El reciente levantamiento popular de Bolivia terminó de cerrar lo que la diplomacia norteamericana califica como “el arco de crisis andina”: una cadena de crisis políticas y grandes movilizaciones populares que enfrentan todos los regímenes de la región.

En Ecuador, en enero pasado, un levantamiento indígena y campesino derrocó al presidente Mahuad, que había llevado el país al borde de la disolución económica (devaluación, tarifazos, inflación y desempleo galopantes). El alto mando militar y la diplomacia norteamericana maniobraron de urgencia para evitar el ascenso de una junta militar-campesina cuyo “modelo” era el venezolano Chávez. Noboa, el sucesor de Mahuad, continuó la política de “dolarización” que llevó a la caída de su antecesor y enfrenta ya una nueva oleada de movilizaciones indígeno-campesinas.

En Venezuela, sin embargo, el “modelo” de la oficialidad media ecuatoriana tampoco ha podido escapar a la crisis. El estrepitoso derrumbe del régimen democratizante de los partidos tradicionales Copei y Acción Democrática, abrió paso al ascenso de Chávez, que intenta cerrar por medios excepcionales la crisis del Estado. A poco de andar, sin embargo, el régimen chavista se ha fracturado: una parte de los oficiales que lo acompañaron en el golpe de Estado del ‘92, y que formaban parte de la dirección de su movimiento (incluso con importantes posiciones en el aparato del Estado), han repudiado públicamente a Chávez, acusándolo de corrupción. Uno de estos hombres, el coronel Arias, se presenta como candidato en las elecciones presidenciales que se realizarán en mayo y, sorpresivamente, las encuestas lo colocan apenas unos pocos puntos detrás de Chávez, que ha comenzado a enfrentar huelgas docentes y petroleras y manifestaciones estudiantiles.

En Perú, el intento de fraude fujimorista en las elecciones presidenciales desató una ola de movilizaciones populares. El imperialismo forzó la realización de una segunda vuelta electoral porque el candidato opositor, Toledo, es la única carta con la que cuenta para manipular la belicosidad de una gran parte de los obreros y de la pequeña burguesía urbana, que ha venido manifestándose contra el “Chino” desde mucho antes de que Toledo apareciera en escena.

En Bolivia, el estallido popular estuvo precedido por una crisis gubernamental alrededor de la cuestión de las privatizaciones y las concesiones petroleras. Mientras Banzer respalda en esta disputa a las empresas brasileñas, su vicepresidente Quiroga respalda a las norteamericanas. Este enfrentamiento es una de las principales razones para el reclamo de un acortamiento del mandato de Banzer por los partidos patronales bolivianos.

El régimen político más débil y convulsionado de la región es el de Colombia. El “proceso de paz” propiciado por el presidente Pastrana divide a la burguesía colombiana (e incluso al imperialismo norteamericano) y ha puesto al ejército virtualmente en la oposición al gobierno. Los sindicatos de maestros y de empleados públicos realizan huelgas y manifestaciones. Para salir de la impasse, Pastrana convocó a un referéndum para disolver el parlamento, a lo que se opone su propio partido. Lo que sostiene a Pastrana en el gobierno es, ante todo, el respaldo de las Farc a las “negociaciones” de paz.

Las razones de la crisis

Los campesinos y los indígenas –en Bolivia, Colombia, Ecuador– estuvieron a la cabeza de las movilizaciones que han jaqueado a los regímenes de la región. El “hambre de tierras” se ha visto agravado en los últimos años por la agudización de la crisis capitalista, que derrumbó los precios agrícolas arrojando a la pobreza más absoluta a millones de campesinos en toda América y promoviendo una ola de expropiaciones y expulsiones de pequeños campesinos en favor de los grandes terratenientes. Adicionalmente, los “éxitos” de la política de “erradicación de la coca” impulsada por los gobiernos locales bajo la presión norteamericana, especialmente en Bolivia y Perú, agudizó la miseria campesina.

El derrumbe de los regímenes políticos, en la mayor parte de los casos, anticipó (y acicateó) las movilizaciones populares. Los partidos tradicionales (Apra y Acción Popular en Perú; Copei y Acción Democrática en Venezuela; liberales y conservadores en Ecuador) desaparecieron. El empantanamiento de las alternativas a las crisis que parten del campo patronal, se demuestra en que no van más allá de los planteos de reforma constitucional.

La caída de los precios de las materias primas y el retiro de los capitales especulativos (después de la crisis asiática) han producido una persistente recesión, elevadísimas tasas de desempleo, una violenta pauperización de las masas populares, devaluaciones, la inflación y la quiebra de sus sistemas bancarios y fiscales. El retroceso es tan agudo que incluso la recuperación de los precios petroleros en el último año no ha podido sacar a Venezuela y a Ecuador, grandes exportadores de crudo, del marasmo económico (ver aparte).

Un proceso continental

El “arco de crisis andino”, bien mirado, no es más que la expresión extrema de una tendencia continental.

Las luchas de las masas no se circunscriben a los Andes. Como en Bolivia, el anuncio de la privatización de la energía eléctrica en Costa Rica también desató una pueblada; en Honduras, otra pueblada impidió un aumento de los boletos del transporte. Las tendencias de lucha de los explotados también se han manifestado en la huelga de los estudiantes de la UNAM mexicana. La ocupación policial de la Universidad no ha cerrado la crisis: ahora se anuncia una huelga de los no docentes.

La cuestión campesina se manifiesta con mayor agudeza en Brasil y Paraguay (los campesinos paraguayos marcharon masivamente sobre Asunción a fines marzo). La exclusión de Paraguay del “arco de crisis” es sencillamente arbitraria y tiene por fin ocultar su dimensión continental. Desde el asesinato de Argaña, Paraguay vive en una crisis política permanente, con un gobierno “muy débil” que oscila entre las elecciones anticipadas y el golpe cívico-militar (Clarín, 31/3). Estados Unidos presiona por la urgente privatización de la luz, el agua y la elecrtricidad. Su embajador advirtió que “el gobierno podría derrumbarse como un árbol añoso después de la tormenta” (ídem). Pero lo más probable es que el gobierno caiga si intenta llevar adelante esas privatizaciones: a principios de abril, los trabajadores de la energía eléctrica le impusieron, mediante una huelga de 72 horas, un aumento salarial y la reincorporación de huelguistas despedidos y amenazaron con la huelga general si el gobierno intenta privatizar la electricidad.

Poco importa que los especuladores internacionales y el FMI caractericen como “exitosas” las “reformas” en los tres principales países latinoamericanos. Hace dos años decían lo mismo de Bolivia y Perú. Un diario del capital financiero está obligado a reconocerlo: “el aspecto más perturbador de la declinación de Perú y Bolivia es que hasta hace poco eran vistos como ejemplos relativamente exitosos. Ambos adhirieron a la doctrina económica liberal, privatizaron industrias estatales, liberalizaron el comercio y siguieron políticas fiscales y monetarias austeras” (Financial Times, 26/4). Hoy están en la lona, anticipando el camino para otros “exitosos” como México o Argentina. El diario advierte que “el giro de los acontecimientos en Perú y Bolivia debe servir como advertencia a toda América Latina”.