Pedocriminalidad en la Iglesia francesa: ¿cuál es el precio de la autoabsolución?

Hace un mes, una comisión independiente publicaba un informe abrumador sobre los casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia católica francesa. Sumando a los agresores eclesiásticos y a los laicos, calculaba que hubo unas 330.000 víctimas entre 1950 y 2020. También establecía el carácter orgánico de los abusos en la Iglesia, estimando en al menos 3 000 (probablemente mucho más) los sacerdotes y religiosos agresores, y revelaba los mecanismos de encubrimiento sistemático de los casos dejando claro que la jerarquía católica no solo no podía ignorar el fenómeno sino que actuó de forma reiterada para disimularlo.

Para conseguir que se monten comisiones como esta y permitir que estalle el escándalo, fueron necesarios años de lucha por parte de las víctimas y sus asociaciones, que contaron también con el desarrollo de reclamos similares en países como Estados Unidos, Irlanda, Australia o Canadá. Pero el camino es largo todavía hasta que las víctimas puedan conseguir justicia y reparación y que se condene a los pedocriminales que actuaron -¡o siguen actuando!- en las organizaciones escolares, deportivas o culturales gestionadas por la Iglesia en Francia.

Ante la magnitud del escándalo, las autoridades eclesiásticas que hasta ahora se habían dedicado a negar o minimizar los hechos no tuvieron otra opción que reconocer los casos de abusos e incluso pedir perdón a su manera: organizando misas para rezar por las víctimas y expresando su “vergüenza y pavor”. Sin embargo, al día siguiente de la publicación del informe, el presidente de la Conferencia Episcopal seguía justificando la ausencia de denuncia de los casos de los que tenía constancia la Iglesia explicando que “el secreto de la confesión es más fuerte que las leyes de la República”. El conservador ministro de Interior Gérald Darmanin (de paso, también acusado de violación y chantaje sexual…) se sintió obligado a protestar (sin entusiasmo) frente a tal provocación. Pero la realidad es que la ley de separación de la Iglesia y el Estado de 1905 reconoce explícitamente el “secreto profesional” de los sacerdotes, y el gobierno no tiene ningún interés en enfrentarse a una institución que sigue teniendo una influencia notable en varios ámbitos de la vida pública.

Desde 1905, establece la ley que el Estado francés “no remunera ni financia a ningún culto”, lo religioso queda como un tema privado. En aquel entonces, establecer el carácter laico de la República fue una manera para los republicanos franceses de combatir la influencia reaccionaria de la religión en la sociedad a la vez que las tendencias monárquicas que estaban muy vinculadas a la Iglesia católica. Sin embargo, la Iglesia no tardó en volver a ocupar un lugar relevante, en particular en la educación, con la complicidad de los gobernantes, por muy republicanos que fueran.

Por ejemplo, cuando Francia recuperó en 1919 los territorios de Alsacia y Lorena donde seguía en vigor el concordato firmado por Napoleón I con el Vaticano, ya no se trató de tomar el riego de enemistarse con el clero… así que hasta el día de hoy en los tres departamentos, el Estado remunera a los curas, pastores y rabinos como si fueran funcionarios, y en las escuelas se dan clases de religión de las que solo es posible escapar con una demanda escrita de los padres. Un siglo después, ningún gobierno, ni de derechas ni de izquierdas, a pesar de un supuesto apego al “laicismo” se atrevió a terminar con esta aberración.

A lo largo del siglo xx, la Iglesia también recuperó algún poder en el terreno de la educación, gracias a una serie de leyes sobre la financiación de las escuelas, que acompañaron el desarrollo de un sector educativo privado, en su gran mayoría confesional. Es decir, a pesar de la separación formal entre la Iglesia y el Estado, los distintos gobiernos que se sucedieron demostraron todos cierta complacencia hacia las autoridades religiosas y en primer lugar las católicas.

Lo mismo pasa con la cuestión de los abusos dentro de la Iglesia. Si bien hubo unos casos denunciados que llegaron a que se condene a los curas pedocriminales, algunos emblemáticos, la vía es larga y difícil para que la justicia burguesa responda a la altura de la barbarie cometida. El caso Preynat / Barbarin es bastante representativo de ello. Bernard Preynat fue un sacerdote de la región de Lyon, acusado de haber abusado sexualmente de decenas de niños entre 1972 y 1991 en los campamentos de scouts de los que era responsable. En su juicio, reconoció que agredió a dos o tres niños cada fin de semana, y cuatro o cinco durante las semanas de campamento durante todo este período. Varios responsables eclesiásticos estuvieron al tanto de los hechos y se limitaron a cambiarlo de parroquia, pero volvió incluso a estar en contacto con niños. Después de un largo trabajo por parte de cuatro víctimas, fue condenado en marzo del 2020 a… 5 años de cárcel tan solamente. El cardenal Philippe Barbarin, responsable de la región de Lyon, también fue condenado de manera condicional en primera instancia a seis meses de cárcel… hasta que lo exculparon en apelación. En algún momento, presentó su renuncia como arzobispo ante el Papa… quien se la negó una primera vez antes de acabar aceptándola.

Queda claro que la separación de la Iglesia y el Estado es una reivindicación elemental en todos los países, entre ellos Argentina, en los que esta institución reaccionaria y atrasada sigue mandando en lo político. En varios países, se establecieron concordatos con el Vaticano que protegen a los curas abusadores, colocándoles fuera del área de la justicia. Pero el ejemplo francés muestra también que más allá de la ley, la cuestión es su aplicación efectiva y sobre todo el combate contra la influencia de la ideología retrógrada que expande.

Después de reunirse la Conferencia de Obispos de Francia durante una semana, la cúpula eclesiástica anunció el lunes 8 de noviembre querer avanzar en la indemnización de las víctimas de abusos. Se anunció la creación de una comisión para investigar y evaluar los daños a las víctimas de forma individualizada. También se creó un fondo de indemnización que estaría alimentado por contribuciones personales de los obispos y la venta de parte de los bienes de la Iglesia.

Queda por ver con qué niveles de indemnización piensan auto-absolverse los responsables de miles y miles de agresiones sexuales. Porque desde luego, y a pesar de los acuerdos que se están llevando a cabo entre las fiscalías y las diócesis en este sentido, no se precipitan para denunciar ni entregar a la justicia a los curas abusadores ni a los que los protegieron hasta hoy. No se esperaba otra cosa de una institución atrasada muchos siglos respecto a la evolución de la sociedad y centrada únicamente en su auto-conservación. ¡Habrá que seguir luchando!