Reproducimos el comunicado de la Agrupación Vilcapaza frente a la escalada represiva y persecutoria del Gobierno de Sagasti contra los trabajadores. Esta escalada es la respuesta a las enormes luchas que están impulsando los trabajadores en el Perú luego de la rebelión abierta por la caída del gobierno de Vizcarra.

En la madrugada del día 2 de diciembre, decenas de policías irrumpieron en las casas de más de 70 peruanos (as) (varios estudiantes), destruyendo las mismas, vulnerando los derechos humanos y el debido proceso burgués de las investigadas o víctimas (como Indira Rodríguez, estudiante de la PUCP, que no estaba en la lista).

Esta coacción de las libertades democráticas se dan en un escenario de crisis sui generis del régimen político, del estallido social expresado en las jornadas democrático revolucionarias de noviembre y de despertar de la clase obrera, como parte del desarrollo dialéctico de las rebeliones populares que están recorriendo, como reguero de pólvora, nuestro continente, debido a la miserias, desigualdad e injusticias, producidas por el capitalismo, y que han sido detonados por el Covid-19

Y que en Perú se ha caracterizado además por una corrupción impresionante que nos ha ubicado en el primer lugar de muertos por cien mil habitantes, y a la vez, en la “cola” de los países que están esperando la vacuna.

Esta situación es lo que ha producido que nuestro país tenga tres presidentes en una semana debido a las pugnas por el poder entre diversas mafias políticas capitalistas y a la irrupción de la movilización juvenil. El presidente Sagasti, para contener el desarrollo de una insurgencia popular, maniobro anunciando una “reforma policial”, dando de baja a 18 generales de la policía (varios vinculados a hechos de corrupción y al asesinato de los jóvenes héroes Inti y Jack), quienes hicieron cuestión de Estado y llamaron a una Huelga policial.

Inmediatamente, toda la ultraderecha salió a la ofensiva en defensa de sus gendarmes policiales y realizaron una campaña agresiva. El ministro del interior que la instrumento (por indicación de Sagasti) tuvo que renunciar, acusado de vínculos con el “terrorismo”. Este, en su afán de despercudirse del “mote” de Ministro “terruco”, ejecutó la operación Olimpo, que denunciamos al principio.

El MOVADEF reivindica “el pensamiento Gonzalo” (de Sendero Luminoso). Pero es una agrupación reformista que plantea “la amnistía general y la reconciliación nacional”, que se expresa en la liberación de Alberto Fujimori y Abimael Guzmán (el dictador que lo metió preso y el terrorista que lo combatió). En los últimos años, ha planteado su incorporación a la lucha política: llenó todos los requisitos para su inscripción legal como partido, pero fue rechazado por tener “una ideología contraria a los principios democráticos”.

Lo siguen caracterizando como grupo “terrorista”(BBC, 09/08/17), a pesar que después del “Acuerdo de Paz”, no han existido actividades de esta índole. Por lo mismo, en julio del 2017, el Congreso modificó la norma señalando que uno de los agravantes del delito es realizarlo “mediante objetos, libros, escritos, imágenes visuales o radios por el cual se pueden dar penas de entre ocho y 15 años de cárcel” (BBC, 09/08/17).

El MOVADEF, frente a la crisis nacional, no plantea un gobierno de las trabajadoras (es), sino una nueva constitución en el marco del régimen político capitalista que dice combatir. Es decir, una estrategia etapista que está vinculada al sostenimiento del Estado explotador burgués y la alianza con una “burguesía nacional progresista imaginaria”.

Según una familiar de los detenidos que acampa a las afueras de la DIRCOTE, “Han pasado más de 15 días desde la detención preliminar y hasta ahora la Tercera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, a cargo del fiscal Jhonny Soto (el mismo que lleva el caso de Inti y Jack), no libera a los detenidos, realizando una práctica claramente arbitraria contra los DD.HH. de los detenidos.

“Temo al escribir esto, pero tengo más indignación que miedo. Me he paralizado en estos días, pero ya no más. Hoy la Fiscalía ha pedido 18 MESES, DIECIOCHO MESES DE PRISIÓN PREVENTIVA para las 93 personas, así, en bloque, sin que la fiscalía estudie caso por caso de manera justa, como se supone que deben hacer”, redactó Indira Rodríguez.

El ataque a los militantes del MOVADEF es un ataque a toda la izquierda y al movimiento obrero y popular que lucha contra la ofensiva capitalista contra sus condiciones de vida. Pretende usar el mote de terrorista para atacar a cualquier opositor del campo popular (ver nota sobre Secundaria Combativa). Demandamos la liberación inmediata de todos los detenidos porque no hay prisión por ideas políticas. A la misma vez, cese de las provocaciones estatal-policiales contra la lucha popular, detener la  represión y reclamar Cárcel, Juicio y Castigo a los que asesinaron a los 3 jóvenes militantes.

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