En diversas partes del mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Grecia, los trabajadores de la salud han reaccionado en reclamo de equipos de protección e insumos sanitarios, en medio de la pandemia de coronavirus. Esto forma parte de una reacción más general de los trabajadores en medio de la crisis.  

En Perú, desde la semana pasada, doctoras/es y enfermeras de diversos hospitales (de Lima, Ayacucho, Cajamarca, etc.) reclaman mayor presupuesto para el Ministerio de Salud. Se necesita, con urgencia, equipar los hospitales con camillas y respiradores, agilizar el resultado de los testeos y garantizar al personal médico todos los elementos de bioseguridad.

Las enfermeras se colocaron a la cabeza de esta lucha, nucleadas en el Sindicato Nacional de Enfermeras del Seguro Social de Salud (SINESSS). La gran mayoría de doctoras/es adhirieron a los piquetes que se realizaron en las afueras del hospitales, mientras que otro sector se niega rotundamente a atender pacientes hasta no recibir insumos. Por otro lado, en Ayacucho, se adeuda el salario de 52 trabajadores desde enero (Perú 21, 9/4). 

Pero el gobierno hace oídos sordos y ha truncado toda circulación de información. Por decreto, prohibió las declaraciones a la prensa de cualquier trabajador de la salud (Perú 21, ídem). Si bien no hay cifras oficiales de contagios y muertes, se sabe que, como mínimo, hay diecisiete enfermeras contagiadas y un doctor muerto en las últimas horas (La Capital, 10/4). El gobierno es responsible de no proveer los EPP para atención médica.

En medio de esta situación, está ausente por parte de la conducción de la CGTP (central obrera) un planteo para unificar a los trabajadores y desarrollar medidas de lucha por las reivindicaciones planteadas: suspensión de toda actividad no esencial, licenciamiento sin afectar el salario, prohibición de despidos, estrictas medidas de seguridad en las áreas de trabajo esenciales.

Esto es más importante aún considerando que la Confiep, la cámara patronal, ya ha definido su “pliego reivindicativo”. En una carta al ministerio de Trabajo, pide poder iniciar despidos masivos y “licencias sin goce de haber” (Wayka, 8/4).

El gobierno de Martín Vizcarra ha adoptado medidas completamente insuficientes frente a la pandemia y su impacto socioeconómico, como el bono de 380 soles para trabajadores informales. Es claro que esta medida no tiene ningún alcance; lo que sucede es que el gobierno está ocupado atendiendo otros reclamos, los de las mineras multinacionales, a las que eximió de la cuarentena mediante un decreto rectificatorio.  

Paralelamente, se está usando al coronavirus como pretexto para reforzar el aparato represivo del Estado. Esto se ve en la aprobación parlamentaria de un proyecto que ampara a las fuerzas policiales ante el uso de armas de fuego, al estilo de la doctrina Chocobar de la ex ministra de seguridad argentina, Patricia Bullrich. Esta ley fue promovida por sectores del fujimorismo, el aprismo y otros partidos del régimen, y cuenta con la complicidad del Poder Ejecutivo.

Por lo pronto, ya hay numerosas denuncias de abuso por parte de las fuerzas policiales y militares en el marco de la cuarentena.

Viva la lucha de los trabajadores por sus condiciones laborales, de seguridad e higiene. Abajo la represión.