“…Incluso un golpe parlamentario, aún con Castillo desgastado, podría generar una rebelión popular en las masas andinas por cuestiones culturales y clasistas …”, señalamos el año pasado (“Perspectivas para Castillo”, 26/8/21). Y en efecto, el golpe de estado congresal (que cuenta con la venia de las FF.AA., la PNP (policía nacional de Perú) y la OEA contra Castillo fue recibido con una rebelión popular en desarrollo -y de características insurreccionales en algunas regiones.

La tendencia que asoma en Apurímac

En este departamento estamos observando el inspirador levantamiento popular que, a través del método de la huelga general indefinida, aprobado por las organizaciones populares de la ciudad, está poniendo contra la pared al gobierno. Las comisarías, aeropuerto e instituciones públicas fueron bloqueadas y terminaron incendiadas. No se puede mover un alfiler si no es a través del permiso del movimiento de masas.

Los golpistas esperaban una reacción pasiva, producto del trabajo de desgaste llevado adelante por Castillo. Pero…, al contrario, el movimiento de masas laboriosas ha respondido con una rebelión popular que en varios puntos del país comienza a plantear objetivamente la cuestión del poder político. Esta cuestión todavía está en desarrollo, retrasada por la ausencia de direcciones de masas reconocidas, independientes de la burguesía y el Estado.

En Arequipa se tomó la fábrica del poderoso grupo de poder Gloria. En el Amazonas, Ucayali, Iquitos, San Martín, Puno, Cusco, etc., las comunidades indígenas alertan a la población citadina que se abastezca de víveres porque van a ir a una huelga general indefinida. En varias regiones, la rabia acumulada de los trabajadores contra la superexplotación histórica y actual de las clases dominantes se manifiesta en la ocupación y el incendio de las instituciones del Estado capitalista: oficinas del Ministerio Público, la fiscalía, etc., identificadas como antros de corrupción.

Adelanto de elecciones a 2024, una maniobra

La determinación del pueblo obrero y campesino contrasta con la del golpismo que, a tres días de la vacancia, se vio obligado a declarar a través de la golpista Dina Boluarte, “el adelanto de elecciones para 2024”. Una maniobra política para confundir, desmovilizar al pueblo en lucha y continuarse el gobierno golpista en el poder. La declaración del estado de emergencia decretado en varias regiones para legitimar la represión acompaña a la maniobra política continuista. Palo y continuismo. Impuesta la desmovilización popular, profundizarán los planes de ajuste contra los trabajadores para garantizar las superganancias de los monopolios que plantea la urgencia de abastecer de los minerales peruanos -como el oro, cobre, litio, etc.- al imperialismo en guerra. Incluso, Boluarte acaba de plantear la posibilidad de adelantar más las elecciones para 2023, planteando que eso depende del Congreso: otra maniobra para ponerle paños de agua fría al fuego de la rebelión social.

Hay que señalar que la represión se está convirtiendo en una masacre ya que, oficialmente, van siete muertos, la mayoría jóvenes trabajadores o estudiantes.

Por la unidad de los trabajadores a través de una Asamblea Popular Revolucionaria

La dinámica de la lucha de clases en Perú necesita de la unidad de los trabajadores. De no aplastar a fuego y sangre la rebelión popular, el golpismo podría recurrir -como último recurso- a Castillo para que apacigüe a las masas plebeyas. Por ahora están desenvolviendo una campaña macartista, creando los fantasmas de siempre del terruqueo (terrorismo) y vandalismo detrás de las protestas. La verdadera violencia de las clases dominantes es la desnutrición y pobreza de una inmensa mayoría de la población y la superexplotación de los trabajadores.

El golpismo observa que las protestas en Lima no alcanzan todavía el nivel de la rebelión popular de 2020 (cuando voltearon a Merino). Las clases medias han sido manipuladas con la consigna de que “Castillo es corrupto e incapaz”. Los golpistas han tomado Centro de Lima y la Plaza San Martín con 5.000 policías. Estamos asistiendo a una represión feroz en nombre de la “democracia”.

La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) y las organizaciones obreras y de los explotados (varias de ellas integrantes de la llamada Asamblea de los Pueblos) deben romper con la política de colaboración de clases e impulsar la lucha popular para echar al gobierno golpista. Impulsar las movilizaciones hacia la huelga general.

Por una Asamblea Constituyente soberana impuesta por la rebelión popular

Como consigna transicional a un gobierno de los trabajadores y explotados es fundamental proponer que además de la libertad a Pedro Castillo (quien ha llamado a seguir movilizándose) y el cierre del Congreso, se imponga una Asamblea Constituyente soberana (sin poderes paralelos) que gobierne el país. Esta cuestión implica que los comités de huelga o asambleas populares en provincias elijan a sus delegados y promuevan la creación de una gran Asamblea Popular Nacional Revolucionaria con el fin de imponer la Constituyente.

Es necesario imponer la fuerza unitaria y organizada del 90% de la población trabajadora del país. Contra el Estado capitalista y sus instituciones explotadoras, debe legislar la nueva Constituyente con resoluciones que se hagan efectivas de facto, con el pueblo movilizado, que tengan como una de sus primeras medidas el aumento de salarios al nivel de la canasta básica familiar, pase a planillas de los tercerizados, CAS nunca más, fertilizantes para los agricultores, mayor presupuesto para la educación y salud, la nacionalización de Repsol, Camisea y las mineras, para ponerlas a funcionar bajo el control de los trabajadores.

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