Más de cien mil personas, según los organizadores, se movilizaron este domingo 13 en Madrid para reclamar una rebaja en los alquileres, en una convocatoria que partió de la Plataforma por el Derecho a la Vivienda.

Los manifestantes exigieron la regulación del precio de los alquileres, la prohibición de los desalojos, el fin de la especulación inmobiliaria y la obligación de que los desarrolladores inmobiliarios deban destinar un porcentaje de sus construcciones a la vivienda social. Asimismo, se pregonó la renuncia de la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez García, por la falta de respuestas a la problemática del techo.

Los organizadores dejaron planteada la posibilidad de una huelga de alquileres, es decir, un cese masivo del pago por parte de los inquilinos, ante el costo inabordable. “No llegamos a fin de mes. Si no bajan los precios, huelga de alquiler”, era uno de los cánticos. La portavoz del Sindicato de Inquilinas sostuvo que “si siguen subiendo los precios, vamos a dejar de pagarlos y no va a haber Policía, juzgados ni matones para desahuciarnos a todas” (Euronews, 13/10).

La situación de los alquileres y de la vivienda se ha vuelto dramática en el Estado Español. En la Comunidad de Madrid, según fuentes sindicales, los trabajadores deben gastar la mitad de sus salarios para estos menesteres. El fenómeno afecta especialmente a la juventud. Se estima que el 66% de la franja etaria que va de los 18 a los 34 años se mantiene en el hogar de sus padres, frente a un 50% en 2010 (El País, ídem).

El alza en los precios responde a la especulación inmobiliaria, la concentración de bloques de viviendas en manos de fondos buitres, el desarrollo de mega-emprendimientos de lujo en detrimento de la vivienda popular, y el vuelco de viviendas para atender la creciente demanda del turismo. En Málaga, alrededor de 15 mil personas se movilizaron el 29 de junio para reclamar una regulación del precio de los alquileres y la prohibición de las viviendas turísticas. Para el 9 de noviembre, la plataforma “Málaga para vivir” prepara una nueva convocatoria desde Plaza de la Merced.

En paralelo a la manifestación en Madrid de este domingo, varios miles se movilizaron también en Barcelona.

A pesar de que en 2023 se aprobó una Ley Estatal de Vivienda, los precios, tanto de los alquileres como de las viviendas, siguieron incrementándose. Tanto el gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) como los gobiernos autonómicos de distinto signo político son cómplices de los intereses de los grandes grupos inmobiliarios.

El camino para asegurar el derecho a la vivienda pasa por profundizar la movilización popular.

La cuestión migratoria en el Estado Español

Un planteo desde la izquierda. –

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