En los últimos días, estallaron en Sudáfrica protestas y saqueos masivos de supermercados y otros comercios. Se concentran en las provincias de Gauteng (donde se ubica Johanesburgo) y KwaZulu-Natal. La represión y en algunos casos las estampidas han dejado un total de 72 muertos.

El origen de la crisis es la condena a quince meses de prisión del expresidente Jacob Zuma, un peso pesado del Congreso Nacional Africano (CNA), la formación política que dirige el país desde la caída del apartheid, a comienzos de los 90. Zuma fue condenado por desacatar una orden del Tribunal Constitucional para que declarara en una investigación por la corrupción que hubo bajo su gobierno (2009-2018). El exmandatario había sido desplazado de la jefatura del partido en 2017 y un año más tarde de la presidencia, que hoy ocupa Cyril Ramaphosa. Zuma se ligó a una camarilla empresaria, la familia Gupta, emigrada de la India en los 90, que se vio favorecida con múltiples contratos gubernamentales y está acusada de sobornos y sobreprecios. Estados Unidos estableció sanciones a este clan en 2019. Ramaphosa, un exsindicalista que en 1982 fundó el sindicato minero (NUM), dueño él mismo de una fortuna de cientos de millones de dólares, expresa a una facción política y a un sector empresario rival.

KwaZulu-Natal, una de las regiones donde se desarrollan los hechos, es la tierra natal de Zuma. Con todo, las internas del partido de gobierno explican una parte de la crisis, pero no toda. Asistimos también a la explosión de una población sumergida, golpeada crecientemente por el desempleo y la pobreza. La desocupación llegó en los últimos meses al 32,6% y en el caso de la juventud los índices son los más altos del mundo, de acuerdo al Banco Mundial (Foreign Policy, 14/7). La pobreza alcanzaba al 55% de la población en 2019, es decir, incluso antes del estallido de la pandemia. A su vez, aún se arrastran las diferencias raciales: la pobreza afecta al 64% de los negros y apenas al 1% de los blancos (El País, 11/5/19).

Un elemento adicional que ayuda a entender la desesperación popular es la pandemia. Sudáfrica vive los picos más altos de contagio desde la irrupción del virus. La vacunación apenas alcanza al 2,5% de los sudafricanos.

El gobierno ha respondido con una represión implacable. Alrededor de 2.500 efectivos del Ejército fueron desplegados para complementar el trabajo de la policía. Pero Ramaphosa ya ha insinuado la posibilidad de elevar esa cifra a 10 mil (Times, 14/7). La oposición de derecha (Alianza Democrática) le reclama aún más dureza, llevando el número a 75 mil.

Si bien el Congreso Nacional Africano (CNA) sigue siendo la fuerza política dominante del país, viene sufriendo una erosión sobre todo en la última década. Ramaphosa ganó en 2019 con el 58% de los votos, pero diez años antes, Zuma llegaba al poder con casi el 66%. Además, fue creciendo la abstención: de aproximadamente 23% en 2009, pasó al 35% en 2019. El CNA experimentó también un desprendimiento importante en 2013, cuando el exdirigente de su juventud, Julius Malema, formó Combatientes por la Libertad Económica, una fuerza que debutó en 2015 con el 6,3% y que llegó en la última elección al 10%. Malema busca mostrarse a la izquierda del CNA. La derecha (Alianza Democrática) logró el segundo puesto en las últimas elecciones, con casi el 21%, lo que implica un pequeño retroceso con respecto al comicio precedente.

El nacionalismo burgués sudafricano no ha dado una solución a los grandes problemas de las masas y es responsable de grandes crímenes contra la clase obrera, como la masacre de Marikana, en 2012, cuando 34 obreros fueron asesinados por la policía mientras reclamaban un aumento salarial a la multinacional Lonmin. Los mineros protagonizaron aquel año un histórico proceso de huelgas en todo el país.

Es necesaria una salida política de los trabajadores.

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