Solo se necesitaban 87 votos, pero con los 105 votos a favor (de 132), 19 en contra y 4 abstenciones, el Pleno del Congreso acaba de destituir [en la noche del lunes] al presidente de la República por “permanente incapacidad moral”. Esta nueva correlación de fuerzas se debe, entre otras cosas, a los últimos escándalos de corrupción que involucran a Martín Vizcarra (habría recibido casi 2 millones 300 mil de soles de “coima” por obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua), así como a la polarización que decidió profundizar el mandatario al meter en prisión al líder del partido Podemos Perú, Pepe Luna, en la persistente confrontación con el Legislativo.

La vacancia presidencial es una figura legal que está contemplada en el artículo 113, numeral 1, de la Constitución Política de 1993 donde señala que “el Presidente de la Republica vaca por su: permanente incapacidad moral o física”. A la misma vez, en el artículo 117, bajo el título de “excepción a la inmunidad presidencial”, dice: “el Presidente de la República sólo puede ser acusado, durante su período, por traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

Justamente, es este último artículo el que ha sido mencionado por los defensores del gobierno para señalar que la vacancia no “tendría asidero”. Al contrario, la narrativa del vizcarrismo durante los últimos meses ha apuntado a señalar que “son los del Congreso los que quieren dilatar las elecciones y que estarían planeando un golpe de Estado”.

“Está haciendo una interpretación arbitraria de lo que dice la Constitución referente a lo que es la vacancia del presidente”, declaró el ex general y actual premier Walter Martos (diario Exitosa, 11/9), cuando se presentó la moción de la primera vacancia por el escándalo “Richard Swing”. Luego, dijo: “en este momento hay muchos congresistas que están interesados en que estas leyes de impedimentos no se aprueben. Hay muchos intereses de que ciertas leyes populistas se aprueben de inmediato, creando una inestabilidad fiscal innecesaria. Hay muchos intereses de frenar toda la reforma política y de justicia”. Se refiere a leyes como la de la devolución de los aportes al sistema de jubilación privada como las AFPs o la estatal ONP donde están involucrados más de 4 millones de peruanos, y que sus aportantes demandan se les devuelva para afrontar la crisis económica.

Es cierto que hay varias bancadas parlamentarias que funcionan como mafias. Pero el Ejecutivo no se quedó atrás. Todo este tiempo de pandemia, solo ha beneficiado a la elite capitalista con leyes que vulneran los derechos de los trabajadores y con un salvataje de 60,000 millones de soles. Además, no hay que olvidar que este Congreso cedió facultades legislativas a Vizcarra “para enfrentar la pandemia” y hasta ahora no aprueba una ley que le imponga un impuesto a las grandes fortunas. Y ambos, Legislativo y Ejecutivo, juegan en pared con la banca usurera que cobra los intereses más caros de la región.

En su Mensaje a la Nación, Vizcarra, dijo que “hoy mismo dejaba Palacio”, sin dejar de denunciar los intereses subalternos que están detrás de los promotores de la vacancia. Y es que el desprestigio de los líderes de la vacancia es tal que varios líderes y candidatos presidenciales como Julio Guzmán, Verónica Mendoza, George Forzay, etc. están pronunciándose contra “el golpe de Estado del Congreso” y se están movilizando con cientos de militantes y ciudadanos en las afueras del Legislativo.

Al parecer, el desgaste político por las sucesivas denuncias de corrupción y sus aires “bonapartistas”, terminaron por quitarle la confianza de grupos empresariales importantes como el Grupo Miroquesada (dueño del 85% de la prensa nacional y vinculado a la construcción y escándalo Lavajato) y la OEA. A esto habría que agregarle sus ataques al equipo legal de Lavajato y al connotado periodista César Hildebrant.

Como siempre hemos señalado, esta es una pugna entre dos mafias por el poder político para lucrar y gobernar al servicio de la patronal Confiep. Los trabajadores no podemos confiar en el nuevo presidente Manuel Merino. Debemos confiar solo en nuestras fuerzas y el desarrollo del sindicalismo combativo y clasista.

En ese sentido, llamamos a la clase trabajadora a luchar organizadamente por asamblea de bases en los centros de trabajo que apunte a un Encuentro de trabajadores para desarrollar un plan de lucha que supera las luchas aisladas y combata por:

1.-Un plan integral de salud pública que convoque a más personal de salud (con 4 turnos, negociación colectiva y beneficios laborales).

2.-Derogatoria del DU 014, que elimina la negociación colectiva en el sector público.

3.-Una ley que regule los protocolos en los centros laborales y barrios bajo la dirección del Minsa (Ministerio de Salud).

4.-La triplicación del presupuesto de salud (que atienda las demandas del personal y la infraestructura).

5.-Salarios al nivel de la canasta básica

6.-Ningún despido ni cese colectivo

7.-Desjudicialización y operatividad de decenas de hospitales que están por “liquidar”.

8.-Organización de la distribución de los kits y víveres por los gremios populares.

9.-Rechazo a las leyes del “gatillo fácil”

. 10.-Que la banca privada, la minería y las farmacéuticas pasen al poder del control público.

11.-Desconocimiento de la deuda con el FMI y no pago de la deuda externa.

Lima, lunes 9, 22 horas

 

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