Miles de personas ganaron las calles colombianas este lunes en una jornada nacional de caravanas y piquetes contra la reforma laboral y los crímenes del aparato represivo estatal, a quince días del asesinato del taxista Javier Ordoñez y del estallido popular subsiguiente, cuya represión dejó al menos 13 muertos.

La medida fue convocada por el Comité Nacional de Paro, integrado por las centrales sindicales (CUT, CGT, CTC), organizaciones estudiantiles, sociales y de jubilados. Además del rechazo a la represión y a la reforma laboral flexibilizadora, impuesta por decreto por el gobierno de Iván Duque, que posibilita la contratación por horas e institucionaliza salarios por debajo del mínimo legal, estuvo presente el apoyo a la huelga de los trabajadores carboníferos contra la multinacional Cerrejón, que pretende avanzar sobre el convenio colectivo e imponer el llamado “turno de la muerte” (7 días de trabajo por 3 de descanso). Los estudiantes y docentes colocaron sus propias reivindicaciones: rechazan el regreso a clases, dada la falta de condiciones de seguridad e higiene, y reclaman la supresión de los aranceles a la educación superior. Otro punto de la jornada fue el repudio al préstamo de 370 millones de dólares con el que el gobierno favoreció a la compañía Avianca.

La lucha antirrepresiva, uno de los ejes de la convocatoria, es un asunto vital en Colombia. Desde la llegada al poder de Duque, además de dispararse las masacres por parte de grupos paramilitares, han crecido los crímenes y agresiones contra referentes políticos y sociales. En el primer semestre del año se registraron 248 ataques, 81 de ellos asesinatos (El Espectador, 22/9).

Puesto en perspectiva, la clase dominante colombiana ha impuesto a sangre y fuego un proceso de acaparamiento de tierras y superexplotación de las masas. Desde 1973 a 2018, 3.240 referentes sindicales fueron asesinados, la amplia mayoría a manos de grupos paramilitares y del Estado (policía, Ejército, etc.), según la Agencia de Información Laboral (21/9). Entre 2013 y 2019, hubo más de 1300 agresiones contra referentes de Derechos Humanos (Contagio Radio, 20/9). Las fuerzas armadas aparecen comprometidas ahora en un escándalo por la violación de niñas y mujeres indígenas.

El gobierno de Duque es un gobierno proimperialista y de ataque frontal contra las masas, a las que busca transferirles el costo de la crisis capitalista. En otro decreto reciente, autorizó la privatización de empresas públicas, por lo que prepara la venta del área de distribución de combustibles de Ecopetrol. Se apresta a retomar la fumigación aérea de cultivos de coca con glifosato (una declaración de guerra contra los campesinos) y aceptó el despliegue de 700 soldados norteamericanos adicionales en el país. Acaba de ratificar este rumbo proyanqui recibiendo al secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo. El gobierno colombiano es también una de las piezas claves de las agresiones contra Venezuela.

La jornada del 21 volvió a sufrir la represión por parte de las fuerzas policiales. No solo por parte del gobierno nacional, sino también del gobierno centroizquierdista de Bogotá, cuya alcaldesa, Claudia López (Alianza Verde), hace demagogia contra la represión de Duque mientras ella misma la aplica. Inclusive, ha realizado tareas de inteligencia a través de cámaras de video y ofrece recompensas a quienes den con el paradero de manifestantes acusados por la quema de dependencias policiales, tras el crimen de Ordoñez. La Corte Suprema, en tanto, enfrentada al gobierno tras la detención del expresidente Alvaro Uribe, ha emitido un fallo en que obliga al gobierno a pedir disculpas por la represión a la rebelión de 2019 y prohíbe al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) el uso de escopetas calibre 12, pero convalida el accionar de las fuerzas de seguridad, con el subterfugio de que lo haga “de forma racional y moderada” (El País, 23/9).

Los choques entre el gobierno y la Corte, así como entre el gobierno y el expresidente Juan Manuel Santos, reflejan a su modo las propias divisiones en el imperialismo. Santos se hizo eco del malestar de sectores del Partido Demócrata norteamericano por el apoyo que Duque le estaría dando a Trump en su campaña reeleccionista. Lo que tienen en común el gobierno de Duque y la oposición patronal, sin embargo, es su temor a las grandes potencialidades de la lucha de las masas.

El camino de noviembre

En medio de la jornada, el gobierno de Duque rechazó un pedido de audiencia del Comité Nacional de Paro y la consideración del plan nacional de emergencia elaborado por estas organizaciones, que incluye entre otros puntos una renta básica equivalente a un salario mínimo para sectores que perdieron sus ingresos y la prohibición del corte de servicios públicos por unos meses.

Las centrales sindicales se han limitado a rumiar su descontento frente a este desaire. El rol que ocupan estas organizaciones es decididamente conservador y de contención de la bronca popular. Julio Gómez, el titular de la CGT, declaró que “hay que darle tiempo al Gobierno para que reaccione. Esperamos que el presidente Iván Duque actúe positivamente” (El Espectador, ídem).

No se puede esperar que Duque responda “positivamente”, o que se sensibilice, como han reclamado otros dirigentes. Duque encabeza un gobierno criminal y es necesario detenerlo por medio de una profundización de las medidas de lucha. Se necesita avanzar hacia un paro efectivo, en la perspectiva de una huelga general que quiebre el ajuste del gobierno y la represión.

El camino lo marca la rebelión de 2019, de la que en dos meses se cumplirá su primer aniversario.

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