Esta semana, el gobierno español denunció públicamente que el presidente Pedro Sánchez y la ministra de defensa, Margarita Robles, fueron espiados a través de Pegasus, un programa informático de origen israelí que permite invadir en forma remota los celulares para acceder a información. La denuncia, aunque factible, es un intento de correr del centro del escenario otro escándalo de intrusión que estalló previamente: el del robo de datos a través del mismo software de más de cincuenta referentes políticos, activistas y abogados catalanes; el “Catalangate”, según lo bautizó el grupo de expertos en ciberseguridad de la Universidad de Toronto que sacó a luz el caso.

¿Quién puede estar detrás de estas operaciones? Pegasus, elaborado por la empresa NSO, es una herramienta que solo se vende a gobiernos y fuerzas de seguridad, con la autorización previa del gobierno israelí. “NSO vende sus tecnologías únicamente a agencias policiales y de inteligencia de determinados gobiernos” (Página 12, 20/7/21), según el portavoz de la compañía. La firma tiene clientes en todo el mundo.

Los referentes catalanes no dudan: el espionaje procede del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los servicios estatales, que poseen el programa desde 2020 y previamente contaban ya con uno similar. El Ejecutivo negó las imputaciones, pero la ministra Robles hizo declaraciones que se consideraron una confirmación de los hechos: “¿Qué tiene que hacer un Estado, un Gobierno, cuando alguien vulnera la Constitución, cuando alguien declara la independencia [se refiere al Procés de 2017], corta las vías públicas, cuando realiza desórdenes públicos (…)?”, le dijo a una diputada de la CUP, uno de los tres principales partidos soberanistas.

Además, La Moncloa bloqueó la formación de una comisión investigadora en el parlamento, restringiendo la cuestión a la Comisión de Secretos Oficiales de la cámara, que trabaja en la más estricta reserva.

Para el gobierno de Sánchez, el estallido del “Catalangate” es un dolor de cabeza porque necesita del apoyo de las formaciones políticas catalanas ERC y Junts en el Congreso Nacional.

De todos modos, la reacción del gobierno catalán ha sido extremadamente medida, buscando preservar los acuerdos con el gobierno y la mesa de diálogo que se abrió el año pasado. Sánchez impulsó ese espacio con el doble objetivo de conseguir el respaldo político de los diputados catalanes en votaciones parlamentarias claves y de clausurar la etapa de movilizaciones por la independencia -frente a las cuales el Estado recurrió también a la represión, la intervención y el encarcelamiento. En tanto, ante un proceso como el de 2017 que se le terminó yendo de las manos, la orientación del Govern, tributario de la burguesía catalana, pasa hoy por una “salida pactada” con Madrid.

El reclamo de las máximas autoridades catalanas es que por el escándalo pague algún funcionario de segunda línea. Según el diario ABC (4/5), el Ejecutivo está dispuesto a desplazar a la titular del CNI, en caso de sentirse acorralado por el caso.

En cuanto al espionaje contra Sánchez, que data de mayo pasado, algunos apuntan contra Marruecos, dado que posee el programa y la intrusión se produjo en simultáneo con una crisis de refugiados en la frontera entre ambos países. Pero la monarquía hachemita niega vehementemente las imputaciones.

No es un caso aislado

A mediados del año pasado, se revelaron 50 mil números telefónicos espiados por el programa Pegasus, incluyendo los de jefes de Estado, funcionarios, activistas de derechos humanos y periodistas. Arabia Saudita, Marruecos, Hungría y Ruanda estaban entre los Estados involucrados, pero también las grandes potencias se valen de estos métodos.

Para maquillar la situación, el Parlamento Europeo votó la formación de una comisión para investigar el uso de Pegasus en el continente. Esta recién tendría un informe dentro de un año, y en caso de comprobar irregularidades, cuanto mucho, se procederá a una regulación.

El espionaje sobre la población y la oposición política y la vulneración de las libertades individuales se ha vuelto una norma en las democracias capitalistas. Los gobiernos imperialistas posan de defensores de los derechos políticos mientras refuerzan los aparatos de inteligencia y conspiración.

La lucha en defensa de las libertades democráticas es una lucha contra un régimen social.

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