La sublevación campesina que se desarrolla hoy en la India ha convertido al país asiático, desde hace casi tres meses, en uno de los focos más intensos de la lucha de clases mundial. El movimiento campesino indio y su lucha contra las reformas privatistas y ajustadoras promovidas por el gobierno del ultraderechista Narendra Modi están generando un verdadero cimbronazo en el régimen político. El gobierno busca poner fin a la compra de la cosecha campesina a precio sostén realizada por el Estado, colocando al capital privado como reemplazo de este, lo que significaría la ruina de millones de agricultores.

Fracasadas las mesas de conversación con los líderes agricultores, Modi viene apostando sus fichas a la represión policial y paramilitar, aunque hasta ahora no hizo más que exacerbar la intervención política campesina.

Pulseada

El undécimo encuentro entre funcionarios del gobierno nacional y líderes de las protestas campesinas, realizado el pasado 22 de enero, ha culminado con un revés al gobierno. Resulta que los primeros se ilusionaron con un acuerdo que implicara suspender las leyes privatizadoras por un periodo de 18 meses, empero, se encontraron con el rechazo de Samyukt Kisan Morcha (SKM), el organismo que agrupa alrededor de 40 organizaciones de agricultores, en buena medida, como reflejo de la enorme presión de las bases (Times Of India, 22/1).

Otro de los flancos por los cuales se intenta desactivar el proceso de lucha es mediante la intervención de la Corte Suprema, la cual viene de suspender temporalmente las leyes anti campesinas, mientras que procura avanzar en la creación de un comité de expertos con el objetivo de encontrar una solución consensuada. Se trata, sin embargo, de un eslabón del Estado cuyo poderío está colocado al servicio de los intereses generales de la clase dominante, y que además ha cooperado con Modi dando luz verde a algunas de sus medidas más antipopulares, como la eliminación del estatus especial de la Cachemira india, y no descarta volverlo a hacer para declarar ilegal la protesta de los agricultores.

Asimismo, el gobierno, al no encontrar una salida inmediata y en sus términos a la convulsión social reinante, ha llevado su orientación represiva a un grado mucho más elevado. El martes 26 de enero, en el marco del día de la República India, se llevó adelante en Nueva Delhi un “tractorazo”, cuyo desarrollo ha terminado con un grupo de manifestantes llegando al mítico Fuerte Rojo, lugar desde donde colgaron su bandera sindical. La represión ha sido brutal; muchos manifestantes resultaron heridos y un agricultor murió luego de que su tractor volcara, y que, según los movilizados, ha sido consecuencia de la pérdida de control que le produjera un disparo perpetrado por las fuerzas de seguridad. Fueron 44 los casos penales presentados por la policía de Delhi y 122 los arrestos que se adjudica. 37 líderes sindicales y activistas han sido acusados de “disturbios, intento de asesinato y conspiración criminal”, mientras que, asimismo, al menos seis periodistas, y un elemento del Partido del Congreso (CNI), enfrentan hoy cargos de sedición por “informar erróneamente” sobre los hechos concernientes a la muerte del manifestante. Echando más nafta al fuego, el gobierno ordenó el cierre de la cobertura de telefonía móvil e internet por 12 horas en gran parte de la capital, así como también en los estados vecinos de Haryana y Uttar Pradesh (UP).

El miércoles 27, en UP, un grupo de agricultores que acampaba en la carretera nacional Delhi-Sharanpur fue brutalmente reprimido por la policía. En la frontera entre Haryana y Delhi, por otra parte, esta fuerza, en connivencia con bandas fascistas y prohibiendo el acceso a corresponsales, desenvolvió un violento ataque contra un campamento de protesta ubicado en Singhu.

El 6 de febrero se desarrolló, durante más de tres horas, una jornada de bloqueos en carreteras ubicadas en varios puntos del país, donde los campesinos a menudo utilizaron sus tractores para cortar el tránsito.

Modi ha militarizado la zona de la capital construyendo barricadas de clavos y púas y desplegando a miles de policías. Ha ordenado, asimismo, el cierre del suministro de agua y electricidad a los sitios de protesta, y obligó a los trabajadores municipales a que dejen de recolectar basura, provocando la acumulación de pilas de desechos en los lugares donde se hallan los campesinos. También viene impulsando la infiltración de servicios para motivar la represión. Con todos estos métodos, sumada la tecnología de reconocimiento facial y la persecución contra la oposición, el premier hindú ha erigido un Estado policiaco.

La rebelión campesina en la India ha adquirido tal magnitud que logró reunir el apoyo de importantes figuras reconocidas a nivel internacional como la cantante Rihanna o la activista Greta Thunberg, entre otras. Ha devenido en una extraordinaria lucha que debe ser tomada como ejemplo por toda la clase obrera del mundo para enfrentar los embates de sus gobiernos y burguesías.

Nuevo plan de ajuste

El programa del oficialista Bharatiya Janata Party (BJP) se erige sobre la base de una continuación –y de una profundización- de la política anteriormente adoptada por el CNI, a saber, impulsar reformas dirigidas a abrir la economía al capital foráneo y convertir a la India en una gigantesca plataforma de mano de obra barata al servicio de este. Así lo prueba la reforma laboral –precariza el trabajo, cercena el derecho a huelga- impuesta por Modi en 2020, y, como última novedad, el presupuesto fiscal 2021-2022 exhibido recientemente por la Ministra de Finanzas, Nirmala Sitharaman.

Desde el punto de vista del disparador de la enorme conflictividad social que actualmente existe en la India, el presupuesto no propone ningún avance en términos progresivos, sino que viene a agravarla. Se recorta draconianamente el gasto en la Garantía de Empleo Rural Mahatma Ghandi, un programa del que dependen millones de familias, que supone 100 días de trabajo servil con salario mínimo a un miembro de cualquier hogar rural en situación acuciante. En la misma línea, se va hacia un recorte del 43% en los subsidios a los alimentos, del gas y también del kerosene.

Contiene, asimismo, un plan de venta masivo de empresas públicas por una suma aproximada de 24 mil millones de dólares, incluyendo dos bancos estatales y una compañía de seguros de vida.

Distintos periódicos burgueses a lo largo del planeta han saludado con ansias el mentado aumento del 137% en salud. Pero corresponde señalar, sin embargo, que el presupuesto incluye en ese aumento el único costo de vacunación contra el Covid-19 y otros fondos indirectos relacionados al crítico cuadro sanitario actual. Quitando estas consideraciones, el gasto en atención médica sólo aumentará de 10 mil millones de dólares a 11 mil millones de dólares. India continuaría siendo uno de los países que menos invierte PBI en materia de salud.

El gasto en defensa, a diferencia del contenido en las necesidades más elementales de la población, encierra un aumento que trepa a un 20%. Este espaldarazo a los gastos militares encuentra su origen en el crecimiento de las tensiones y choques en la región, en especial con China. Modi no se ha privado recientemente de avivar los cruces contra el gigante asiático, así como también contra Pakistán, acusándolos de estar detrás de la movilización campesina.

Se trata de un presupuesto de rescate de la clase burguesa en el cuadro de numerosas quiebras producto de la crisis mundial. Esta ha llevado a grandes empresas a declararse con severos problemas de solvencia. El mismo fenómeno se desarrolla con fuerza en la banca, en crisis por la incobrabilidad de muchísimos préstamos. En marzo pasado, por ejemplo, el Banco Central indio tuvo que salir al rescate del Yes Bank (Financial Times, 14/1). El capital financiero internacional presiona a fondo por la implementación de un zarpazo contra la clase obrera y campesina, amenazando con reducir el valor de los bonos de deuda india a un precio basura y acelerar de esta manera un descalabro mayor de las relaciones económicas, que ya se encuentran desmadradas –el Fondo Monetario Internacional prevé una contracción de dos dígitos para el año entrante-. La administración Biden, a través de un portavoz del Departamento de Estado, ha aplaudido la iniciativa del oficialismo indio (The Hindu, 4/2).

El desafío que tienen las masas indias, a saber, la unión obrero campesina para derrotar este plan de ajuste, entra en contradicción con la política conciliadora de las fuerzas opositoras, incluida algunas fuerzas de izquierda, las cuales dirigen grandes centrales sindicales. Los secretarios generales stalinos del Partido Comunista (PC) y del Partido Comunista Marxista (PCM) han dicho que la movilización campesina debe permanecer “apolítica”, y que se encuentran trabajando con la oposición y el gobierno para “formular nuevos proyectos de ley”, pues sería “la forma más razonable y democrática de encontrar una solución” (ídem, 28/12/20).

Derrotar al gobierno

El próximo capítulo de esta gigantesca lucha tendrá lugar el 18 de febrero, día en que se desenvolverá un bloqueo de 4 horas de todos los trenes indios. Las centrales sindicales deben convocar a la huelga general, aprovechándose de los conflictos existentes (luchas fabriles, huelga de trabajadores de Toyota, entre otros) para consustanciar con la lucha campesina, por todas las reivindicaciones de las masas explotadas. Un triunfo de la rebelión campesina pondrá en mejores condiciones la lucha de masas más general para derrotar toda la política ajustadora de Modi.