En el mes de octubre estalló en Bangladesh una histórica huelga con movilizaciones de las trabajadoras de la confección en demanda de un aumento salarial. Se trata del proceso de lucha más importante desde 2013, cuando el derrumbe del edificio Rana Plaza, en Dhaka, que albergaba varias fábricas, dejó más de mil trabajadores muertos.

En el curso de las protestas y los piquetes, la represión de las fuerzas policiales asesinó a cuatro manifestantes. El gobierno salió con los tapones de punta contra las y los huelguistas. “Si salen a la calle a protestar por instigación de alguien, perderán su trabajo y tendrán que regresar a su aldea”, amenazó la primer ministro Sheikh Hasina, de la Liga Awami, la fuerza que domina la vida política del país.

En el comienzo de las negociaciones salariales, que se desarrollan cada cinco años, la cámara patronal (BGMEA) ofertó un miserable aumento del 25%, cuando las tasas de inflación bordean el 10% mensual. Los trabajadores reclamaron una triplicación del salario mínimo para llevarlo a 23.000 takas (casi 200 dólares).

El martes 7, un comité formado por el Estado dictaminó que el incremento fuera del 56%, dejando el mínimo en 12.500 takas (es decir, 113 dólares). Esto fue rechazado por los sindicatos y se produjeron nuevas marchas multitudinarias, que llegaron a reunir a 25 mil empleados. Las patronales denunciaron agresiones contra algunas fábricas y, bajo ese pretexto, procedieron al cierre de más de un centenar de talleres.

Bangladesh es, después de China, el principal exportador de ropa del mundo, que representa el 85% de sus ingresos. Los productores locales tienen por clientes a grandes marcas como Zara, Levi’s y Adidas. Los salarios se encuentran entre los más bajos del sector a nivel global, apenas por encima de Pakistán y Myanmar, y tres veces por debajo de Vietnam y Camboya. “La mano de obra de estos trabajadores de la moda representa el 10% de los costes de los fabricantes de Bangladesh y solo el 1% del precio final en la tienda” (RFI, 13/11).

Tras el derrumbe de 2013, cuyos responsables permanecen impunes (a fines de abril, en el décimo aniversario, hubo protestas obreras para reclamar la condena del dueño del edificio y de los fabricantes), y en medio de una conmoción mundial, se establecieron dos organismos estatales tendientes a mejorar las condiciones de seguridad y los salarios, pero hubo pocos avances. Actualmente, la jornada laboral puede rondar hasta las 60 horas semanales, bajo ritmos infernales, y en el caso de las obreras, siguen padeciendo abusos sexuales.

Este fin de semana, el gobierno publicó un borrador de resolución con las nuevas escalas salariales. Según el Dhaka Tribune (14/11), la producción había empezado a normalizarse.

Saludamos la rebelión de las tejedoras de Bangladesh contra la superexplotación laboral de los fabricantes y las grandes marcas imperialistas. Justicia por los asesinados en las manifestaciones y por las víctimas del derrumbe de Rana Plaza.

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