La huelga general por tiempo indeterminado de los trabajadores agrarios, con corte de la ruta Panamericana, marchas y actos, se convirtió en el centro de la política nacional peruana.

Centenares de miles de trabajadores agrarios trabajan en grandes fincas de agroexportación, propiedad de empresas monopólicas (yanquis, chilenas, noruegas, inglesas, etc.) que producen barato en ‘sus’ fértiles campos y exportan para la venta comercial cara en sus mercados nativos.

Después de 20 años de vigencia, los trabajadores rurales, partiendo de las fincas de Ica, se levantaron reclamando la derogación de la Ley Agraria de Alberto Fujimori. Esta otorga a las patronales exportadoras fuertes subsidios y el beneficio de la superexplotación de sus trabajadores. El presidente Martín Vizcarra -antes de ser depuesto- sacó un decreto extendiendo la vigencia de la ley que vencía ahora, hasta… ¡el 2031!

Por un lado, la ley otorga importantes subsidios impositivos a las patronales agroexportadoras: no pagan rentas, se les devuelve 50% de los impuestos por las importaciones necesarias para su producción (lo que crea un fraude permanente con falsas sobreimportaciones), etc. En materia de salud creó un sistema ‘especial’ de salud para el trabajador rural, por el cual las patronales debían pagar un 4%, menos de la mitad de lo que pagan las patronales en el resto de las empresas peruanas (9%). Los trabajadores más expuestos –trabajan con agrotóxicos, etc.- tenían el peor sistema de salud.

Sus salarios estaban por debajo del salario mínimo del Perú. No  cobran beneficios sociales, etc. Con extensas jornadas laborales de 12 horas, no tenían ninguna estabilidad. Estaban totalmente precarizados: las patronales tercerizaban el trabajo a través de empresas dependientes, las llamadas service. Frente a la gran reacción combativa de los trabajadores, las patronales –para mitigar su imagen negrera- dicen que las que no cumplían las leyes protectoras eran las service.

La fuerza del paro hizo recular a todos los poderes estatales y a las cámaras patronales. La central empresaria, Confiep, llamó en los inicios que la huelga fuera reprimida. El nuevo presidente Francisco Sagasti también condenó inicialmente el corte de la Panamericana y se declaró en contra de que la ley entreguista y negrera “se derogue”. Planteó que iba a buscar consensos en el parlamento para modificar la ley. Y la Unicameral pasó el tema a comisiones para estudiar una propuesta de modificación.

La respuesta obrera fue la extensión del paro.

Finalmente, no les quedó otra: ¡el Congreso derogó la ley! Y el presidente Sagasti, presuroso, salió a decir que no la vetaría.

Pero el paro no se terminó de levantar que fue relanzado. Porque la derogación de la ley negrera no resuelve aún, concretamente, los reclamos salariales y de condiciones laborales.

Se constituyó una comisión que en 15 días va a plantear un nuevo reordenamiento de los masivos subsidios a las patronales. Pero… no se constituyó ninguna comisión paritaria con los trabajadores. La huelga se mantuvo hasta el martes 7 (dejando pasar vehículos unas pocas horas por día). Todos los llamados a abandonar las rutas y volver al trabajo fueron rechazados. Los trabajadores no quieren más promesas, quieren la realidad de sus reivindicaciones en forma inmediata. Y el método que tienen para obtenerlo es apelar a la acción directa: huelga general y corte de rutas.

Todos los mecanismos de la sociedad burguesa funcionaron para tratar de levantar la fuerte huelga. La Conferencia Episcopal Peruana llamó a un “diálogo” para evitar la violencia. Durante los 20 años de superexplotación violenta de los trabajadores nunca se preocupó. Por otra parte, la violencia proviene del Estado: ha sido asesinado un joven trabajador rural de 20 años, Jorge Yemen Muñoz, por una salvaje represión policial.

Crisis política

Esta huelga debe ser enmarcada en el levantamiento que produjo la caída del gobierno de Manuel Merino, hace 3 semanas. El Estado ha sido fuertemente golpeado y esto es percibido por sectores de las masas como un cambio en la correlación de fuerzas que les permite a salir a reclamar sus reivindicaciones históricamente postergadas.

Para detener la movilización popular que derribó a Merino, se constituyó -en medio de una acefalía gubernamental- un gobierno de unidad nacional integrado por dos partidos minoritarios: el centroderechista Partido Morado que colocó a Sagasti como presidente, y el centroizquierdista Frente Amplio al que le fue entregada la presidencia del parlamento Unicameral.  Están tratando de contener la movilización y radicalización del pueblo, en particular de la juventud. El nuevo ministro del Interior removió a una parte de la cúpula dirigente de la Policía Nacional Peruana (PNP), acusada de haber matado a dos jóvenes, herido a centenares y reprimido salvajemente durante 6 días al pueblo movilizado, bajo el fugaz gobierno de Merino.

Pero… se le ha abierto un nuevo frente al gobierno de Sagasti. Recibió la amenaza de un paro (motín) policial. El nuevo ministro del interior Rubén Vargas tuvo que renunciar, antes de ser confirmado: el parlamento lo había convocado para una interpelación que iba a rechazar su nombramiento. El presidente Sagasti cedió, porque tenía que ir al Congreso para que –de acuerdo a la Constitución del Perú- el mismo le diera un voto de confianza al nuevo gabinete que acaba de constituir. La caída del ministro del interior fue el precio pagado para que el parlamento le terminara dando su voto de confianza. Pero el nuevo ministro, Cluber Aliaga, que reemplazó al nuevo ministro anterior renunciante antes de asumir oficialmente, es un hombre formado como… licenciado en Administración y Ciencias Policiales por la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú. El objetivo es garantizar que no se seguirá desmantelando al cuerpo de oficiales de la represión peruana. Por el contrario, esta semana han sido detenidos en allanamientos policiales cerca de un centenar de ciudadanos acusados de… terrorismo. Según el comunicado oficial sería la culminación de una larga investigación de más de 5 años de duración, incluida infiltrados provocadores. Aparece como una provocación amenazante contra las luchas de las masas que se han puesto en movimiento provocando la caída del expresidente Merino.

Por otro lado, el parlamento rechazó un veto presidencial, obligando a  devolver aportes de los trabajadores afiliados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) para paliar los efectos económicos de la crisis del Covid-19. Sagasti planteó que esto sería condenar al sistema y al Estado a la bancarrota. En contra de la ley ratificada, elevó el reclamo al Tribunal Constitucional.

La situación es de gran inestabilidad política, acuciada por crecientes luchas y movilizaciones obreras: paro nacional de profesionales y trabajadores de salud, huelgas y bloqueos en algunas explotaciones mineras, movilización de poblaciones contra las mineras que contaminan el medio ambiente, etc.

El expresidente Ollanta Humala ha planteado la necesidad de adelantar las elecciones (que debieran realizarse en abril del 2021) a fin de contener al “Congreso desbocado” frente a un “gobierno débil”. Los próximos días serán testigos de nuevas renuncias de altos funcionarios y luchas de camarillas. Perú está sentada sobre un agudo proceso de crisis política con golpes y autogolpes incluidos.

Sagasti que ha asumido la presidencia hace 10 días, como producto del rechazo a la represión que se cobró la vida de dos jóvenes y llevo a la caída del expresidente golpista Merino, es ahora responsable de la represión que desató contra los agrarios y tronchó la vida de Jorge Yemen Muñoz. Esto llevó a marchas juveniles de repudio a la represión y de solidaridad con la lucha de los trabajadores agrarios. Sagasti anunció que investigará cómo se produjo ese asesinato. La primera reacción oficial había sido que la muerte de Muñoz no respondía a la represión policial contra el corte de la Panamericana. Lo primero que hay que investigar es la política y la orden del presidente de combatir el “descontrol” del corte de ruta.

La consigna levantada durante las jornadas que derribaron al presidente Merino mantiene total vigencia: que se vayan todos. Asamblea Constituyente Soberana. Y tendrá que ser impuesto por la lucha del pueblo explotado.

El ejemplo de los trabajadores agrarios debe ser tomado por todos los trabajadores y explotados del Perú: pasar a la acción directa por los reclamos postergados. Imponer a través de la lucha la derogación de decretos y leyes antiobreras como el de “suspensión perfecta” que da vía libre a las patronales para suspender por tiempo indeterminado y despedir trabajadores. E imponer a través de la acción directa, la reincorporación de los despedidos y la ocupación de las empresas y su puesta en funcionamiento bajo control de los trabajadores de las empresas que se nieguen a esto y/o que despidan masivamente o cierren.

Unificar los conflictos y marchar hacia la huelga general. Es fundamental para ello que la CGTP y los sindicatos rompan con su pasividad y convoquen a congresos de delegados con mandatos votados en asambleas por empresas, para elaborar un pliego nacional de reclamos y lanzar un plan de lucha que lleve a la huelga general. Las burocracias sindicales sacan comunicados y/o realizan jornadas de solidaridad o protesta sin plan alguno para llevar la lucha obrera a un nuevo plano que garantice el triunfo de sus reclamos. Siguen insistiendo en pedir al gobierno (ahora de Sagasti) que abra un “diálogo”: una política de conciliación de clases que maniata las manos y la fuerza de las masas trabajadoras. Plena independencia de la clase obrera y de sus organizaciones del Estado, las patronales y sus políticos. Es hora de que se sienta la voz y la fuerza de los trabajadores y campesinos.

7 de diciembre