La suba de los precios del gas, uno de los aspectos de la actual crisis energética global, está provocando cortocircuitos entre Rusia y la Unión Europea (UE), que se abastece en un tercio del fluido de Moscú. Bruselas acusa al gobierno de Putin de condicionar políticamente un mayor abastecimiento del mismo a la culminación del gasoducto Nordstream 2, que llevaría el gas por el mar Báltico hasta Alemania, evitando pasar por Ucrania o Polonia, con las que el Kremlin está enemistado. El gobierno ruso niega las imputaciones de la UE.

En este complicado tablero, se acaba de producir la renegociación de un contrato clave de aprovisionamiento de gas entre la firma rusa Gazprom y Moldavia, una pequeña república del este (enclavada entre Rumania y Ucrania) donde tanto los europeos como Moscú se disputan la influencia.

El acuerdo se venció a fines de septiembre. Moldavia pagaba hasta entonces 200 dólares por mil metros cúbicos. Moscú, su único proveedor, planteó renovarlo a 790 dólares (El País, 30/10), en el marco del fuerte incremento internacional de los precios energéticos, e incorporar, asimismo, una auditoría por las deudas en el pago de los suministros. Moldavia planteó que no podía pagar la nueva cifra presentada por Gazprom y declaró el estado de emergencia energética. Durante algunas semanas, se abasteció en el mercado de compras diarias, lo que creaba una gran incertidumbre. Hizo compras a Ucrania y Polonia, hasta que finalmente arribó a un acuerdo con Moscú para pagar 450 dólares por mil metros cúbicos, algo que el gobierno moldavo exhibió como un logro, señalando que sería dos veces menor al precio de mercado.

La Unión Europea expresó su apoyo al gobierno moldavo durante la controversia, y denunció que el aumento tenía motivaciones políticas, dado que en las últimas elecciones presidenciales y legislativas en la pequeña república se impuso el partido Acción y Solidaridad, que es más afín a Bruselas, por sobre una coalición de socialistas y comunistas, próxima a Moscú. A su vez, para reforzar el vínculo, le concedió a Moldavia 60 millones de euros para sostener compras de gas, si bien eso sirve apenas para un puñado de días.

La denuncia de la UE sobre el uso del gas como un arma política, por parte del Kremlin, esconde las propias presiones que ejerce ese organismo contra el país del este. Desde hace tiempo, Bruselas condiciona su apoyo financiero a una serie de reformas políticas, vendidas como “anticorrupción”. A su vez, el tratado de asociación a la UE de 2013, promovido por una serie de gobiernos proeuropeos, empeoró las condiciones sociales del país, que es uno de los más pobres del continente. Esa pobreza contrasta con el enriquecimiento de los grupos oligárquicos que dominan el país, incluso por medio de las peores corrupciones. En 2012, el Banco Central aportó mil millones de dólares para rescatar a tres bancos, que quebraron de todas formas. Nunca se supo el destino de los fondos, que fueron devueltos al organismo en base al recorte de gasto social y en infraestructura. La actual presidenta, la proeuropea Maia Sandu, fue ministra de educación del gobierno de aquel desfalco.

El actual gobierno de Acción y Solidaridad plantea como perspectiva un mayor acercamiento a la UE (incluso se muestra proclive a su integración), Rumania y Ucrania, en desmedro del Kremlin. Pero, además de la importancia que Moscú tiene como proveedor energético, uno de los dos grandes territorios que componen Moldavia, llamado Transnistria, votó abrumadoramente en un referéndum, de septiembre de 2006, su independencia e incorporación futura a Rusia (ha ganado fama en estos meses, por la participación del FC Sheriff Tiraspol en la copa UEFA). El gobierno de Putin tiene estacionadas allí tropas. Moldavia, como Ucrania, es un nervio sensible de Europa.

Volviendo al punto de partida de esta nota, la crisis energética está empezando a tener sus primeras manifestaciones políticas, en la forma de choques entre Estados. En el medio de ello, las masas europeas se ven ante el problema del aumento de las tarifas y el riesgo del desabastecimiento, en las vísperas de un crudo invierno. La estatización de los pulpos energéticos bajo control de los trabajadores es una consigna necesaria. Del mismo modo, la crisis reclama una salida, la necesidad de una planificación continental de la política energética, lo que tiene como requisito una federación de Estados socialistas.

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