho mayor en el Sudeste Asiático (donde las subas trepan al 40 por ciento), y en especial en Filipinas, donde los precios subieron un 70 por ciento. Ante este cuadro, el régimen de Ferdinand Marcos Jr. (hijo del dictador que gobernó entre 1965 y 1986) se convirtió en el primero en dictar la emergencia energética desde el estallido de la guerra en Medio Oriente, el 28 de febrero pasado. Desde esa región, Filipinas importa combustibles y fertilizantes que deben atravesar el Estrecho de Ormuz, actualmente bloqueado por Irán.

Las medidas del gobierno filipino se anunciaron el 24 de marzo e incluyen la reducción de los impuestos especiales a la gasolina y el diesel, medidas de ahorro energético, el fomento de fuentes energéticas alternativas al petróleo (desde el carbón a la energía solar), la búsqueda de proveedores alternativos y, sobre todo, las compras de petróleo estatales y subsidios para mitigar el impacto de las subas, tras el estallido de reclamos y protestas de transportistas.

El aumento de los combustibles amenaza con un incremento generalizado de costos, una reducción del crecimiento y una mayor tensión social, que viene en ascenso. En septiembre de 2025, la malversación de un fondo que estaba destinado a obras contra las inundaciones desató protestas masivas.

La crisis, además, acentúa las internas dentro del bloque gobernante e introduce las primeras fisuras en el alineamiento de Marcos Jr. con los Estados Unidos.

Marcos llegó al poder en 2022 junto a Sara Duterte -hija del expresidente Rodrigo Duterte- como vice, pero pronto estallaron las disputas entre ambos clanes. La facción de Marcos motorizó un impeachment en el parlamento contra la funcionaria, bajo acusaciones de corrupción, pero el Tribunal Supremo anuló el proceso, considerándolo inconstitucional. Los partidarios del presidente volvieron a la carga con la presentación de nuevas denuncias contra la vice, mientras que esta busca, ahora, sacar provecho del desgaste de Marcos ante la crisis energética y ya anticipó que se presentará como candidata a las presidenciales de 2028.

Por su parte, la crisis energética fuerza a Marcos a decisiones pragmáticas que van a contramano de su alianza con Estados Unidos y con Donald Trump, a quien visitó en la Casa Blanca.

Filipinas disputa con China y otros Estados del Sudeste Asiático la soberanía de algunas islas y el control del Mar de la China Meridional. Estas tensiones con Beijing han llegado, inclusive, a los escarceos entre buques de ambos países. A diferencia de su antecesor en el cargo, Rodrigo Duterte, que mantuvo vínculos con China, Marcos Jr. se inclinó decididamente hacia la Casa Blanca, transformándose tal vez en su mayor aliado en la región. Por un convenio de 2014, renovado por Marcos Jr., los yanquis tienen acceso a cinco bases militares filipinas.

Pero ahora, ante la envergadura de la crisis energética, Marcos declaró públicamente que no descarta una explotación conjunta de reservas gasíferas y petrolíferas junto a China. Esta sola declaración, con independencia de la viabilidad del plan, es sintomática. Al mismo tiempo, como Filipinas necesita diversificar sus proveedores de petróleo, importó un cargamento desde Rusia. Por último, el gobierno filipino se declaró país "no hostil" a Irán y selló un acuerdo para que sus buques queden excluidos del bloqueo en el Estrecho de Ormuz, todo ello mientras Trump amenaza con barrer la civilización iraní en una sola noche.

Al igual que la guerra en Ucrania, la guerra contra Irán tiene repercusiones económicas y políticas globales, empezando por un aumento de precios en los combustibles que ceba la inflación y deteriora las condiciones de vida de las masas. La lucha por la derrota de la agresión imperialista-sionista contra Irán se une, así, con la lucha para que los trabajadores no se vean afectados por el alza en el costo de vida.