A las 2 de la madrugada del viernes 10, la presidenta Dina Boluarte fue “vacada” (destituida) por el parlamento Unicameral, con una abrumadora mayoría de votos (127 sobre 130 congresales), .

A principios de semana, nadie esperaba este desenlace. El día martes 7 se iba a realizar un paro de transportistas ante el asesinato de un nuevo chofer el día lunes, en protesta por la ola de crímenes contra choferes. El gobierno logró levantar el paro, con la promesa de formar una Mesa de Diálogo, que empezaría a funcionar el martes 14.

Pero el miércoles a la noche se produjo un nuevo hecho mafioso: fue ametrallado un concierto del grupo musical Agua Marina, dejando 6 heridos de bala. Promotores afirman que habían sido amenazados para pagar “protección”. Fue un golpe en la conciencia nacional.

El jueves varios partidos presentaron -por octava vez en tres años de gobierno- un pedido de interpelación y votación de censura a la presidenta Boluarte. En forma exprés se votó a primera hora del viernes su vacancia.

Violencia sicaria

El accionar mafioso y sicario viene en rápido desarrollo. Aún con cifras imprecisas, se afirma que unos 70 choferes del transporte público han sido asesinados en lo que va del año. Las mafias piden pago a patronales y también a trabajadores.

La policía se ha mostrado impotente para frenar este accionar mafioso asesino. Por el contrario, se afirma que miembros de esta fuerza participan o son cómplices del accionar sicario mafioso. El jefe de la Policía Nacional del Perú (PNP), Oscar Arriola, amenazó con “criminalizar” a los choferes que se adhirieran al paro y cortes anunciados: el enemigo son los trabajadores no los asesinos mafiosos.

La acción de la juventud

Desde principios de septiembre han comenzado a realizarse manifestaciones independientes -autoconvocadas por redes- de la juventud, bajo la consigna de “Generación Z”. Marginales al principio, han venido creciendo. A fines de septiembre tuvieron un salto con la presencia de varios miles de jóvenes. La causa directa era la sanción de la ley 32.123 de reforma de la ley de jubilaciones. Por la misma se obliga a todo joven mayor de 18 años a afiliarse a una AFP privada o al organismo estatal y empezar a pagar una cuota mensual. Esto en el marco de una extensión de los años para el retiro y del aumento de las comisiones que se llevan los bancos y aseguradoras que regentean las AFP. Se trata de un ataque directo a la juventud trabajadora. Esto fue lo que le dio masividad a esa marcha, sumando a los universitarios que se movilizan la presencia de la juventud precarizada, “independiente” pero superexplotada.

La Generación Z ya había convocado a una gran marcha para el próximo 15 de octubre, por la derogación de la reforma previsional antiobrera y antijuvenil, contra el accionar mafioso y el sicariato, por la destitución de Dina Boularte.

Falla la “microeconomía”

La destitución de Boluarte provocó una leve caída de los títulos de la Bolsa y de la moneda peruana (el Sol). Los analistas económicos imperialistas dicen que esto se revertirá porque la “macroeconomía” peruana es sólida. Según la consultora Bloomberg esta caída del día de hoy está “matizada por los sólidos fundamentos de la economía peruana”. Perú tiene, dicen, un bajo endeudamiento, elevado nivel de reservas, un Banco Central “con credibilidad”, una moneda fuerte. La agencia rusa Sputnik prevé para 2025 un superávit comercial de unos 30 mil millones de dólares. Han aumentado los envíos y, fundamental, los precios del oro, cobre (se ha convertido en principal exportador mundial) y zinc. Se esperan inversiones por casi 9.000 millones de dólares, ya anunciadas por las grandes mineras imperialistas. Desde ya que esta euforia económica de la burguesía no deja de ocultar que se están vaciando los minerales del Perú sin que queden señales de un real desarrollo industrial nacional. Lo mismo sucede con la agroexportación. Pero… lo que falla es la “microeconomía”: las condiciones de vida de las masas crecientemente empobrecidas, precarizadas y marginadas. Esto se ha transformado en una gran caldera de miseria y bronca que va aumentando de presión, buscando su estallido. ¿Será esta nueva instancia motorizada por la Generación Z?

Destitución preventiva

Dina Boluarte era un cero político. Compañera de fórmula, como vicepresidenta, del destituido Pedro Castillo, fue nominada presidenta, justamente por su nulidad política. Porque le daba un viso de legalidad a la destitución golpista.

Una analista político peruano (Jaime Antezana) caracteriza con justeza que la “expresidenta era 'una figura decorativa en el Ejecutivo', mientras el control del Gobierno recaía en partidos como Fuerza Popular y Alianza para el Progreso, con el apoyo de agrupaciones como Renovación Popular, Podemos, Perú Libre y Avanza País”. Un frente de partidos derechistas que se hizo del control del parlamento, dirigidos por el fujimorismo (Keiko Fujimori con su Fuerza Popular).

Nadie derramará una lágrima por la “vacancia” de Dina “la asesina” como la llama gran parte del pueblo. Ella avaló la matanza de más de 60 campesinos que enfrentaron el golpe reclamando la convocatoria de elecciones y una asamblea constituyente soberana. En los últimos meses impulsó decretos y resoluciones por las cuales se decretó una amnistía para todos los que participaron en la represión y se avala un accionar policial de “gatillo fácil”. El último día de su mandato, Dina se dio el lujo de ascender a 12 generales de brigada, un contralmirante y un mayor general de la Fuerza Aérea. Se enteró que la iban a destituir y decidió culminar su trabajo. No intentó defender su mandato seudoconstitucional de ninguna manera. Según las encuestas, era la presidente más antipopular que se conozca no solo en Perú, sino en el mundo. Solo un 3% de la población decía apoyarla. En la calle una manifestación cantaba “Que se vayan todos”, pidiendo no solo la destitución de la Boluarte, sino de todo el parlamento corrupto, antiobrero y antinacional.

El nuevo presidente

La Unicameral en el mismo momento que destituyó a la Boluarte, nominó como nuevo presidente a José Jerí, actual presidente del organismo, del partido Somos Perú (adscripto a la Democracia Cristiana). Es el séptimo presidente en 9 años. Sus fichas no son “cristianas”: viene de una denuncia de intento de violación, con importantes acusaciones de soborno (haber cobrado 150 mil soles por meter un reclamo en el proyecto de presupuesto en cuya comisión estaba, etc.). En su lugar, como presidente del parlamento subió Fernando Rospigliosi del partido de Keiko Fujimori (Poder Popular). Jurí deberá dirigir el país por 6 meses, hasta las elecciones convocadas para el 12 de abril del 2026.

La destitución de Boluarte y el nombramiento de Jurí son medidas preventivas, de contención social. César Acuña, dirigente de la derechista APP, declaró (La República, 10/10) que la medida fue tomada “por la presión social”.

En un pequeño discurso inicial, el nuevo presidente, Jurí, hizo un llamado directo a la “Generación Z” a “dialogar”. Hizo un llamamiento a la “reconciliación nacional”. Pero de inmediato se reunió con los altos mandos de las FF.AA. y PNP para ver lucha contra la criminalidad. ¿Se viene una mayor militarización? ¿Una política de zanahoria (promesas) y garrote (represión)?

Van a tratar de levantar la movilización autoconvocada para el 15 de octubre. Es necesario mantenerla y organizarla. Por el derecho democrático a la manifestación política. Y se debería levantar puntos concretos: en primer lugar la derogación lisa y llana de la ley de reforma jubilatoria 32.123. Las AFP son un robo al trabajador. Las AFP deben ser nacionalizadas y formar un sistema único previsional estatal, bajo control y gestión directa de los trabajadores. Esos fondos (una parte de los cuales son “invertidos”/fugados al exterior) deben ser para un plan de viviendas populares (medio millón de peruanos sin techo) y desarrollo en el Perú. Las vacas gordas deben ser gozadas por el pueblo trabajador: mineras y agronegocios deben ser los que paguen impuestos altos para redistribuir sus ganancias, como paso previo a su expropiación sin pago y bajo control de los trabajadores. Como se decía: no puede haber un país rico, con un pueblo tan pobre y sumergido. Segundo: reclamar la anulación de la “amnistía” a los represores. Juicio, castigo y cárcel para los asesinos del pueblo.

Es necesario organizar políticamente una dirección socialista revolucionaria para poder afrontar tan grandes tareas nacionales.

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