La guerra en Ucrania, con su impacto geopolítico y el agravamiento de la crisis económica mundial, ha provocado numerosas crisis políticas y caídas de gobiernos en el mundo. Uno de los casos más importantes, por su ubicación geográfica, su densidad poblacional, su influjo en el mundo musulmán y por tratarse de una potencia atómica, es el de Pakistán.

En esta nación del continente asiático, vecina de Afganistán y de la India, la policía acaba de presentar una denuncia por terrorismo contra el exprimer ministro Imran Khan, quien fue destituido de su cargo en abril de este año. La acusación, endeble, se funda en un discurso político en que el líder del Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI, por sus iniciales en inglés) arremetió contra aquella fuerza y denunció también la detención y tortura de uno de sus colaboradores.

Khan se presentó ante el tribunal antiterrorista, que aceptó una fianza y dilató una posible detención hasta comienzos de septiembre. En el ínterin, la formación política de la vieja estrella de cricket de los ’70 podrá continuar realizando actos políticos.

La caída

El proceso de destitución de Khan, quien llegó al poder en 2018 presentándose como una alternativa al dominio de las dos fuerzas tradicionales del país (el Partido del Pueblo Pakistaní –PPP- y la Liga Musulmana de Pakistán –PML-N), fue extremadamente tortuoso.

En el marco de un agravamiento de la situación económica (caída de las reservas, inflación creciente, encarecimiento de las importaciones), la oposición presentó a comienzos de año una moción de censura en el parlamento para apartarlo del cargo.

Khan denunció una conspiración extranjera, motorizada por Estados Unidos. Y apuntó también contra el ejército, que había sido hasta entonces uno de sus principales sostenes en el gobierno.

Cuando se presentó la moción de censura, el portavoz adjunto de la Asamblea Nacional rechazó su tratamiento. Y, a instancias de Khan, el presidente Arif Alvi disolvió la cámara y abrió el camino a elecciones anticipadas.

La oposición eligió otro portavoz y realizó la sesión igual, aprobando la destitución, con el apoyo de algunos diputados del oficialismo.

En abril, la Corte Suprema declaró inconstitucional el cierre de la asamblea, pero al mismo tiempo dijo que la votación parlamentaria carecía de validez, ya que se había anticipado a la resolución del máximo tribunal.

Unos días más tarde, sin embargo, el parlamento volvió a sesionar y aprobó, por estrecho margen, la destitución definitiva de Khan. Poco después, elegía como nuevo primer ministro a Shehbaz Sharif, de la Liga Musulmana, hermano de Nawaf Sharif, que ocupó el cargo en reiteradas ocasiones.

A partir de ese momento, Khan emprendió un proceso de movilizaciones denunciando un golpe de Estado y reclamando elecciones anticipadas. En mayo, hubo una gran manifestación hacia la capital, Islamabad. Muchas de estas concentraciones fueron reprimidas y se realizaron allanamientos y detenciones en sedes del PTI. (Todo el proceso puede consultarse con gran detalle en “Pakistán sin tregua: caída del gobierno, crisis política, injerencia extranjera e islamismo”, de Alejandro López Canorea, en Descifrando la Guerra del 15/6).

El partido de Khan logró una importante victoria electoral a mediados de año en el estado clave de Punjab, por lo que redobló su reclamo de nuevos comicios.

Pakistán en el tablero internacional

Aunque no haya evidencias de una participación norteamericana en el proceso de destitución y Washington niegue las acusaciones, es probable que viera con buenos ojos la salida de Khan, quien buscó imitar el posicionamiento “no alineado” de la India frente al conflicto en Europa. Inclusive, llegó a firmar un acuerdo comercial con Rusia en marzo, cuando el conflicto armado ya había estallado. El ejército, en cambio, condenó a Moscú y llamó a mantener los vínculos con la Casa Blanca.

Estados Unidos y Pakistán tienen acuerdos históricos en materia de cooperación “antiterrorista”, si bien Islamabad ha sido acusada de duplicidad, esto es, de tolerancia con estos grupos. Desde las montañas de Pakistán, los talibanes afganos prepararon su resurgimiento, tras su derrocamiento en 2001.

En la actualidad, el fortalecimiento de las organizaciones islámicas más radicalizadas no solo preocupa a los norteamericanos sino también a Beijing, que pesa fuerte en el país. En la región de Baluchistán, punto de la ruta de la seda, operan grupos separatistas que realizan atentados contra objetivos chinos.

Donde más claro se ve la presión norteamericana es en el terreno financiero. El gobierno de Khan suscribió con el FMI un acuerdo por 6.000 millones de dólares, pero el organismo lo suspendió debido a que Khan no se animó a suprimir los subsidios a los combustibles, por temor a un estallido social.

El nuevo gobierno de Sharif ha conseguido destrabar parte del dinero (poco más de mil millones de dólares), pero el Fondo sigue condicionando la totalidad de los desembolsos a una drástica reducción del déficit y a la liquidación de los subsidios. En el cuadro de aumento de los precios energéticos a nivel internacional, las consecuencias sociales pueden ser explosivas.

A todo esto, hay que añadir las tensiones siempre presentes con la India, que también es una potencia nuclear. Frente a ella, Islamabad intenta recostarse en Beijing como un contrapeso.

Entre la crisis política, las consecuencias lesivas del programa de ajuste del Fondo, y el recrudecimiento de las tendencias bélicas a nivel internacional, Pakistán se vuelve un nervio sensible del planisferio.

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