El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumple una condena a 25 años de prisión por “crímenes contra la humanidad”, debido a su responsabilidad en las masacres de Barrios Altos y La Canuta, en las que más de veinte personas fueron asesinadas por el Grupo Colina, un escuadrón paramilitar creado bajo su gobierno.

La orden judicial restablece el indulto con que Fujimori había sido favorecido en 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, quien tomó esa resolución a cambio del apoyo político del fujimorismo en el Congreso, de manera de evitar su vacancia. Ese indulto, sin embargo, fue revocado por la Corte Suprema dos años más tarde.

El nuevo fallo judicial, que se ampara en presuntos problemas de salud del exmandatario, ratifica una decisión previa de 2022 que hace caso omiso de resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tribunal que en 2018 consideró inconveniente el indulto y en 2022, a su vez, había solicitado al Estado peruano que se abstuviera de una liberación del exdictador, hasta tanto pudiera analizar un recurso presentado por familiares de las víctimas. Ahora, la CIDH instó a Perú a que no se libere al expresidente hasta cerciorarse de que la orden cumple las condiciones de su fallo de 2022.

La liberación de Fujimori ni siquiera fue resuelta por la totalidad de los integrantes del TC. César Ochoa, uno de los magistrados del tribunal, sostuvo que el presidente del mismo, Francisco Morales, no convocó a la audiencia correspondiente, y que se enteró de la decisión por los medios. Manuel Monteagudo, otro de los togados, dijo que el tema ni siquiera estaba en la agenda del tribunal.

El nuevo operativo de impunidad desató la movilización de los familiares de las víctimas, que se concentraron frente al Palacio de Justicia, en Lima, bajo la consigna “indulto es insulto”.

El gobierno de Fujimori está acusado no solo de los crímenes del Grupo Colina sino también de la esterilización forzosa de 200 mil mujeres indígenas, así como de diversas tramas de corrupción y de espionaje ilegal. Fujimori asumió la presidencia en 1990, tras vencer en un ballotage al escritor Mario Vargas Llosa, y aplicó una rabiosa política de ajuste y privatizaciones. En 1992, dio un autogolpe, disolviendo el Congreso e interviniendo la justicia. En 2000, huyó hacia Japón, desde donde envió su renuncia por fax, en medio de un repudio masivo por su re-reelección fraudulenta.

La orden del Tribunal Constitucional se conoce a casi exactamente un año del golpe de Estado que encumbró a Dina Boluarte en la presidencia de Perú. Su gobierno llevó a cabo una masacre contra las manifestaciones en su contra, que dejaron más de 70 muertos.

Es un régimen político de impunidad, corrupción y matanzas contra el pueblo.

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