El 10 del corriente, el gobierno de Martín Vizcarra fue volteado por un golpe operado desde el Parlamento. Inmediatamente, Manuel Merino pasó, de la presidencia de la Unicameral, a ser ‘elegido’ presidente del Perú.

Pero, 5 días después, el domingo 15, Merino presentó su renuncia como presidente y junto con él caía también el jefe de gabinete y los ministros que aún continuaban. Porque ya desde la noche del sábado la mayoría de ellos había ido renunciando. Desde el mismo momento que Merino asumió comenzaron las manifestaciones contra el golpe, en su mayoría protagonizadas por jóvenes universitarios. El nuevo gobierno respondió con represión. Esta, en lugar de hacer refluir las protestas, las incrementó, radicalizó y extendió a todas las ciudades del Perú. El sábado 14 fue el apogeo de las marchas… y de la represión. Más de 100 mil jóvenes, en su mayoría, hicieron recordar las escenas del ‘Argentinazo’, donde los choques policiales en las calles llevaron al gobierno de De la Rúa a decretar el estado de sitio primero y luego, ante el incremento de las movilizaciones que iban de cabeza a un levantamiento general, a renunciar y huir de la Casa de Gobierno en helicóptero. El sábado fueron asesinados por la policía, Inti Sotelo Camargo y Bryan Pintado Sánchez (24 y 22 años), un centenar de jóvenes heridos y otra cantidad mayor detenida (varios secuestrados por personal civil).

Merino, acosado por la fiereza de la lucha juvenil, convocó el domingo a la mañana a los comandantes de las Fuerzas Armadas. Como estos decidieron no concurrir, como se dice ‘soltándole la mano’, presentó su renuncia un par de horas más tarde. Fue acompañada, también, por la del presidente del parlamento que había sucedido a Merino en ese cargo. El Perú quedo acéfalo casi un día entero. Nerviosas negociaciones se realizaron durante la jornada y al día siguiente, bajo la amenaza directa de nuevas convocatorias a las marchas, el Congreso eligió presidente a Francisco Sagasti, del Partido Morado.

Nuevo cuadro político

Vizcarra cayó por un golpe. Pero la renuncia de Merino fue producto directo de las masivas y combativas movilizaciones de la juventud.

Intentos de algunos medios de prensa de encauzar las marchas contra el golpe como marchas por la restitución de Vizcarra, fracasaron. Las consignas de las marchas y los piquetes que se organizaron e hicieron frente a los ataques policiales, eran: “ni Vizcarra, ni Merino”, acompañadas en muchos casos por el “tampoco el Congreso corrupto y golpista” y por el “que se vayan todos”, “por una Asamblea Constituyente”.

El Congreso tuvo dificultades para encontrar el ‘candidato’ sucesorio. Porque la destitución de Vizcarra fue por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones. Casi todos los partidos actuantes votaron la destitución. El único que no lo hizo fue el Partido Morado, de centro derecha, que era la octava minoría en la Unicameral y que con un 7% en las elecciones tenía 9 diputados. Y el centroizquierdista Frente Amplio que con 5% de los votos, había descendido en las últimas elecciones de 20 a 9 diputados y era la minoría 11° del parlamento. El Frente Amplio votó dividido, unos por la destitución de Vizcarra y otros en contra.

No tuvieron más remedio que buscar entre estas dos fuerzas minoritarias a los postulantes para ‘elegir’ al nuevo presidente del Perú y al de la Unicameral. No había otros. Todos los demás habían votado por la destitución golpista de Vizcarra. Y si se elegía de esta cantera golpista, se corría el riesgo que se profundizara la movilización popular tras la consigna del “que se vayan todos”. La burguesía prefería no correr el riesgo. El Congreso votó que dos partidos minoritarios, los únicos que se opusieron a la destitución de Vizcarra, se hicieran cargo del Poder Ejecutivo y del Legislativo: Francisco Sagasti, del Partido Morado, como presidente nacional y Mirtha Vázquez, del Frente Amplio, presidente de la Unicameral.

El objetivo central del nuevo gobierno es contener, evitar que se continúe, profundice y extienda la movilización juvenil y las demandas obreras y populares. Trata de encauzar estas tras las convocadas elecciones de abril próximo. Pretende defender las ‘conquistas’ reaccionarias y antiobreras obtenidas en este período y recauchutar el aparato estatal golpeado por la irrupción de las masas.

Es un gobierno continuista. Algunos de sus ministros son, directamente, del gobierno de Vizcarra. En primer lugar, el ministro de Trabajo, responsable directo de dar el visto bueno con el cual las patronales -en el marco del sistema de la “suspensión perfecta” que él instaló- han cesanteado a miles de trabajadores. Otro es el de Salud, el que llevó al Perú al podio de los países más castigados por el Covid-19.

Violeta Bermúdez, la nueva jefa de gabinete, salió a plantear que se investigara, en el ámbito ‘administrativo’, el asesinato de los dos jóvenes y el carácter criminal de la represión. Señaló que el objetivo del esclarecimiento era salvar la “institución”: que no quedara manchada la misma por el accionar descontrolado de un grupo. Una ‘institución’ que consideró fundamental por ser parte del sistema de gobierno y de las “relaciones con la ciudadanía”.

En este contexto, cobran especial relevancia las consignas de: cárcel, juicio y castigo a los ejecutores y los responsables de la represión. Libertad a todos los detenidos. Indemnización del Estado a las víctimas. Disolución de los cuerpos represivos.

El gobierno de Vizcarra gobernó en acuerdo con las grandes mineras y la cámara empresaria Confiep (los llenó de subsidios) y llevó adelante fuertes ataques contra las conquistas y condiciones de vida de los trabajadores.

La crisis desatada en las alturas y la irrupción de masas que derribó al gobierno Merino, crean una nueva relación de fuerzas. Es hora de salir a reclamar por el salario, la derogación de la ‘suspensión perfecta’, la reincorporación de los cesanteados y suspendidos, la recuperación de las paritarias clausuradas por el gobierno, etc. Hay condiciones políticas y sociales favorables para encarar estos reclamos, reorganizar las filas del movimiento obrero y pasar a la acción directa para imponerlas.

La fuerza de la irrupción juvenil logró tirar abajo a Merino, pero no pudo avanzar para que se vayan todos. La burguesía ha maniobrado rápidamente. Los límites de la irrupción juvenil no están dados por su falta de valentía sino por la falta de una dirección política que arrastrara a todo el pueblo explotado y en primer lugar a los trabajadores a la huelga general por todos los reclamos de las masas, por el que se vayan todos, y por una Asamblea Constituyente soberana.

La burocracia stalinista de la central obrera (CGTP) inicialmente llamó al ‘diálogo’ con el gobierno Merino. Cuando las movilizaciones fueron creciendo se plegó al reclamo de la renuncia de este. Pero convocó a una jornada de lucha recién para… el miércoles 18 de noviembre (una semana después que empezara la irrupción combativa de la juventud). En el marco de una lucha tan fuerte, una semana es una eternidad. En el ínterin, se produjo el gran choque del sábado 14 y la renuncia de Merino el domingo 15. El movimiento obrero no fue organizado, ni convocado a parar y a salir a la calle junto a la juventud. Los jóvenes obreros que se plegaron lo hicieron por la propia, al margen de la pasividad de la CGTP y de las direcciones sindicales.

“Que se vayan todos”

Es la consigna central que mantiene vigencia. No sentarse a esperar las elecciones de abril, sino desarrollar la acción directa reclamando “que se vayan todos ¡ya!. Por una Asamblea Constituyente soberana”. Todo el aparato estatal está corrompido, no solo Vizcarra y Merino. El Congreso que votó la destitución golpista y el nombramiento de Merino, luego le aceptó su renuncia y nombró a Sagasti como presidente. Y la justicia cómplice: todos deben ser echados. Y esto solo será posible con la movilización general de los trabajadores, campesinos y estudiantes. Con la huelga general.

El nuevo presidente Sagasti ha declarado que la convocatoria a una Constituyente no es prioridad de su gobierno de transición. Lo que prevalece, al menos por ahora, es el temor fundado a que una Constituyente que funcione bajo el clima generado por la caída de Merino, pueda acelerar un desmadre de la situación y ser sometida a presiones y resoluciones fuera de su control. La burguesía quiere que se ‘mantengan todos’ y para eso propone esperar las elecciones de abril (donde se elegirán entre los partidos que los contienen a ‘todos’ y que se presentaron antes de la crisis y la caída de Merino, y, donde estarán proscriptas las nuevas fuerzas y la izquierda que se han destacado y surgido de las recientes luchas).

La consigna de la Constituyente no debe ser entendida solo para modificaciones en el plano institucional, sino para reformular toda la vida nacional. Para imponer las medidas que saquen a las masas trabajadoras de la crisis en que están sumergidas (nacionalización del sistema de salud, expropiación de las mineras, revolución agraria, control obrero, ingreso irrestricto de los hijos del pueblo trabajador a la Universidad pública y gratuita, nacionalización del sistema previsional: basta de AFP, no pago de la deuda pública: plan nacional de obras públicas y viviendas populares, etc.).

El problema central es entonces ayudar a dotar a las masas en lucha de direcciones consecuentes, de independencia de clase. En primer lugar es necesario reclamar a la dirección de la CGTP que rompa su subordinación a los gobiernos y frentes burgueses y lance un plan de lucha que culmine con la huelga general por los reclamos de las masas (derogación de la ‘suspensión perfecta’, etc.) y que se pronuncie por el “que se vayan todos” y por una Asamblea Constituyente soberana. Es necesario reorganizar al movimiento obrero hoy fuertemente atomizado: por un congreso de bases con delegados elegidos en las fábricas para discutir cuál es el programa y la orientación que deben asumir los trabajadores frente a esta crisis.