El 19/11 es la fecha límite para que la Corte Constitucional decida si elimina del Código Penal el delito por interrupción del embarazo. El 16 de septiembre de 2020, 91 organizaciones y 134 activistas, con la agrupación Causa Justa a la cabeza, presentaron la demanda conjunta impulsadas por la ola verde que avanza con fuerza en América Latina. La Corte, tras analizar 114 escritos técnicos de expertos en salud, derecho penal y libertad de conciencia, tomará una decisión a finales de esta semana. Las penalidades por aborto van de de 16 a 54 meses de cárcel.

En Colombia, el aborto está despenalizado parcialmente desde 2006 sólo en el marco de tres causales: violación, malformaciones del feto incompatibles con la vida fuera del útero y riesgo para la salud física o mental de la mujer o persona gestante. La misma situación jurídica que teníamos en Argentina antes de la legalización (las causales en el Código Penal). Sin embargo, la existencia del delito y la penalización por fuera de estas causales, ha hecho que, en la práctica, las mujeres se sigan enfrentando a multitud de trabas para acceder a su derecho. Los abortos ilegales e inseguros han seguido haciéndose en el país, incluso la muerte de las mujeres (El País, 16/11).

El reciente informe Criminalización por el delito de aborto en Colombia señaló que entre 2006, cuando se aprobó la despenalización parcial, y 2019, 346 mujeres han sido sancionadas, una cuarta parte de ellas son menores de entre 14 y 17 años. El estudio también constató que las más perseguidas penalmente son las campesinas. “Lo más grave es que descubrimos es que el delito de aborto se condena más que la violencia”, expresa Ana González, una de las dirigentes del movimiento de mujeres al diario El País. De acuerdo con el informe, las mujeres que deciden abortar tienen mayor probabilidad de sufrir procesos penales cuando son víctimas de violencia intrafamiliar o abuso sexual. Al menos el 42% de las que son judicializadas han sido víctimas de violencia de género.

Hay números que dan cuenta de la criminalización. Todos los años 400 mujeres son procesadas por abortar en Colombia. El número se desprende de la investigación “La criminalización del aborto en Colombia”, publicada en el marco del Movimiento Causa Justa por el aborto. Uno de sus principales hallazgos es que las mujeres, adolescentes y niñas en situación de vulnerabilidad son las que están en mayor riesgo de ser criminalizadas. Las condenas de las mujeres que deciden abortar representan un 7,6 % de los casos, mientras que para los delitos de violencia intrafamiliar y acceso carnal violento las condenas solo llegan a situarse entre un 1.14% y un 3.38% (Informe LatFem, 16/11).

Colombia tiene un ejemplo de lucha en el enorme movimiento popular de las mujeres y diversidades de Argentina, Chile, México y numerosos países a dónde crece esta causa. Ese camino es la lucha y movilización independiente de los gobiernos aliados de las iglesias para conquistar nuestros derechos. ¡Todas con las mujeres de Colombia para enfrentar esta ofensiva reaccionaria!

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