El presidente Martín Vizcarra constituyó, hace 15 días, un nuevo gabinete encabezado por Pedro Cateriano, un reconocido representante del llamado ‘neoliberalismo’ (léase los monopolios). Según la constitución peruana, el parlamento debe dar un voto de confianza a este cambio total de 18 ministros. Para ello, Cateriano tuvo que presentarse, dar un discurso explicando su plan de gobierno y someterse a la votación. Para sorpresa de la gran mayoría, el Congreso rechazó la nominación de Cateriano por 54 votos en contra, 37 a favor (fujimoristas, Somos Perú y Partido Morado) y 34 abstenciones. Uno de los reproches de algunos diputados es que Cateriano no presentó en su discurso un plan real para enfrentar el Covid-19.

Perú ha pasado de ser uno de los primeros en el mundo en decretar la cuarentena a ocupar el primer lugar en el continente americano en muertos por millón de habitantes y en el que peor se ha manejado la crisis pandémica. Según la propia ex jefa de Comando Covid 19 y ministra de Salud, Pilar Mazzetti, no serían 17 mil, sino que podrían llegar a ser 43 mil los muertos. Cifra que el gobierno no puede realmente precisar: a confesión de parte relevo de pruebas.

Y lo que es peor, los hospitales están colapsados, no hay camas UCI (terapia intensiva), ni oxígeno y el personal de salud está abandonado (según el secretario de la FENUTSSA -federación de trabajadores de la salud-, Arlex Contreras, entre 3 y 4 trabajadores del sector mueren a diario). En un solo día han fallecido 196 peruanos y se han contagiado 7,000 (antes llegaba a 4,000). Los contagiados bordean el medio millón. La ‘curva’ y la ‘meseta’ que el gobierno puso, hace más de un mes, como argumento para levantar la cuarentena y obligar a los trabajadores a presentarse al trabajo, no existen. Hay expertos que pronostican que Perú podría llegar a 100,000 fallecidos para fin de año. A esto hay que agregar la catástrofe social: más de 2 millones de desocupados hasta junio (según el Instituto Nacional de Estadísticas) y 260 mil los despedidos por “suspensiones perfectas” (sin goce de sueldo).

El desastre sanitario fue encarado en el discurso de Cateriano con la promesa de que para el 2021 se iban a inaugurar nuevos hospitales y duplicar las camas (cosa que varias veces había prometido Vizcarra y sus funcionarios para el pasado reciente).

La sorpresa vino, por ejemplo, de que una de las bancadas que habitualmente apoya a Vizcarra, esta vez le votó en contra. Se trata de Podemos Perú, formación política dirigida por José Luna, dueño de una universidad privada cerrada por la Superintendencia de Educación que supervisa la calidad de las universidades, por ser totalmente trucha. El nuevo ministro de Educación, Martín Benavides, fue hasta febrero jefe de dicha Superintendencia. Ya el viernes anterior, el Congreso había aprobado interpelarlo, para cuestionar el cierre de universidades privadas. Se dice que se negoció hasta último momento los 11 votos de Podemos Perú (PP) que le habrían dado la aprobación al nuevo gabinete de Vizcarra. Y así como PP, hay otras bancadas vinculadas también al negocio de las universidades privadas truchas.

Este es el riesgo que corre un gobierno semibonapartista que no cuenta con una bancada propia en el Congreso, ni tampoco con una fuerza política estructurada. Cualquier giro lo puede dejar patitas para arriba.

A esto se suma, también, que falta menos de un año (abril 2021) para que se realicen las elecciones generales. Y los partidos –que le han aprobado todas las medidas antiobreras y reaccionarias al gobierno- quieren tener cierto margen de maniobra para no aparecer como títeres de Vizcarra.

Vizcarra agita verborrágicamente que el Congreso le ata las manos para poner en marcha una reforma universitaria ‘anticorrupción’. En otras circunstancias podría haber planteado la disolución del Congreso (mecanismo institucional utilizado hace poco tiempo), y el adelanto de las elecciones. Pero la Constitución peruana impide disolver el Congreso en el último año de su mandato.

Los discursos de Vizcarra, pocos días antes, y el de su ‘pollo’ Cateriano, plantearon un plan de complacencia con la central empresaria (Confiep), las mineras y los banqueros.  Esto ya se estaba ejecutando a través del plan “Reactiva Perú” que favorecía con el 71% de los fondos gubernamentales para afrontar la crisis, a las grandes empresas.

“El Perú es un país minero desde el periodo prehispánico. […] La minería es sin duda la columna vertebral de la economía del Perú. Esto lamentablemente parece que algunos no lo entienden”, dijo Cateriano. Y mencionó un paquete de medidas para favorecer nuevas inversiones, que incluyen simplificar procesos como el de la consulta previa: dan vía libre a la inversión de los monopolios en detrimento de la ecología y la salud de trabajadores y pobladores. Esto, en el momento en que Perú está conmovido por la fuerte resistencia de las masas de Espinar Cusco –violentamente reprimida por el ejército y la policía de Vizcarra- que reclaman un bono universal de 1000 soles para todos los habitantes para poder paliar los sufrimientos de la pandemia. La Glencore, que es el principal monopolio minero radicado en el Perú, se niega a esto y ha invertido, en cambio, dinero (alojamientos, etc.) para la presencia de tropas represivas contra los reclamos populares.

Más al sur, en las ciudades de Puno y Tacna, dos mil personas de los distritos de Tarata, Ticaco y Maure junto a El Collao, respectivamente, marcharon a Vilachaullani, frontera entre ambas regiones, para detener los trabajos del Proyecto Especial Tacna (PET), ingresaron al campamento e incendiaron los módulos de madera  del campamento del consorcio Agua Manantial, en protesta contra lo que ellos creen sería el traslado de agua para las mineras (que además secarían sus bofedales), y porque ya venció el Estudio de Impacto Ambiental (EIA).

Con el apoyo de la Confiep y las mineras, Vizcarra seleccionará un nuevo gabinete y ‘negociará’ previamente -con pactos y nombramientos ministeriales- con las bancadas que este sea aprobado.

Para organizar la resistencia de masas hace falta independencia política

El colapso de la salud pública -que potencia la pandemia- se da mientras la industria farmacéutica (dominada por el grupo Intercorp de Carlos Rodríguez Pastor), las clínicas privadas, las mineras y los banqueros, acumulan ganancias espectaculares con el beneplácito del propio gobierno. En medio del desastre social de los despidos y “suspensiones perfectas”. Sumado a la depredación ecológica de las mineras y la represión al pueblo que se moviliza. Y a la ‘reforma’ universitaria reaccionaria que se pretende consumar. Todos estos ataques llevan a la elemental conclusión que es necesario organizar la resistencia obrera y popular a este fabuloso intento de descargar la crisis sobre las masas trabajadoras.

Para ello, hace falta una política de independencia política del movimiento obrero respecto al gobierno y a los partidos patronales y frentepopulistas que propugnan no la lucha, sino la conciliación de clases.

Mario Huamán, militante del PC-U y presidente de la CGTP, condecorado con la Orden del Trabajo por Martín Vizcarra, pinta de cuerpo entero la política de colaboración de clases con el gobierno pro Confiep (30/04/18), que le aplicó a los trabajadores y el pueblo 3 paquetazos antilaborales.

La central obrera (CGTP), dirigida por una burocracia stalinista, en cambio, sigue manteniendo una cuota de ‘esperanza’ en que Vizcarra cambie y le aconseja para ‘sensibilizarlo’: “el Presidente de la República tiene que terminar de entender que para enfrentar la crisis sanitaria, el desempleo, el hambre y la miseria que se cierne como una grave amenaza por todo el país y sobre las mayorías debe poner el bien común por encima de los intereses de las grandes corporaciones y las grandes fortunas, adoptar políticas que ayuden a los sectores más afectados y que para ello necesita abandonar actitudes cesaristas y entender que los demás existen…” (04/08/20, Consejo Nacional CGTP).

La burocracia de la CGTP le aconseja a Vizcarra “una actitud democrática, dialogante y orientada a la construcción de consensos mínimos en beneficio del país y del pueblo y los trabajadores que son los más golpeados”. Para ello le pide que materialice “la designación de un gabinete totalmente renovado que mínimamente (¡!) tenga un comportamiento democrático, vocación de diálogo efectivo y que asegure políticas concretas para enfrentar la crisis sanitaria, el desempleo y el hambre que se cierne sobre el país y en beneficio de las mayorías nacionales”. ¡Mínimamente! dice.

Gerónimo López, secretario general actual de la CGTP, en la entrega de la Orden de Trabajo a Mario Huamán (30/04/18)

No solo le pide peras al olmo, sino que desarticula y desmoraliza al movimiento obrero y popular al que hay que incentivar para que rompa toda ilusión en el gobierno capitalista de los monopolios y las oligarquías y se organice en forma independiente por sus derechos, salarios y condiciones de vida y luche por ellos.

Este es el esfuerzo que están realizando una serie de sectores combativos que han adoptado el camino de la lucha en defensa de la salud, la vida y el salario. Es fundamental, para que esta tendencia no se frustre, que adopte un punto de vista clasista, de independencia de clase y se articule en una coordinadora unitaria. El llamado a un congreso de bases del conjunto del movimiento obrero, con delegados de todos los gremios organizados y las empresas no organizadas, puede ser un gran paso adelante para proyectar una nueva dirección.

Hay sectores de la izquierda peruana que han colocado su centro en el próximo proceso electoral. Pero allí, lamentablemente, los trabajadores no tendrán una expresión política independiente. Se los tratará de arrastrar al apoyo a candidaturas burguesas. Hay que concentrarse en organizar la resistencia a los ataques gubernamentales y patronales contra las condiciones de vida de las masas. Para ello, avanzar en la construcción de un partido de los trabajadores (as), independiente de la burguesía, que se plantee como norte estratégico la lucha por un gobierno obrero y campesino, es fundamental.