Un grupo de senadores paraguayos presentó esta semana en la cámara alta un proyecto de modificación de un artículo del Código Penal para sancionar con seis años de cárcel los cortes de rutas o de calles. Este ataque al derecho a la protesta ha despertado ya el repudio de numerosas organizaciones sindicales y de derechos humanos.

La presentación del proyecto se produjo en medio de los cortes de los camioneros, que salieron a reclamar ante el aumento en los precios de los combustibles.

El proyecto antipiquetes fue presentado por el senador oficialista Enrique Riera y es acompañado por otros referentes del Partido Colorado, del Partido Patria Querida, de Hagamos y del Partido Liberal Radical Auténtico. La Asociación Rural del Paraguay (ARP) y la Unión Industrial Paraguaya (UIP) dieron su apoyo entusiasta a la propuesta en una conferencia de prensa.

El plan apunta contra el crecimiento de las luchas. En marzo de 2021, ante el aumento de la pobreza y el manejo negligente y corrupto de la emergencia sanitaria, una rebelión popular puso en apuros al gobierno de Mario Abdo Benítez. Desde entonces, han ganado las calles también los trabajadores de la salud, los docentes y los campesinos.

El senador Riera es el mismo que impulsó el año pasado la ley que incrementó las penas contra las tomas de tierras hasta los 10 años de cárcel. Es una medida para blindar a la oligarquía terrateniente. En la nación guaraní, el 2% de la población concentra el 85% de la tierra (La Tinta, 6/10/21), y a lo largo de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989) y los posteriores gobiernos democráticos, dicha élite se apropió irregularmente de 8 millones de hectáreas, despojando comunidades indígenas y campesinas, o quedándose con tierras estatales.

La criminalización de la protesta en Paraguay está en la misma longitud de onda que la Ley de Urgente Consideración uruguaya, que cercena el derecho a huelga, y que la represión y los planteos de todo el arco político patronal argentino (del gobierno a Javier Milei) contra el movimiento piquetero y todos los luchadores. Ante una crisis social creciente, el régimen se vale de estas medidas para tratar de mantener disciplinados a los sectores populares.

En oposición a ello, defendemos el derecho a la organización y la lucha de los trabajadores frente al capital y su Estado. Que la crisis la paguen los capitalistas.