Provinciales
19/10/2026
Tierra del Fuego y la modificación de la Zona Fría
El gas no puede ser un negocio para las corporaciones ni un instrumento de expulsión de la Patagonia austral.
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La eliminación de las garantías legales del régimen de Zona Fría abre la puerta a tarifazos brutales en el extremo austral. Mientras las distribuidoras reciben rescates multimillonarios, las familias fueguinas enfrentan boletas imposibles, despidos industriales y un gobierno provincial que acompaña el ajuste sin usar los recursos del Estado para frenarlo.
El gobierno de Javier Milei, con la complicidad de sus aliados legislativos, modificó de manera profunda el régimen de Zona Fría y desarmó una protección que durante décadas reconoció las condiciones climáticas extremas, la lejanía y los costos energéticos de la Patagonia austral. La reforma no es un ajuste técnico ni una “racionalización” de subsidios. Es una decisión de clase: traslada al pueblo trabajador el costo de una crisis que no generó, mientras protege las ganancias de las empresas energéticas y de los grandes grupos económicos.
Hasta ahora, el 50% de descuento en el consumo de gas de Zona Fría tenía respaldo legal. Eso significaba, aunque fuera de manera limitada, un reconocimiento de que vivir en Tierra del Fuego implica temperaturas extremas, inviernos prolongados y una dependencia estructural del gas para calefaccionar, cocinar y sostener la vida cotidiana.
Con la nueva normativa, esa garantía desaparece. El beneficio queda condicionado a la decisión del Poder Ejecutivo nacional y a los filtros del registro Rasef, que restringe el acceso mediante requisitos socioeconómicos cada vez más excluyentes. El resultado es que miles de familias quedan expuestas a aumentos inmediatos que, según las estimaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego o del Sutef, las boletas residenciales subirían entre el 27,5% y el 31,5% y en algunos casos hasta puede llegar al 106% de aumento.
En el sur del país, el gas no es un gasto opcional, es una necesidad básica. Durante gran parte del año, las familias deben calefaccionar sus viviendas para enfrentar temperaturas bajo cero, vientos intensos y largas noches invernales. Por eso, el aumento del peso del gas en la Canasta Básica Total revela el carácter confiscatorio de la política tarifaria: pasó de representar el 1,74% en 2024 a superar el 11% en 2026. En la práctica, una parte cada vez mayor del salario se destina simplemente a no congelarse en la propia casa. Mientras tanto, las tarifas avanzan atadas a variables dolarizadas, mientras los salarios se pagan en pesos y pierden poder de compra mes a mes. Es una ecuación que condena a las familias trabajadoras a elegir entre pagar la boleta, comprar alimentos o cubrir medicamentos.
Rescate a las empresas, miseria para el pueblo trabajador
La política energética del gobierno muestra con claridad a quién protege. A las distribuidoras Edenor y Edesur se les perdonó una deuda superior a los 2.000 millones de dólares con Cammesa, la empresa estatal que integra el sistema eléctrico nacional.
Ese perdón se presentó como una compensación por supuestos desequilibrios del pasado. Pero, para los trabajadores, significa algo mucho más simple: las corporaciones reciben miles de millones, mientras el pueblo recibe tarifazos, recortes y desprotección. En Tierra del Fuego, los legisladores Santiago Pauli, Miguel Rodríguez, Agustín Coto y Belén Monte de Oca acompañaron esta ofensiva con sus votos. Al hacerlo, convalidaron una política que debilita el arraigo en una provincia estratégica para la soberanía nacional, por su posición frente al Atlántico Sur y su proyección hacia la Antártida.
El gobernador Gustavo Melella acompaña la ofensiva con medidas propias. Mediante los decretos de segmentación 2112/25 y 505/26, el Ejecutivo provincial recortó subsidios al Gas Licuado de Petróleo (GLP), que utilizan precisamente las barriadas populares que no cuentan con red de gas natural. Es decir: los sectores que ya viven con menor infraestructura y mayores costos reciben un golpe adicional. La provincia tiene herramientas legales, presupuestarias y políticas para enfrentar el ajuste, pero el gobierno de Melella se limita a expresar reclamos públicos mientras no modifica las decisiones que profundizan el saqueo.
Despidos, cierres y una provincia en riesgo
La ofensiva tarifaria se suma a una crisis económica que ya golpea con fuerza a Tierra del Fuego. A nivel nacional, se registraron cierres de alrededor de 30.000 empresas y la pérdida de más de 300.000 puestos de trabajo. En Río Grande, el impacto sobre el empleo industrial es especialmente grave: el derrumbe roza el 45%. La construcción, el comercio, la industria textil y las terminales electrónicas concentran despidos, suspensiones y caídas de producción. Cada fábrica que cierra y cada puesto que se pierde debilita el arraigo de las familias en la provincia. El tarifazo al gas funciona como un nuevo mecanismo de expulsión: encarece la vida, golpea a los comercios, presiona a las industrias y empuja a miles de personas a migrar en busca de trabajo.
La organización y la respuesta desde abajo
Frente a esta situación, la Mesa Interbarrial de Ushuaia demostró que la salida no está en esperar a los funcionarios ni en las promesas electorales de los partidos patronales. La organización popular volvió a poner en el centro la movilización, la asamblea y la acción directa. Con acampes, jornadas de lucha y la toma pacífica de la Casa de Gobierno, los vecinos y las organizaciones independientes lograron que la Legislatura tratara el Asunto 578/26, un proyecto de Compensación Energética conocido como “Nuestra Ley”. El proyecto fue elaborado desde las propias barriadas, con participación directa de las familias afectadas. El 13 de octubre, los movilizados interpelaron a los bloques del PJ y Somos Fueguinos en la Comisión N.º 2, exigiendo que se termine con las dilaciones y se fije una fecha concreta para su tratamiento en el recinto.
La experiencia demuestra que la bronca popular puede transformarse en organización. Pero también deja una lección central: no basta con reclamar a los gobiernos que administran el ajuste. Hay que construir una fuerza independiente, dispuesta a enfrentar tanto al gobierno nacional como a las administraciones provinciales que ejecutan sus políticas.
Desde el Partido Obrero en el Frente de Izquierda Unidad exigimos la derogación inmediata de la reforma del Régimen de Zona Fría y del DNU 70/23. Defendemos el subsidio universal al gas, el restablecimiento del 50% de descuento por ley, la anulación de los recortes al GLP y medidas de emergencia para proteger el empleo y el ingreso de las familias trabajadoras.
El gas no puede ser un negocio para las corporaciones ni un instrumento de expulsión de la Patagonia austral. En Tierra del Fuego, la respuesta es organizar la lucha y construir una salida independiente de los trabajadores y el pueblo.
