El 28 y 29 de marzo se desarrolló un paro general de 48 horas en la India contra el gobierno derechista del primer ministro Narendra Modi, perteneciente al BJP (Bharatiya Janata Party).

La medida, convocada por una decena de centrales sindicales, rechazó las privatizaciones en el sector público; reclamó la derogación de una nueva ley laboral que facilita a los empresarios los despidos y el aumento de la jornada laboral; exigió un ingreso mínimo para desocupados y precarizados; y repudió el aumento de los alimentos, en el marco de una inflación que se está acelerando. En el caso de los campesinos que apoyaron el cese de actividades, nucleados en la organización Samyukta Kisan Morcha, reclamaron un precio mínimo para sus productos. En diciembre de 2021, el gobierno de Modi debió dar marcha atrás con un paquete de leyes que buscaba eliminar la compra estatal de las cosechas a un precio sostén, obligando a los agricultores a vender en forma directa al sector privado (lo que amenazaba a millones de agricultores pobres con la ruina), tras un extraordinario proceso de huelgas, acampes y movilizaciones de casi un año de duración.

Según los convocantes al paro de esta semana, éste resultó masivo en los mayores centros industriales del país, en los bancos y en el transporte. Entre las centrales que participaron figuran el Congreso Nacional de Sindicatos de la India (Intuc), ligado al Congreso Nacional Indio; Aituc (vinculada al Partido Comunista) y Citu (orientado por el Partido Comunista Marxista).

El Congreso Nacional Indio es una de las formaciones históricas de la burguesía india, pero fue desplazado del poder en 2014 por Modi, quien resultó reelecto en 2019. Su gobierno se ha caracterizado por la entrega al capital extranjero, el ataque a los trabajadores y la persecución de la minoría musulmana.

A lo largo de estos años, las centrales sindicales convocaron algunos paros, pero en forma aislada, sin continuidad, como una forma de descomprimir la presión de las bases y desgastar al gobierno.

En marzo de 2022, el BJP ganó las elecciones regionales de cuatro estados, incluyendo a Uttar Pradesh, el más poblado del país. Allí triunfó Yogi Adityannath, un monje hindú de extrema derecha que suena como potencial sucesor de Modi. Para julio de 2022 están programadas las elecciones presidenciales (el mandatario es designado por una asamblea de diputados nacionales y regionales) y en 2024 son las nuevas elecciones parlamentarias, para dirimir el primer ministro, que es el cargo más importante.

Además de la presión inflacionaria, el desempleo (hoy en el 8%) y las consecuencias aún no superadas del Covid-19, India ha sumado un problema político y diplomático a raíz de la guerra en Ucrania. Ocurre que en los meses previos al estallido del conflicto, Modi afianzó lazos con Rusia. Vladimir Putin visitó Nueva Delhi en diciembre para ampliar las relaciones comerciales. Además, Moscú es un proveedor privilegiado de armas al país.

Ahora, el presidente norteamericano Joe Biden se quejó públicamente por las “vacilaciones” de la India, que se abstuvo en la asamblea general de Naciones Unidas que condenó la invasión rusa. Washington presiona a Nueva Delhi para que rompa un acuerdo de importación de petróleo ruso y se sume al boicot económico contra el Kremlin. Los funcionarios estadounidenses le exigen a Modi que se coloque del “lado correcto de la historia”.

Para Modi, la situación es compleja, porque los vínculos de la India con Moscú son de larga data, pero a la vez supo cultivar un alineamiento con los Estados Unidos durante la gestión de Donald Trump. Para la India, la amistad norteamericana es clave en el marco de sus disputas con China, que no hace mucho escalaron al nivel de escaramuzas militares en la frontera, dejando varios soldados muertos.

Del lado de las masas trabajadoras, está planteada la necesidad de un plan de lucha para derrotar las políticas de ajuste del gobierno, superando las distinciones confesionales y el odio sectario promovido desde el poder.