El gobierno colombiano y las Farc se sentarán en octubre a negociar el fin del conflicto armado, con el patrocinio de Noruega y Cuba, con Chile y Venezuela en calidad observadores.

El anuncio de las negociaciones fue saludado por casi todo el arco político colombiano, incluyendo al Polo Democrático. Fundamental es el apoyo de Obama, o sea que la negociación forma parte de la política mundial del imperialismo. ¿Podría fracasar una acción que reúne en la misma mesa a todos los matices de la llamada ‘comunidad internacional’? Los obstáculos son enormes, pero una vez tomada una decisión estratégica, deberán ser removidos por los cagatintas de la diplomacia internacional. El mayor desafío que enfrenta esta tentativa es la crisis internacional, que tiene la capacidad para alterar el escenario político mundial, de un lado, y acentuar las luchas de masas por el otro. Este escenario potencial ha sido, sin embargo, el incentivo principal para ir a estas negociaciones, porque su finalidad última es asociar a los regímenes y fuerzas políticas que tienen roces con el imperialismo, para defender un orden que se convertiría en patrimonio común.

Las Farc hacen una concesión fundamental, porque el proceso no incluye una tregua en las acciones militares; o sea, habilita la continuación del hostigamiento militar que mantiene la iniciativa en el terreno, aunque se supone que regirá de hecho porque, de lo contrario, podría torpedear toda la negociación. Santos se aseguró el apoyo de toda la cúpula militar que ha estado combatiendo a la guerrilla. Asimismo, precedió las negociaciones con una ley agraria que prevé el regreso de miles y miles de campesinos expulsados por capitales agrarios asociados al ex presidente Uribe. Se busca reciclar la economía de la droga hacia la producción agraria que pueda transformarse en biocombustibles. También saludan la negociación los pulpos del petróleo, que verían eliminado el asedio de los atentados a tubos de transporte y refinerías.

Con la formalización de las negociaciones culmina el acercamiento iniciado hace tiempo entre Santos y Chávez, o sea que integra al chavismo al orden internacional establecido en América Latina. Por eso Obama declaró, contradiciendo a Romney, que Venezuela “no representa una amenaza a la seguridad de Estados Unidos”. Así, “el proceso de paz” en Colombia encuadra políticamente a Venezuela. El gobierno de Caracas continúa entregando jefes del narcotráfico con pedido de captura a Colombia, incluso a los que están acusados de asociación con las Farc. Por una vez, Chávez y su rival, Capriles, se encuentran en la misma onda.

Dificultades

Las Farc obtienen, de hecho, el reclamo de ser consideradas una “fuerza beligerante”, sistemáticamente negado por el militarismo y la oligarquía de Colombia, pero llegan a esta instancia muy golpeadas tanto militar como políticamente. Sufrieron miles de bajas durante la presidencia de Uribe, a lo que se suma el aislamiento político en que quedaron sumidas con el relanzamiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela-Ecuador, cuando asumió Santos. En esto reside una de las diferencias principales con el frustrado proceso del Caguán, hace dos décadas, que incluía la concesión a la guerrilla de una zona desmilitarizada del tamaño de Suiza. Ahora, el diálogo no incluye ninguna cláusula de amnistía, y las fuerzas armadas ni siquiera garantizan la detención de su accionar durante el proceso de paz (siete integrantes de las Farc fueron asesinados cuando ya habían sido anunciadas las conversaciones). Ha trascendido que emisarios del gobierno de Santos llevaban entre doce y catorce meses de tratativas preliminares con referentes de las Farc, en el mismo lapso en que eran abatidos algunos de sus máximos dirigentes. El gobierno de Santos, de todos modos, llega también en condiciones de crisis. El diario Vanguardia (31/8) advierte que la situación económica desplazó a la seguridad como principal asunto de preocupación de los colombianos. Enfrenta la presión de las luchas de petroleros, portuarios, estudiantes e indígenas. Ha debido cambiar a casi medio gabinete.

Entre las pruebas que este proceso deberá sortear, se encuentra la cuestión de la tierra. Uribe y sus aliados paramilitares se han manifestado en contra del proceso de paz pero, por ahora al menos, han quedado en minoría. La Federación de Ganaderos se opone a que se discuta el problema agrario. Para el gobierno, ese debate es más la oportunidad de un negocio que implica la puesta en valor de centenares de miles de hectáreas bajo control guerrillero, que una concesión a las Farc. Sintomáticamente, la mesa de negociación con los indígenas del norte de Cauca se encuentra empantanada. Otro punto a tener en cuenta es la propia descomposición de las Farc, que pone en duda la capacidad de su secretariado nacional para encuadrar a toda la fuerza.

Mientras que Obama promueve la negociación y el ex presidente Carter ha solicitado que se quite a Cuba de la lista de países terroristas por auspiciar el proceso, un ala del Partido Republicano, expresada en el Congreso por la dirigente de la comisión de Relaciones Exteriores, Ros-Lehtinen, considera “alarmante el hecho de que el régimen castrista reciba un papel de liderazgo en las discusiones” (Terra, 4/9). Se trata, como puede verse, de un rechazo limitado, para las tribunas. Romney y Obama expresan dos abordajes diferentes de la crisis mundial, como ocurre en otros países, pero el Presidente lleva la batuta: el capital se inclina por la emisión de dólares para rescatar a la banca, antes que por salir a una cruzada antiobrera potencialmente fascistizante.

Negocios

En esta orientación de encauzamiento, la revista Semana (1/9) indica una razón “(de) puro pragmatismo económico: no sólo la violencia le cuesta a Colombia entre uno y dos puntos del PIB, sino que el fin del conflicto con las Farc y el Eln podría ahorrar otro tanto en gasto militar (entre 3.500 y 7.000 millones de dólares al año)”. Un acuerdo mejoraría las posibilidades de proyectos como el oleoducto binacional colombiano-venezolano hasta el puerto de Temuco u otros negocios, como el TLC con Corea del Sur y el que está en proceso de negociación con Israel. Una paz con las Farc se inscribe en todo este entramado capitalista, en momentos en que Colombia ha desplazado a la Argentina del segundo lugar dentro de las economías sudamericanas.

Otras experiencias de desmovilización guerrillera resultaron exitosas para la burguesía colombiana. Por caso, uno de los líderes del M19, Gustavo Petro, se recicló como alcalde de Bogotá. El País (6/9) dedica un largo artículo a analizar los vínculos de las Farc con el naciente grupo Marcha Patriótica. Para Santos, el proceso de negociaciones implica un intento de posicionamiento como líder regional y un paso hacia su reelección. La integración de las Farc a la vida política forma parte de un fenómeno más vasto de contención al interior de Colombia. Santos le ha concedido rasgo ministerial a la consejería presidencial para el diálogo social y la movilización ciudadana, “en el que nombró al ex dirigente sindical y ex alcalde de Bogotá, Luis Eduardo Garzón”, del Partido Verde (AFP, 31/8). El diálogo actual, que se desarrollará entre Oslo y La Habana, aspira a una integración similar en relación con las Farc, y pone de manifiesto los límites políticos de la guerrilla colombiana en cuanto sujeto de una transformación social.

Las aspiraciones de las Farc en estas negociaciones, como son los derechos políticos y una reparación parcial a los agravios sufridos por los campesinos y otras aspiraciones sociales, no tienen nada de revolucionarias. Asistimos, de este modo, al final de una lucha armada no revolucionaria, que hacía tiempo se encontraba en su ocaso. El poder no se encuentra en la boca del fusil, ni la violencia es sinónimo de revolución social. Ella solamente puede ser el resultado de una acción histórica independiente del proletariado.