El fin de semana pasado estallaron movilizaciones en Moldavia, alentadas por la oposición, ante el alza imparable en el costo de vida. Uno de los reclamos es que el Estado subvencione las facturas de energía durante los meses de invierno.

Moldavia, lindante con Ucrania, es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado en el este europeo. Es una pieza  disputada entre el imperialismo yanqui y europeo, de un lado, y Rusia, del otro.

En 2020, asumió la presidencia Maia Sandu, del partido Acción y Solidaridad, que impuso un gobierno prooccidental, reforzando lazos con la Unión Europea (es candidata a integrarse al bloque comunitario) y la Otan. Desde 2016, rige un acuerdo de asociación con la alianza atlántica.

A su vez, el nuevo gobierno busca que la UE imponga sanciones a los oligarcas prorrusos.

El alineamiento de Sandu con Occidente desató represalias del Kremlin, que redujo las entregas de gas natural a Chisinau. Para contrarrestarlo, Moldavia está comprando gas a la vecina Rumania, a Eslovaquia y Grecia.

Los problemas energéticos fueron una de las razones que llevaron a comienzos de este mes a la renuncia de la primera ministra Natalia Gavrilita (y con ella de todo el gabinete), quien afirmó que “gobernábamos en un régimen de crisis continua” (DW, 10/2). Como reemplazante, asumió Dorin Recean, que supo cumplir importantes funciones en el área de seguridad.

Sandu denunció, la semana pasada, un plan ruso para derrocar su gobierno y lanzó una ola de detenciones. Bajo la coartada de una supuesta conspiración del Kremlin, busca frenar los reclamos populares en uno de los países más pobres y con los sueldos más bajos del continente.

Moscú no se quedó quieto: Putin acaba de revocar un decreto de 2012 que planteaba la resolución de la cuestión de Transnistria en los marcos de la “soberanía” e “integridad territorial” de Moldavia. Transnistria es un territorio autónomo que se separó en 1990, de población ruso-parlante.

La presencia de tropas rusas en Transnistria llevó en las primeras semanas de guerra en Ucrania al régimen de Volodomir Zelensky a denunciar un plan ruso para extender la invasión por el sur ucraniano hasta aquél territorio, formando así un corredor ruso.

Es en esta zona tan sensible de Europa que se están desarrollando las manifestaciones populares. Las organiza el flamante Movimiento por el Pueblo, en el que incide el Shor, una formación que el gobierno quiere ilegalizar por supuestos vínculos con el Kremlin.

La eventual presencia de intereses rusos no quita legitimidad a las demandas populares contra el alza inflacionaria y el gobierno proimperialista. En varios países europeos han estallado olas de huelgas y manifestaciones por el salario y contra la suba de precios de los alimentos y las tarifas. Son expresiones de la crisis capitalista, agravada por la guerra.

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