El gobierno español anunció una ley de vivienda con la que procura controlar el precio de los alquileres. La situación en esta materia es grave en el país europeo: según las organizaciones de inquilinos, los precios subieron un 50% promedio en los últimos cinco años (Público, 20/3). A su vez, si bien los desalojos experimentaron una caída del 20% entre 2019 y 2021, se dispararon un 100% las ejecuciones hipotecarias (es decir, la ejecución de la garantía), según el Consejo General del Poder Judicial (20 Minutos, 22/9).

En este cuadro, la administración de Pedro Sánchez, junto a Podemos (el acuerdo forma parte de un pacto para destrabar la aprobación del presupuesto 2022), intervienen de manera preventiva, ante el desarrollo de un movimiento por abajo. A mediados de marzo, hubo movilizaciones en todo el país en demanda de una solución al problema de la vivienda. En abril de 2019, 5 mil personas habían marchado en Barcelona, una de las ciudades más afectadas, como parte de una jornada en 35 ciudades europeas. Este movimiento se remonta al estallido de la burbuja inmobiliaria a fines de la primera década de este siglo, con su secuela de desalojos masivos. Fue uno de los afluentes de la gran agitación social que conoció el país ibérico en la década pasada.

Aun hoy, en el país se llevan a cabo importantes acciones contra los desahucios. En Cataluña, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y el Sindicato de Inquilinas afirman que el gobierno catalán ha denunciado y multado por un total de 200 mil euros a más de 300 activistas desde marzo de 2019 (El Diario, 13/10).

Hecha la ley…

Sin embargo, y como no podía ser de otro modo viniendo del gobierno centroizquierdista, la ley propuesta es sumamente limitada. Por empezar, recién vería la luz, en caso de aprobarse, no antes del segundo semestre de 2022. La norma no detiene los desalojos, cuando se aproximan casi 80 mil, dado que se vencen -a fines de octubre- algunas medidas excepcionales dictadas ante la pandemia, según señala la PAH en un comunicado crítico (Cope, 8/10). Tampoco se condonan las deudas por hipotecas, “ni (se) responsabiliza a los bancos y fondos buitres rescatados con dinero público a que pongan las viviendas a disposición de la ciudadanía” (ídem).

En cuanto a su contenido, la ley diferencia los “grandes propietarios” (aquellos que tienen más de 10 viviendas) de los dueños particulares. Los primeros podrían sufrir topes en los precios que cobran y ser afectados por un aumento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) de hasta el 150% si mantienen viviendas ociosas. Los techos estarán asociados al “máximo que fije el índice de precios de alquiler” (El País, 5/10), un dato que elabora el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agencia Urbana.

En el caso de los dueños particulares, no habría topes y se incentivarían las rebajas de alquileres a través de alivios fiscales.

Pero la norma ni siquiera garantiza que esto se cumpla en todo el Estado español. Se requiere, primero, que las comunidades autonómicas soliciten la declaración como “área tensionada” del barrio, distrito o región afectada. Se consideraría como tal aquella en que los precios se hayan incrementado en los últimos cinco años, cinco puntos por encima de la inflación. El otro requisito es que las familias desempolven en dicha zona al menos un 30% de sus ingresos al pago del alquiler.

A su vez, la aplicación del aumento impositivo a los “grandes propietarios” debe ser gestionado por los municipios.

El Partido Popular ya anunció que boicoteará la medida en los ayuntamientos y comunidades que gobierna, incluyendo Madrid, una de las áreas más afectadas (administra también Andalucía, Galicia, Castilla y León, y Murcia). En tanto, el gobierno de Extremadura, donde manda el PSOE, ya anticipó que no tiene “zonas tensionadas” en su territorio. Aragón, también en manos de los socialistas, expresó su descontento por no haber sido consultada previamente por la norma. Y en cuanto a Cataluña, hay disensiones entre el gobierno federal y el regional. El diario El País tituló que “casi media España no aplicará la futura ley de vivienda” (6/10).

Estas fuerzas se hacen eco de los reclamos de las cámaras patronales, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), cuyo titular, Antonio Garamendi, criticó la ley públicamente.

Un problema de alcance internacional

El 26 de septiembre, los habitantes de Berlín votaron masivamente en un referéndum a favor de la expropiación de 200.000 viviendas ociosas. Como se ve, el problema del techo no es privativo de los países periféricos, sino que recorre a las principales naciones del mundo. En China, el gigante inmobiliario Evergrande, en medio de una crisis que podría arrastrarlo al default, tiene 1,4 millones de viviendas sin terminar, lo que ha desatado protestas de los compradores que exigen sus casas o el reembolso de la inversión. El proceso de endeudamiento de estas grandes compañías asiáticas muestra que el de las burbujas inmobiliarias no es un problema del pasado.

La cuestión de la vivienda reclama medidas de fondo. En nuestro país, el Frente de Izquierda – Unidad plantea un impuesto progresivo a los grupos inmobiliarios y a la vivienda ociosa para combatir la especulación; un salario igual a la canasta familiar y la evolución del precio de los alquileres de acuerdo a los sueldos; y un plan masivo de viviendas y urbanización de los barrios populares.

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