Para este lunes 15 de noviembre estaba convocada una movilización en Cuba, promovida por el grupo Archipiélago, que tiene como referente al dramaturgo Yunior García. Esta no llegó a concretarse. El gobierno cubano desplegó un gran operativo de seguridad para impedirla, alegando un vínculo de sus organizadores con Estados Unidos. Al mismo tiempo, hubo algunas detenciones y escraches oficiales en la puerta de los domicilios de referentes opositores, empezando por el propio García.

A diferencia de las manifestaciones del 11 de julio, que tuvieron un alto grado de espontaneidad, motorizadas por el desabastecimiento y el agravamiento de las condiciones de vida de las masas, la convocatoria del 15 omitió las demandas sociales, centrándose en planteos genéricos de “libertad” y en el reclamo de liberación de detenidos. Entre los grupos promotores estaba el Consejo para la Transición Democrática, que reclama un proceso de privatizaciones, la libertad de empresa, despidos en el sector público, e incluso compensar a los grupos expropiados por la revolución. Es decir, un claro y fuerte planteo de restauración capitalista.

Esta marcha de noviembre, por tanto, no era la continuidad de las manifestaciones de julio, sino un intento de explotación política de la situación de malestar social por parte de sectores con posiciones derechistas.

Con el despliegue represivo, el gobierno cubano impidió una manifestación, pero le brinda a sus referentes un ángulo de agitación y de proyección política. Al mismo tiempo, tiende a emblocar en su contra a sectores heterogéneos. En definitiva, termina favoreciendo a la derecha y la campaña de propaganda impulsada por Estados Unidos.

La represión había sido también el recurso del gobierno frente a las manifestaciones de julio, cuando procedió a decenas de detenciones, incluyendo la de luchadores que defienden la revolución, pero son críticos de la burocracia gobernante.

Con el estallido de la pandemia y el salto en la crisis capitalista internacional, más el recrudecimiento del bloqueo económico del imperialismo de los últimos años, se han agudizado los problemas sociales en Cuba. Al mismo tiempo, el gobierno cubano ha acelerado el desarrollo del sector privado (sin contemplar los derechos de los trabajadores -por ejemplo, no hay salario mínimo en ese sector) y se ha acentuado la diferenciación social en la isla como fruto de sus políticas. Este es, quizás, el problema fundamental visible: porque no se trata solo de un malestar social generalizado por la escasez de recursos, producto del bloqueo imperialista, sino, fundamentalmente, por la diferenciación social que llena de privilegios a la burocracia estatal y descarga la crisis sobre el pueblo trabajador (han proliferado las tiendas en moneda libremente convertible, a la que solo tiene acceso una casta y la minoría de la población, en tanto las tiendas a las que accede la mayoría están desabastecidas). Los apagones eléctricos que dejan sin luz a la población añaden más penurias.

La represión aparece como un recurso privilegiado del gobierno para mantener bajo control la situación social, en este cuadro crítico que ha contribuido a crear. A la vez, mientras critica a la derecha, la propia burocracia cubana oficia de vehículo de la restauración capitalista (flexibilización del monopolio del comercio exterior, etc.). Un ala de la burocracia estaría abogando, directamente, por un “socialismo de mercado”, como en China.

En las vísperas de la convocatoria del 15N, el colectivo “Comunistas de Cuba”, que defiende la revolución pero es crítico de la burocracia gobernante, planteó que “defiende el derecho a manifestación para quienes decidan desfilar ese día, pero a la vez rechaza marchar el 15 de noviembre, pues entiende que es un grave error político compartir espacio con representantes de organizaciones neoliberales como lo es el Consejo para la Transición Democrática”. Este discernimiento es adecuado, porque rechaza cerrar filas con la derecha proimperialista, a la vez que muestra el callejón sin salida de la represión oficial.

La situación cubana reclama el derecho de los trabajadores a manifestarse por sus reivindicaciones y a organizarse en sus lugares de trabajo. Es el mejor modo de defender a la revolución, tanto de la derecha como del curso restauracionista de la burocracia.