En el marco de un proceso de multitudinarias manifestaciones, huelgas y piquetes, la Corte Suprema de Panamá dictó la semana pasada la inconstitucionalidad de una norma (ley 406) que otorgaba a una subsidiaria de la canadiense First Quantum Minerals la explotación por 20 años (prorrogable otros veinte) de la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica.

Este triunfo es el resultado de una rebelión popular: desde el 20 de octubre, fecha en que el parlamento panameño aprobó, tras un tratamiento exprés, un proyecto favorable a los intereses de la minera, las movilizaciones más grandes en décadas ganaron las calles. Los sindicatos docentes, de la construcción y organizaciones indígenas organizaron paros y cortes de ruta, y a su vez, dieciséis buques pesqueros instituyeron un bloqueo naval para impedir las operaciones de la compañía.

El gobierno de Laurentino Cortizo, del centroizquierdista Partido Revolucionario Democrático (PRD), fue hostil a los manifestantes desde un primer momento y ordenó la represión, en el curso de la cual perdió un ojo el fotógrafo Aubrey Baxter, miembro de la organización ambiental Ya es Ya Panamá. Además, cuatro personas murieron: dos de ellas fueron asesinadas a sangre fría por un automovilista, en uno de los piquetes docentes, y otras dos fueron atropelladas en otros dos cortes. El gobierno creó el clima de intimidación que posibilitó estos crímenes.

First Quantum asumió las operaciones del yacimiento en 1997, gracias a una ley entreguista establecida bajo el gobierno de Ernesto Pérez Balladares. A raíz de presentaciones de abogados y organizaciones ambientales, dicha norma fue declarada inconstitucional por el máximo tribunal judicial en 2017, pero el Ejecutivo dilató su publicación en la gaceta oficial hasta 2021, período en que la compañía siguió ampliando sus actividades.

En lugar de proceder al cierre de la mina, el gobierno de Cortizo inició el año pasado una renegociación. El nuevo acuerdo apenas si establecía, en comparación con el anterior, un aporte al Estado de unos 375 millones de dólares anuales, es decir, migajas para encubrir el desfalco ambiental y la entrega económica de los recursos minerales del país. Tras la aprobación de la norma, en octubre, estallaron las manifestaciones.

A pesar del fallo de la Corte, reina un estado de desconfianza en los sectores más activos, ya que First Quantum continuó sus operaciones en 2017, a pesar de una sentencia judicial en sentido contrario. Por esta razón, el bloqueo naval aún no se ha levantado.

El gobierno de Cortizo afirma que inició el proceso para el “cierre ordenado” de la mina. La empresa canadiense, en tanto, abrió una instancia de retiros voluntarios, mientras amenaza con recurrir al Ciadi, un tribunal de arbitraje internacional.

Hay organizaciones ambientales que afirman que el proyecto minero que hoy está en discusión es el mascarón de proa de otros 130 proyectos mineros que cambiarían el rostro económico de Panamá, transformando una economía basada en los ingresos por el Canal y el turismo en una de tipo extractivista.

Como han dejado claro las calles, “Panamá no se vende”. Es necesario mantener el alerta hasta el retiro definitivo de First Quantum. No al saqueo económico y ambiental. Por un gobierno de los trabajadores.

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