El miércoles 30 de junio se aprobó en el Congreso del estado mexicano de Hidalgo la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. El proyecto contó con 16 votos favorables, una abstención y 11 legisladores que se negaron a emitir su voto. De esta forma, Hidalgo se convierte en la tercer jurisdicción de México en aprobar el aborto legal, junto con Oaxaca y la Ciudad de México.

El proyecto modifica los artículos 154, 155, 156, 157 y 158 del Código Penal y establece una reforma de la Ley de Salud local, mediante la cual tanto el sistema público como la medicina privada deberán garantizar el acceso a la práctica. La conquista fue celebrada por la marea verde que se encontraba concentrando en las puertas del Congreso, consciente de que este avance para el movimiento de mujeres y diversidades es fruto de la lucha callejera a lo largo de los años.

Se trata de una demanda central puesto que los abortos inseguros en aquellas mujeres de menos recursos es la cuarta causa de muerte materna del país. A su turno, Hidalgo ocupa el 4° lugar en cantidad de mujeres que viajan hacia la capital mexicana para interrumpir su embarazo, donde el aborto es legal desde el 2007. La penalización de la práctica en dicho estado, hasta el momento, ha provocado que en los últimos tres años 49 personas gestantes fueran criminalizadas.

Sin embargo, quienes se lanzaron a la lucha por el derecho a no morir y a terminar con el control estatal sobre los cuerpos de las femeneidades deben permanecer alertas y movilizadas porque aún tienen por delante numerosos obstáculos para atravesar. En primer lugar, las organizaciones antiderechos ya emitieron un comunicado alertando que acudirán a los tribunales para impugnar la resolución. A su vez, la presentación del proyecto por parte de la diputada de Morena (el partido de AMLO), Roxana Montealegre, incluyó importantes concesiones al clero como la objeción de conciencia y penas entre seis meses y un año de prisión para las personas que recurran a un aborto pasadas las 12 semanas de gestación.

Si bien la oposición derechista y otras fuerzas -PAN, PRI, PRD, PT, PES y Nueva Alianza- se mostraron abiertamente en contra de este derecho, negándose a votar el proyecto en el recinto y denunciando irregularidades, la presentación de la iniciativa parlamentaria por parte del Morena no puede escindirse del retroceso electoral sufrido por el oficialismo en las elecciones de medio término que tuvieron lugar a principios de junio. Como se ve, AMLO decide embanderarse de un reclamo genuino de un movimiento de lucha para intentar revertir esa caída, que se ha producido como resultado de dos años gestión caracterizados por la subordinación al imperialismo yanqui, el ataque a la población migrante y la extensión de un régimen de precarización laboral y salarios de miseria.

En ese sentido, las bancadas de la fuerza política de López Obrador en el Congreso de Hidalgo votaron positivamente en esta oportunidad -a excepción de la diputada  Doralicia Martínez que se abstuvo-, a diferencia de lo ocurrido en 2019, cuando los representantes oficialistas emitieron 17 votos en contra de la legalización del aborto, enterrando el proyecto.

Sin embargo, su postración ante las iglesias se evidencia en la negativa presidencial a impulsar la interrupción voluntaria del embarazo a nivel nacional. A modo de maniobra dilatoria, López Obrador propuso realizar un referéndum en torno al tema que nunca llevó adelante. Sin ir más lejos, Morena compone la primera minoría del Congreso del estado de Puebla, no obstante, le dio la espalda recientemente al reclamo de que se tratara la ley de aborto, luego de un largo debate al respecto, el cual tuvo lugar en el Parlamento Abierto sobre Derechos Sexuales, Derechos Reproductivos y Aborto Legal. En el estado de Quintana Roo, por ejemplo, la mayoría de sus legisladores votó en contra de la IVE cuando se trató y fue rechazada.

El hecho de que el bloque oficial haya cedido en esta oportunidad frente a la movilización de la marea verde no alcanza para ocultar su naturaleza profundamente contraria a los derechos de las mujeres. Es el gobierno que ante cada acción de lucha contra el flagelo de los femicidios y las violaciones, reprime decididamente a quienes ganan las calles, como ocurrió el pasado 8 de Marzo. En definitiva, está al frente de un Estado responsable de que en el 2020 se hayan cometido en México 967 crímenes por razones de género según la información oficial, los cuales en un 94% permanecen impunes; la cifra asciende a 3.752 si tenemos en cuenta los datos relevados por distintas organizaciones puesto que el 26% de los femicidios no son caratulados como tales.

A su vez, cada 4 minutos una mujer es violada en el país, existe una brecha salarial donde una mujer tiene que trabajar 15 meses para ganar lo mismo que un varón trabajando 12 meses, y, como si esto fuera poco, más de 5 millones de trabajadoras están desempleadas. Por otra parte, el amparo estatal al entrelazamiento que existe entre las mafias de la droga y la policía -alianza que está detrás de un sinnúmero de femicidios- es innegable.

Por lo tanto, la independencia política de la marea verde frente a quienes hacen demagogia con los derechos de las mujeres y las diversidades, a fin de atenuar el descontento popular, es fundamental a la hora de defender lo conquistado en las calles y sortear todos los bloqueos que intenten imponer los sectores religiosos a la implementación de la IVE. Lo ocurrido en Hidalgo constituye un paso adelante en la lucha para que el aborto se convierta en ley en todo el territorio mexicano y es un golpe para el oscurantismo clerical, garante ideológico de un régimen de explotación hacia las mayorías.

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