Los recientes anegamientos causados por las fuertes lluvias en el sudeste brasileño ya han dejado al momento unos 100 muertos y 1.5 millones de damnificados. A su vez, se han contabilizado unos 131 desaparecidos y 362 heridos por la caída de agua sin precedentes, que afecta principalmente al estado de Rio Grande do Sul. Si bien se informa que el nivel del agua está bajando, lamentablemente se prevén nuevos temporales que van a agravar aún más la situación en la región (Infobae, 8/5).

El temporal que vive el estado más sureño de Brasil batió una marca. Es el “de mayor volumen de lluvia registrada en la historia de este estado provincial” (La Política Ambiental, 2/5). En estos últimos años, con olas de calor brutales en grandes urbes como Río de Janeiro y San Pablo, sequías severas e incendios en el norte amazónico y ahora estás fuertes precipitaciones, Brasil se convirtió en un epicentro de la crisis climática, sumado al fenómeno cíclico de la famosa corriente “El Niño” (proveniente del océano Pacífico).

Un panorama tétrico

Además, casi 50.000 personas están evacuadas en albergues, al menos 80 comunidades indígenas se encuentran afectadas y el gobierno federal anunció que tendrá que importar un millón de toneladas de arroz para compensar los daños causados a la cosecha. También, ya han sonado las alarmas en la industria automotriz, donde mermó la producción de las terminales asentadas en la zona, y, por ende, las patronales seguramente descarguen la crisis con suspensiones y/o despidos de trabajadores. Y ni hablar del tema sanitario, los pobladores padecen las dificultades del suministro de agua potable; cuando bajen totalmente las aguas muy probablemente se abra un escenario de proliferación de enfermedades como el dengue. A su vez, existe un riesgo geológico, con la posibilidad de derrumbe de los morros (cerros).

En la capital del Estado, Porto Alegre, hay barrios enteros anegados, carreteras cortadas, clases suspendidas en las escuelas, centros de salud colapsados, el principal aeropuerto de la ciudad es una gran laguna y se espera que no opere hasta finales de mayo, y los estadios de fútbol del Gremio e Internacional son un lodazal. Incluso falta energía, lo que ha provocado un éxodo de sus habitantes hacia zonas del litoral “en busca de servicios básicos y víveres” (Clarín, 8/5)

Por otro lado, hay una gran preocupación en el vecino país de Uruguay de que los efectos de las intensas lluvias empiecen a repercutir en el territorio charrúa. Esto, teniendo en cuenta que en estos días ya hubo precipitaciones e incipientes inundaciones en cinco departamentos uruguayos.

Las responsabilidades políticas

Estos tremendos anegamientos podrían haberse evitado o pudo haberse aminorado su impacto si el gobierno local no hubiese ignorado un informe de la Asamblea Legislativa regional, según las denuncias del diputado local Adao Pretto Filho, del Partido de los Trabajadores. O sea, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite (del centrista PSDB), fue alertado en más de una ocasión sobre la posibilidad de un desastre ambiental, pero no tomó medidas (France 24, 8/5)

Según el Instituto de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Federal de Río Grande do Sul (IPH-UFRGS), su capital Porto Alegre cuenta desde la década de 1960 con 68 kilómetros de diques, muros de contención, compuertas y bombas para proteger la ciudad de los eventuales desbordes en la cuenca del Río Guaiba. Sin embargo, hubo una falta de mantenimiento durante décadas, lo que permitió inundaciones. Estos anegamientos son el resultado de las lluvias intensas y concentradas de la semana pasada, cuando en tan solo cuatro días cayó la cantidad esperada para toda la temporada. Cabe destacar que, en menos de un año, este estado del sur de Brasil ya ha sufrido cuatro desastres climáticos. Solo en 2023, los temporales de junio, septiembre y noviembre dejaron 80 muertos.

Una investigación llevada a cabo en la prensa brasileña revela que en todo 2023 el Ayuntamiento de Porto Alegre, la capital de Río Grande do Sul, no hizo ninguna inversión en la prevención de las inundaciones, pese a que el departamento responsable de esa área cuenta con un presupuesto de 84,5 millones de dólares, según datos del Portal de Transparencia. Además, el personal del Departamento Municipal de Aguas y Alcantarillado trabaja en condiciones precarias tras perder a la mitad de sus empleados, pasando de los 2.049 de 2023 a los 1.072 actuales. La misma investigación señala que, a pesar de esta dramática reducción de personal, el alcalde de Porto Alegre, Sebastião Melo, se habría negado a contratar a 443 empleados. En conclusión, el ajuste también inunda y mata, y no está exento seguramente de negociados y corruptelas.

Como broche de oro, el gobernador Leite es acusado por la oposición de haber recortado y modificado 480 puntos del Código Ambiental de su estado. Esto sucedió en 2019, en su primer año de mandato, y tras casi una década de intensos debates. Entre los principales cambios, destaca la flexibilización de los requisitos y la autocertificación para la concesión de licencias ambientales, algo que acabó favoreciendo los intereses empresariales. La reforma fue aprobada en un tiempo récord, en apenas 75 días. El presidente de la Asociación Gaúcha para la Protección del Medio Ambiente Natural (Agapan), Francisco Milanez, calificó el nuevo marco legal como un retroceso de 40 años en la legislación ambiental de este estado. Varios expertos, además, han criticado la reducción de las medidas de protección en zonas sensibles, la flexibilización de las licencias ambientales, la externalización de la inspección, la liberalización de la tala de árboles y la explotación sin control de recursos naturales (France 24, ídem).

La hipocresía de Lula

El presidente Lula Da Silva, que recorrió y sobrevoló las zonas inundadas y prometió ayuda inmediata pero que en realidad está llegando a cuenta gotas, afirmó que este desastre se debe a que “nosotros, los seres humanos, somos culpables de lo que ocurre” (La Política Ambiental, 2/5). El planteo del primer mandatario es cínico, esto no se debe a una fatalidad de la naturaleza o de la “maldad humana” sino a un régimen social donde prima la orientación de los grandes capitalistas del agro, mineros e inmobiliarios que deforestan los bosques a mansalva, contaminan y arruinan los suelos y cursos de agua contribuyendo así a socavar los recursos que brindan nuestros ecosistemas para mitigar el calentamiento global, haciendo los eventos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y con las poblaciones aún más vulnerables que los padecen.

Lula, a diferencia de su antecesor derechista y negacionista Jair Bolsonaro, pregona una “agenda verde” y se pasea por cuanto foro que aborde la crisis climática mostrándose como un paladín de la defensa del ambiente. Sin embargo, su gobierno y funcionarios son fieles representantes de los capitales sojeros, ganaderos y petroleros que arrasan sin freno por caso en la selva amazónica o en los arrecifes de coral del mar. Esto, con la “cobertura ecológica” de sus ministras de Ambiente, Marina Silva, y de Pueblos Originarios, Sonia Guajajara.

Por otro lado, ha permitido que en mayo del año pasado, el Congreso de los Diputados, de mayoría conservadora, flexibilizara el Código Forestal y estableciera reglas que contribuyen a la deforestación de áreas protegidas. También el progreso de los cultivos de trigo transgénico y la exploración de hidrocarburos en las plataformas offshore mientras que cacarea contra los países centrales por la emisión de gases de efecto invernadero. En fin, haz lo que yo digo… Por todo lo expuesto, es imperiosa la máxima organización obrera y popular para luchar y movilizarse por las reivindicaciones en la emergencia y asistencia por las inundaciones. Hay que promover la lucha independiente por parte de las mayorías trabajadoras de la región para dar una real salida de fondo y terminar con estas calamidades.

Brasil: Lula concilia con los militares fascistoides

–

prensaobrera.com