“La visión de la nacionalización entendida como expropiación o confiscación de la propiedad de las empresas no va; quien responda ‘sí’ a la primera pregunta del referéndum sabe que no iremos a la nacionalización. Esto es claro e inequívoco” (Econoticias, 9/7).

Esto es lo que dijo Carlos Mesa al empresariado reunido en Santa Cruz; ratificaba así lo que ya le había anticipado a los jefes de las petroleras y a los embajadores de los países interesados: que los contratos vigentes, establecidos por Sánchez de Lozada, no se anularían ni se renegociarían, aún cuando la ley dictada por el Goñi fuera derogada.

El gas no cambiará de manos. Tampoco aumentarán los ingresos fiscales por la explotación del gas. En la revista América Economía, se informaba hace un tiempo que “fuentes cercanas a la petrolera (Repsol)” sostienen que “la nueva legislación tributaria que propugna Mesa no afectará significativamente sus intereses porque está diseñada tan sólo para que la población más pobre de América crea que el Estado está haciendo algo para recaudar más tributos”.

El objetivo del referéndum es viabilizar la continuidad de la entrega del gas y del petróleo y, por sobre todo, darle a Mesa una autoridad política para reprimir, “con la ley en la mano”, a quienes se opongan a la entrega.

Militarización y fraude

Para asegurarse el triunfo, Mesa ordenó la militarización del país. El ejército fue dispuesto para ocupar las rutas y las ciudades para impedir manifestaciones populares; se establecieron penas de cinco años para quienes “obstaculicen” la votación. Las organizaciones populares denuncian que existen planes oficiales de detenciones preventivas. Para comprar la “confianza” del ejército, la nueva ley de hidrocarburos de Mesa destina una parte de la recaudación fiscal a las Fuerzas Armadas.

“Especialistas bursátiles de España y Europa adelantaron que las acciones de la petrolera española aumentarán su valor unitario en 0,85 dólares, lo que significará una valorización de 1.000 millones de dólares para Repsol, si se consolidan los resultados de la consulta” (Econoticias, 9/7). Las petroleras financian la campaña oficial por el referéndum, según denunció el presidente de la Comisión de Desarrollo Económico de la Cámara de Diputados.

Evo Morales

El arco político que apoya el referéndum y la continuidad del saqueo del gas, sin embargo, es mucho más amplio. Las centrales empresarias de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz llamaron al pueblo a votar. También la Iglesia católica, la mayoría de la prensa y, claro, los partidos oficiales.

Entre estos últimos hay que incluir al MAS de Evo Morales. El apoyo incondicional de Morales al gobierno y al referéndum de la Repsol le ha valido su expulsión de la COB con el cargo de “traidor”.

Operativo internacional

El Banco Mundial condicionó el desembolso de los préstamos acordados a Bolivia al “éxito” del referéndum. Enrique Iglesias, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (y posible ministro de Economía del Uruguay si gana el FA), viajó a La Paz para apoyar a Mesa.

El papel central en este operativo internacional, sin embargo, lo juegan dos gobiernos vecinos.

Kirchner, por pedido directo de Bush (según Morales Solá, de Repsol y Techint), acordó la compra del gas boliviano que, triangulación mediante, llega a Chile. Esa compra, según los diarios bolivianos, fue “un salvavidas” para Mesa. Kirchner hizo más: ha alentado a Morales a apoyar al gobierno y al referéndum, con la promesa de apoyarlo a él en unas futuras elecciones presidenciales.

Lula, para impulsar el “éxito” del referéndum, “condonó” a Bolivia una deuda de 52 millones de dólares, prometió créditos por 600 millones y viajó a la frontera para promocionar un futuro “polo petroquímico” en el que, además de Petrobras, participarían varias empresas privadas. En el acto, Lula no se privó de respaldar el referéndum.

“La fugaz presencia de Lula sirvió para dejar en claro que el referéndum no afectará los intereses brasileños y que el gobierno boliviano respetará los contratos y privilegios concedidos a Petrobras” (Econoticias, 9/7). Petrobras es, después de Repsol, uno de los principales beneficiarios de la entrega del gas y el petróleo bolivianos. Controla la sexta parte de todas las reservas de gas y petróleo, y recibió mega-campos gasíferos como el de San Alberto y otros, con una rebaja tributaria del 32%. En el mismo momento en que Lula respaldaba a Mesa, los indígenas de la región de San Alberto marchaban a La Paz en reclamo de que Petrobras pague el arrendamiento correspondiente por las tierras que utiliza para su planta de procesamiento de gas.

Anti-Octubre

Detrás de Mesa y su referéndum se ha formado un frente único de los explotadores y saqueadores de Bolivia. El referéndum es un instrumento de los explotadores para cerrar la crisis del Estado abierta por el levantamiento popular del año pasado.

La COB, la central campesina CSUTCB y otras organizaciones sindicales de base han declarado el boicot al referéndum. Planean organizar manifestaciones, cortes de ruta y una movilización para impedir la votación.

Las organizaciones obreras y campesinas llegaron a esta posición, sin embargo, por descarte. Hasta hace poco insistían para cambiar las preguntas del referéndum. Se pretendió disimular el carácter entreguista y reaccionario del referéndum, invocando su condición de conquista democrática reciente (ver Declaración de las Organizaciones Sociales Bolivianas). Detrás de esta perspectiva, una parte de la izquierda boliviana apenas escondía su intención de llegar a un acuerdo con Mesa. Fue un fracaso rotundo. Las organizaciones obreras y campesinas llegan al referéndum en retroceso. Pero los resultados del referéndum, que serán inevitablemente trucados, no cierran la gran crisis por la que atraviesa Bolivia.