La agitación que emprendió contra la ocupación de la embajada japonesa no parece servir al propósito de Fujimori de perpetuarse mediante una re-reelección. Es así que, “en medio de un escándalo político por denuncias de presiones al poder judicial, el tribunal constitucional declaró inaplicable la ley que faculta al presidente peruano para postularse a un tercer período de gobierno” (diario Río Negro, 17/1). Según un magistrado, “las intimidaciones fueron desde el robo de documentos y seguimientos hasta una polémica carta de presión suscripta por 50 congresistas oficialistas” (ídem). El fallo fue suscripto por tres jueces y la abstención de dos, en tanto que los dos restantes, “considerados incondicionales de Fujimori” (ídem), cuestionaron el fallo porque sostienen que hay que sumar a su posición las dos abstenciones. Pero el presidente del tribunal, que se había abstenido, salió en defensa del fallo y denunció la “inadmisible intromisión” gubernamental como “un gravísimo atentado contra la autonomía jurisdiccional” (ídem).

Esta crisis ha dificultado la conjunción de un frente patronal para hacer frente a la situación de la embajada. “El gobierno —dicen los últimos cables— se resquebrajó y hoy conviven dos líneas antagónicas” (La Prensa, 24/1). “En el seno del gobierno peruano hay una profunda división respecto a la crisis de los rehenes. Los dos bandos se aglutinan enhalcones y palomas, apoyados respectivamente por Estados Unidos y Japón”, dice un analista peruano (ídem). Por primera vez, el gobierno japonés “intimó al (gobierno) de Perú a ‘encontrar ya una solución rápida y pacífica’ …” (ídem).

El gobierno ha montado toda una serie de provocaciones contra el comando guerrillero, lo cual le ha provocado enfrentamientos con la Cruz Roja.

La prensa ha interpretado la declaración del MRTA disponiéndose a negociar “sin obstáculos que pongan barreras infranqueables” (Clarín, 16/1), como un síntoma de que estaría dispuesto a ceder en torno al reclamo de la libertad de los presos. En el mismo sentido fue interpretada la oferta de negociar la liberación del canciller, que Cerpa Cartolini planteó como una cuestión “de interés nacional, pues el canciller debe estar en Brasilia el 17 de febrero para continuar negociando con su par ecuatoriano el conflicto limítrofe en la cordillera de El Cóndor” (La Prensa, 24/1).

Insistimos en nuestro apoyo a los reclamos del MRTA, que son totalmente justos, porque hacen a la defensa de los compañeros presos en las mazmorras de la dictadura peruana, sobre cuyas características inhumanas hemos dado cuenta en ediciones anteriores.

¡No a una masacre! ¡Plena satisfacción a los reclamos del MRTA! ¡Fuera el imperialismo de Perú y de toda América Latina!