La llegada de León XIV al Perú

Tras su paso por Uruguay y Argentina, el regreso de Robert Prevost a suelo peruano, ahora investido como pontífice, se produce en un escenario de profundo deterioro social, malestar popular y descomposición institucional. La Iglesia interviene con el objetivo de aplacar el descontento. Por su parte, el Estado y los medios montan un verdadero espectáculo en torno a las movilizaciones de fieles en Lima, Chiclayo y otras regiones, buscando invisibilizar el auténtico trasfondo político de esta gira: impedir que la bronca del pueblo trabajador evolucione hacia una lucha independiente contra el régimen.

La contención social y la conciliación de clases

La influencia de la Iglesia ya no es la misma que hace tres décadas. En 1996, cerca del 90% de los peruanos se identificaba como católico; para 2023, esa proporción había descendido al 66,4% y, en mayo de 2025, una encuesta del IEP la ubicó en el 60,2%. Aunque conserva un peso significativo, el catolicismo ha perdido parte de su hegemonía religiosa. Esta visita papal también intenta recuperar terreno frente al avance de los cultos evangélicos (que rondan entre el 15% y el 20%) y al sector que se declara ateo (8% a 10%).

Como es sabido, la Doctrina Social de la Iglesia predica la conciliación de clases. Surgió originalmente para frenar el socialismo y la rebelión obrera, exigiendo caridad a los ricos y resignación a los explotados. En el Perú actual, este discurso choca contra una realidad implacable marcada por la precarización generalizada: alrededor del 71% de los trabajadores está en la informalidad, la pobreza afecta al 25,7% de la población y un 32,8% se encuentra en situación de vulnerabilidad. A esto se añade una marcada brecha de desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, unida al avance del crimen organizado, el narcotráfico y las extorsiones, cuyas denuncias treparon un 18,9%. Frente al ajuste, la explotación y la violencia que golpean a las bases populares, el Vaticano actúa como bombero del orden capitalista.

La crisis también profundiza la conflictividad social. Los transportistas protagonizaron paros en rechazo a las extorsiones y a los asesinatos de choferes; los jóvenes de la autodenominada Generación Z salieron a las calles contra la inseguridad y la corrupción, mientras que la docencia exigió mejoras salariales y un mayor presupuesto para la educación. Hacia septiembre de 2026, la Defensoría del Pueblo registró 193 conflictos sociales y 151 acciones colectivas de protesta. El país se encuentra atravesado por demandas laborales, estudiantiles y populares que cuestionan los cimientos del poder político.

Con una imagen negativa que ronda el 60%, en apenas 100 días de mandato, la administración de Fujimori expone los límites de un modelo fundado en el ajuste y la represión. El contraste con la gestión de Milei en Argentina radica en las modalidades con que las derechas operan para defender los intereses de sus respectivas burguesías: combinan el autoritarismo interno con la garantía de negocios externos junto a potencias rivales (como el imperialismo yanqui y China).

Una Iglesia cuestionada

La gira procura, asimismo, limpiar la imagen de una institución golpeada por escándalos y encubrimientos. El caso del Sodalicio de Vida Cristiana (cuyos miembros fueron denunciados por abusos sexuales y psicológicos) sacó a la luz redes de protección y silenciamiento de las víctimas que funcionaron por décadas, cuya disolución fue decretada por el difunto Papa Francisco ¡recién en 2025! Asimismo, quedó bajo la lupa el cardenal Juan Luis Cipriani tras confirmarse sanciones disciplinarias impuestas en 2019 por una acusación de abuso sexual ocurrida en 1983, y donde el prelado continúa siendo protegido por el clero.

Estas medidas tardías no eximen a la jerarquía eclesiástica de su responsabilidad ni garantizan justicia. A su vez, el actual Papa enfrenta severos cuestionamientos por su desempeño como obispo de Chiclayo y su manejo ante denuncias de abusos presentadas por tres mujeres en su diócesis en el año 2022.

Tensiones políticas

Como aperitivo, existen rispideces con Keiko Fujimori. En 2017, cuando cumplía funciones eclesiásticas en Perú, Prevost cuestionó el indulto concedido a Alberto Fujimori (padre de la actual mandataria y exgobernante) y le exigió pedir perdón a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Hoy, investido como sumo pontífice, reiteró la necesidad de abordar aquel pasado con rigor de justicia.

La tensión escaló a raíz del viaje de Fujimori a China y Japón para participar en la cumbre de Apec, ausencia que la lleva a no poder despedir a León XIV. La oposición criticó la maniobra como un desaire al líder religioso. El episodio desnuda las contradicciones de un gobierno que intenta capitalizar la visita papal a la vez que prioriza su agenda comercial con el gigante asiático. Todo esto ocurre en el marco de la pulseada geopolítica entre Estados Unidos y China por el dominio económico y estratégico de América Latina, una crisis capitalista que da saltos mayores por las guerras imperialistas, la cuestión migratoria y los desastres socioambientales provocados por los efectos del fenómeno de El Niño. En este escenario, el Perú ocupa una posición clave debido a su riqueza en recursos naturales, sus nexos comerciales y las inversiones chinas en infraestructura, con el megapuerto de Chancay a la cabeza.

Frente a esta ofensiva conjunta del clero, el gobierno y la oposición cómplice, la alternativa para la clase trabajadora del Perú y del continente radica en la plena organización y movilización independiente en pos de desarrollar una alternativa política propia contra el ajuste, la satisfacción de sus reclamos, juicio y castigo a los abusadores, y la efectiva separación de la Iglesia y el Estado. No puede haber paz donde impera la explotación.

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