A través de dos decretos emitidos en el mes de agosto, el gobierno de Sebastián Piñera amplió la plataforma continental chilena. La medida ha sido cuestionada por el gobierno argentino, que señala que viola el tratado de amistad de 1984 y se apropia -entre otros territorios marinos- de unos 5 mil kilómetros cuadrados de la plataforma argentina. El Ejecutivo chileno defiende su decisión y contraargumenta que fue Argentina la primera en actualizar su plataforma (en 2009, el Estado argentino realizó una presentación a la comisión de límites de la ONU, que la convalidó con un fallo en 2016).

Piñera toma su decisión en un contexto muy particular. Se encuentra devaluado políticamente y es un presidente saliente (en noviembre hay elecciones presidenciales); si bien ha podido llegar al final de su mandato, la rebelión popular que estalló en 2019, más la crisis económica y el desastre sanitario, hundieron su popularidad. Este descrédito se expresó en los fuertes reveses electorales que la derecha sufrió en las elecciones de gobernadores y de constituyentes.

Así las cosas, Piñera busca reposicionarse él mismo y a la derecha, apelando a una demagogia nacionalista. Es también una forma de tratar de sacar de foco los graves problemas que padecen las masas chilenas (privatización de la salud y la educación, aumento de la pobreza, represión, etc.).

Pero no se trata solo de eso. La zona en disputa es codiciada por sus recursos pesqueros, sus potencialidades en materia de explotación hidrocarburífera, y su cercanía con la Antártida. Esto explica que el mandatario chileno haya recibido el apoyo del excanciller José Miguel Insulza, actual senador por el Partido Socialista (PS). “Bajo el mar hay extensiones de territorios que contienen recursos naturales y los países no pueden dejar de reconocer como territorio propio”, sostuvo en un reportaje con la CNN (29/8). Más aún: el exfuncionario afirmó haber sido consultado durante la confección del decreto.

Tanto la derecha como la exConcertación, que tenía en el PS a uno de sus pilares, se alternaron en el poder durante los últimos treinta años, entregando las riquezas mineras del país. Los recursos que tienen ahora en la mira no son pensados como una herramienta para el desarrollo nacional, sino como la posibilidad de nuevos negociados.

La postura argentina

Según un artículo de El Cronista (31/8), el avance chileno “podría entorpecer potenciales negocios petroleros para la Argentina y una infinidad de negocios bajo tierra que hasta ahora se desconocen”. Este es el nudo del conflicto entre los dos Estados. La Secretaría de Energía habilitó trabajos de exploración en la plataforma ampliada tras el fallo favorable de la ONU, mencionado al comienzo de esta nota.

Un documento de la Cancillería señala que “la extensión de la plataforma continental tiene importantes implicancias económicas, ya que la Argentina tiene derechos exclusivos y excluyentes sobre los recursos de su plataforma continental: minerales, hidrocarburos y especies sedentarias. El límite otorga seguridad jurídica para el otorgamiento de concesiones que tengan como finalidad la exploración y explotación de gas y petróleo, u otros minerales, así como para la recolección de especies tales como las vieiras, permisos que ya se han comenzado a otorgar. La riqueza actual y potencial de recursos invita a futuras inversiones y auspicia un impulso al crecimiento económico del país” (boletín “La Argentina asegura sus derechos sobre los recursos del mar”, en el sitio de Cancillería, sin fecha).

El gobierno argentino, cuya orientación se concentra en lograr un acuerdo con el FMI, no puede llevar a cabo una política de independencia nacional. Lo que se presenta como un progreso de la soberanía, en las manos de los partidos que han gobernado las últimas décadas y han hundido al país, puede terminar convirtiéndose en una nueva entrega de recursos al imperialismo, con el Estado y la burguesía nacional actuando como socios menores.

Los intereses en juego en la zona son grandes. El Reino Unido acaba de iniciar la construcción de un puerto de aguas profundas en las Islas Malvinas (en Puerto Argentino), que podría brindar servicios logísticos a empresas europeas con intereses en la Antártida, o bien a compañías pesqueras e hidrocarburíferas (La Nación, 17/8). A la par, el gobierno norteamericano vetó el desarrollo de un polo logístico antártico en Tierra del Fuego, dado que iba a ser desarrollado con inversiones chinas. Como alternativa, el gobierno de Gustavo Melella busca financistas locales (Clarín, 5/7).

Tras los decretos de Piñera, los gobiernos de Chile y Argentina iniciarían un proceso de negociaciones.

Los trabajadores de ambos lados de la Cordillera deben tener en claro los intereses en juego para no dejarse arrastrar por falsos planteos nacionalistas.