Cientos de trabajadores se movilizaron el miércoles pasado a las calles de Colombo, la capital de Sri Lanka, contra el ajuste que está llevando adelante el gobierno de Ranil Wickremesinghe.

El clima social en el país insular está poniéndose tenso, y las protestas han adquirido un carácter casi recurrente. Recientemente, trabajadores estatales realizaron protestas en rechazo a la suba de tasas de interés para los créditos bancarios. El domingo, miles de trabajadores de los hospitales públicos fueron a la huelga contra despidos y por aumentos salariales. Asimismo, en diciembre, trabajadores ferroviarios, bancarios, del correo, de la salud y de la electricidad, se manifestaron en todo el país exigiendo mejores condiciones laborales y contra la política privatista del gobierno.

Como parte de un acuerdo con el FMI, el gobierno de Wickremesinghe está aplicando un plan de ajuste antiobrero. El mandatario tiene en carpeta avanzar en una suba mayor de impuestos, aplicar tarifazos (recientemente se aprobó un aumento del 65% para las tarifas eléctricas), implementar despidos masivos en el sector estatal, y privatizar y reestructurar diversas empresas (aerolíneas, compañías eléctricas y de telecomunicaciones, entre otras). Hace poco, Wickremesinghe anunció que recortará el presupuesto de todos los ministerios.

El Ejecutivo esrilanqués ya ha congelado la contratación de trabajadores estatales, y baraja la posibilidad de alargar la jornada laboral. La escasez de personal, que es el producto de la política de cesantías y de la jubilación de otros trabajadores, ha llevado a que disminuya la frecuencia de trenes, y a que en las escuelas no haya empleados suficientes para que los estudiantes puedan desenvolver su cursada en los términos correspondientes.

Wickremesinghe llegó al poder en julio pasado, luego de la caída, fruto de una rebelión popular, del expresidente Gotabaya Rajapaksa. El fin de la era Rajapaksa, sin embargo, no trajo consigo un aminoramiento de las tensiones sociales. Wickremesinghe ha tratado de neutralizar la lucha de los trabajadores mediante un reforzamiento de la represión estatal, aunque no le ha dado buenos resultados.

La situación económica en Sri Lanka es dramática. En diciembre, la inflación se ubicó en un 57,2%, un fenómeno relacionado, en buena medida, a los efectos de la guerra en Europa y a la emisión de miles de millones de rupias (moneda nacional) que el gobierno llevó a cabo para beneficiar y rescatar a los grupos capitalistas que operan en el país. La nación insular se encuentra sumida en una crisis mayúscula, no posee divisas y su deuda pública equivale aproximadamente al 120% de su PBI. El año pasado, cesó los pagos de deuda, lo que condujo a que el gobierno aplique un control sobre las importaciones y un racionamiento.

Desde el punto de vista social, el panorama es lúgubre. Según un informe de Unicef, casi el 30% de la población esrilanquesa padece “inseguridad alimentaria moderadamente aguda y requiere asistencia humanitaria”.

Mientras el gobierno aplica el ajuste, los partidos capitalistas de la oposición (Samagi Jana Balawegaya, Janatha Vimukthi Peramuna, y Tamil National Alliance) están exigiendo que se realicen elecciones generales, para desviar la atención de las masas hacia el ámbito electoral. Wickremesinghe, del United National Party, se halla intentando paralizar el proceso de elecciones locales (llevan un año de retraso debido a la pandemia), que debería desarrollarse en febrero, aduciendo que un país en bancarrota no puede afrontar los gastos millonarios que requiere la organización de los comicios. La Comisión Electoral, entretanto, decidió que las elecciones locales se lleven adelante (Al Jazeera, 4/1). Habrá que ver qué pasa.

Para los trabajadores de Sri Lanka, la clave está en la lucha callejera.

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