En un discurso brindado en el Departamento de Estado, el presidente norteamericano Joe Biden reclamó a Rusia que libere al referente opositor Alexei Navalny, quien fue detenido recientemente en el aeropuerto de Moscú y condenado a casi tres años de prisión bajo acusaciones de fraude contra empresas.

El gobierno norteamericano responsabiliza al régimen ruso por el envenenamiento sufrido por el bloguero el año pasado. A raíz de su posterior captura, se han desarrollado movilizaciones que fueron reprimidas por el gobierno, con el saldo de miles de detenidos.

En la misma línea que Biden, el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jack Sullivan, anticipó que el gobierno norteamericano podría aplicar represalias contra Rusia. En el mes de enero, Biden le enrostró al líder ruso Vladimir Putin, en una comunicación telefónica, la influencia de ese país sobre Ucrania, y la presunta injerencia de Moscú en las elecciones norteamericanas de 2016 (a favor de Trump), entre otros puntos.

El gobierno yanqui promete desenvolver una política más agresiva hacia Moscú, a la vez que mantiene el pulso con Beijing. Así lo dijo expresamente Sullivan en su conferencia de prensa: “a diferencia de la administración anterior, tomaremos medidas para que Rusia rinda cuentas por la gama de actividades malignas (sic) que ha llevado a cabo” (Infobae, 4/2).

Las sanciones

Aunque se dice que el expresidente Donald Trump fue condescendiente con Rusia, lo cierto es que dejó en pie las sanciones impuestas por la administración de Obama, como respuesta a la anexión de Crimea en 2014, y aplicó algunas medidas adicionales durante su mandato, como la prohibición de exportar desde EE.UU. a Rusia turbinas para aviones o ciertos productos electrónicos (en 2018) y la prohibición a los bancos estadounidenses de que participen en el mercado primario de deuda soberana rusa (Euronews, 26/8/19).

Las sanciones del imperialismo yanqui y europeo impuestas desde 2014 congelaron bienes en el extranjero de varios funcionarios, y sobre todo, sancionaron a los bancos y dificultaron el acceso a la tecnología para la industria petrolera y gasística. También golpearon al sector de defensa, bloqueando contratos de armas.

Estas medidas tuvieron un severo impacto sobre la economía rusa, que se combina con la caída de los precios del petróleo. En 2019, la economía apenas creció poco más de un 1%, la mitad del período previo. En 2020, ya con la pandemia, el PBI sufrió una fuerte contracción. Para contrarrestar las sanciones, Rusia se recostó más sobre China, que llevó a cabo inversiones en proyectos gasíferos y petroleros, así como el ingreso en empresas de infraestructura. El comercio entre ambas partes creció sustancialmente. Además, suscribió acuerdos de cooperación en defensa con Irán.

Las sanciones también apuntan a beneficiar a las empresas propias. Analizando uno de los paquetes de estas medidas, Ilya Graschenkov, director del Centro de Desarrollo de Políticas Regionales, observó que “permiten a las compañías estadounidenses ser más competitivas en los mercados donde las compañías rusas representan una amenaza para ellas. Se trata de la producción de petróleo, generalmente las industrias productoras” (ídem). Exxon es uno de estos grupos que se habrían visto favorecidos.

La oposición ligada a Navalny plantea abiertamente un endurecimiento de esta política. Uno de los hombres vinculados al referente ruso planteó una nómina de oligarcas ligados a Putin y funcionarios a sancionar, entre los que figura la mayor fortuna privada de Rusia, Roman Abramovich (propietario del Chelsea FC inglés), un hombre que amasó parte de su dinero bajo el gobierno de Boris Yeltsin, comprando a bajo precio empresas públicas. Los seguidores del bloguero ruso también recomiendan sancionar a jefes de compañías estatales.

Navalny expresa a un sector de la clase capitalista más afin al capital extranjero, que promueve un nuevo salto en la restauración burguesa. Por eso, las reivindicaciones sociales no aparecen en sus concentraciones o están en un lugar completamente relegado, concentrando su agitación en la corrupción del elenco oficial (las denuncias sobre el fastuoso palacio de Putin tuvieron gran repercusión).

El gobierno ruso y la crisis

Putin lidera un gobierno bonapartista. Se transformó en el hombre fuerte de Rusia al poner un freno a la desintegración del país, arbitrando en los choques entre oligarcas por el acaparamiento de la propiedad estatal soviética. Se presenta como el garante del orden y la unidad nacional, e incluso de la recuperación de la influencia perdida en el plano exterior (Crimea, Siria, etc.). La reciente reforma constitucional lo habilita a gobernar hasta 2036.

Sin embargo, la crisis lo ha ido erosionando. En buena medida, esto se debe a sus ataques contra las masas. Impuso una reforma jubilatoria que elevó la edad de retiro y los salarios perdieron el 10% de su poder adquisitivo desde 2014, cuando empezó la crisis en Ucrania (La Nación, 2/2).

En septiembre se desarrollarán las elecciones legislativas, en las que la oposición intentará ganar espacios. En esta oposición hay sectores más confrontativos con Putin, como el de Navalny, y otros más benignos con él (los diputados del Partido Comunista se abstuvieron en la votación de la reforma constitucional –El País, 11/3/20). Navalny, quien no se pudo presentar en el comicio anterior debido a las causas judiciales en su contra, postuló la táctica del “voto inteligente”, que consiste en concentrar el voto por el opositor mejor posicionado en cada distrito.

Es necesario hacer emerger en la crisis actual las reivindicaciones de los trabajadores y el desarrollo de una salida revolucionaria y socialista, sin ningún respaldo a la oposición proimperialista.

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