Desde hace diez días el pueblo panameño viene saliendo a las calles de manera multitudinaria en todas las provincias del país contra el nuevo contrato-Ley 406 que autoriza a Minera Panamá S.A. y otras concesionarias de minería metálica a cielo abierto la explotación de 60 mil hectáreas.

Minera Panamá S.A., ubicada en Donoso, provincia de Colón, es la extractora de cobre, oro y otros minerales más grande de Centroamérica. El 80% de sus acciones le pertenecen a la multinacional canadiense First Quantum y el otro 20% a Korea Panama Mining Corporation S.A.

Contratos leoninos

El contrato-Ley 406 se aprobó el pasado 20 de octubre de 2023 de manera express, a una velocidad nunca antes vista en primer, segundo y tercer debate por parte del órgano legislativo, y fue firmado por el mandatario Laurentino “Nito” Cortizo. En apenas dos días ya estaba en gaceta oficial, lo que incrementó el hartazgo del pueblo panameño.

Panamá es un país relativamente pequeño, con 75.517 km2, en el cual se han otorgado 15 concesiones a empresas mineras a cielo abierto.

Las manifestaciones en todas las provincias son de entre 40 y 70 mil personas: no se veían estos niveles desde hace más de 30 años con la dictadura de Manuel A. Noriega. Después de la invasión norteamericana [ndR: en 1989, una incursión estadounidense derrocó a Noriega], se instaló una democracia de la burguesía, bajo la cual han transcurrido siete diferentes presidentes, todos los cuales accedieron a explorar, extraer y comercializar minerales; mas sin embargo fue en 1997 con Ernesto Pérez Balladares que se creó la Ley 9, la cual en el año 2021 fue declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), debido a que habilitaba “un contrato leonino para el Estado panameño” (Bloomberg, 21/10).

El contrato-Ley 406, que reemplaza la norma anterior, hace igualmente concesiones extraordinarias a Minera Panamá S.A. tales como que al Estado le queda prohibido sobrevolar el espacio aéreo de la mina, o que sólo obtendrá ganancias mínimas del cobre extraído. Los panameños catalogamos el contrato ley 406 como un nuevo enclave colonial por sus pocos beneficios y muchos perjuicios para el país.

El presidente Cortizo enfrentó una crisis política sin precedentes, después de la pandemia, cuando el vicepresidente Gabriel Carrizo quedó en evidencia por conseguir un lote de respiradores en que el precio de mercado total era 5 mil dólares y el Estado lo compraba en 50 mil dólares.

En julio del año 2022, ante el incremento de la gasolina, los precios de todos los artículos y tarifas se empezaron a elevar de manera abrupta, lo cual llevó a la primera paralización fuerte contra el gobierno de Cortizo, con manifestaciones de sindicatos de la construcción, profesores, comarcas originarias, estudiantes universitarios, las cuales fueron contenidas por subsidios del combustible a todo panameño que tuviese un automóvil particular o comercial.

El contrato minero ha sido la gota que derramó el vaso para una población que ya traía reclamos de gobiernos anteriores debido a pésimos servicios, falta de medicina y atención médica deficiente en la caja de seguro social, infraestructuras escolares en condiciones deplorables, calles en mal estado, desempleo creciente y carestía de la vida en general.

Después de aprobado el contrato, el presidente salió tres veces en cadena nacional, primero amenazando a los manifestantes con procesos judiciales a quienes cortaran las calles y tratando de convencer sobre la importancia de la economía de la mina para el país; días después salió firmando un decreto en el cual no iba a permitir más concesiones mineras a futuro; y por último declarando una consulta popular para el 17 de diciembre. Cada vez que sale a hablar le echa más gasolina al fuego.

Una población enardecida

La población en general está enardecida: se manifiesta en contra de la ley-contrato minero, de la corrupción y de toda forma de engaños del gobierno al pueblo. Los movimientos (Panamá vale más sin Minería y Pueblo Unido), junto a los sindicatos, pueblos originarios, estudiantes universitarios y trabajadores no quieren la consulta popular, se mantienen en las calles día tras día con el objetivo de derogar la Ley 406.

La población en general ya le perdió toda confianza al gobierno, al punto que se auto-convoca para protestar en los domicilios de los diputados que aprobaron la ley o va con lanchas de pescadores por el mar a protestar al puerto privado de la mina.

La población panameña no quiere la minería metálica a cielo abierto, es consciente del daño ambiental y contaminante del agua, irreversible, que pueden causar estos proyectos.

La burguesía, junto al gobierno, amenazan a los manifestantes y a la población en general con que si se deroga la ley, el Estado panameño seguramente será demandado internacionalmente y que se perderá credibilidad para futuras inversiones; pero los manifestantes, en su gran mayoría jóvenes, tienen claro que el recurso hídrico vale más que el oro.

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