La Unión Nacional de Trabajadores del Metal de Sudáfrica (Numsa, según sus iniciales en inglés) entró en huelga general por tiempo indefinido el pasado 5 de octubre, en reclamo de un aumento salarial del 8% (retroactivo a julio) en el primer año de contrato, y un 2% de incremento respecto a la inflación en los dos años sucesivos. A su vez, demanda una licencia por paternidad de diez días, otra por cuidado familiar y un pago especial para el transporte. El Numsa agrupa a más de 150 mil trabajadores; es el sindicato más importante del país. Fue expulsado de la central sindical oficialista, la Cosatu, en 2014. La medida actual abarca al sector del acero y los ingenieros. La baja en la producción ya empieza a impactar en la industria automotriz.

Como parte de las acciones de lucha, los obreros se movilizaron en Johannesburgo y están desarrollando piquetes frente a numerosas empresas. La policía reprimió algunos de estos cortes, en tanto que guardias de seguridad de algunas compañías les dispararon.

La cámara patronal, Seifsa, hizo una primera oferta de 4,4% de incremento durante el primer año. Con la huelga en desarrollo, propuso un 6%, pero según el sindicato, ese cálculo es sobre el mínimo y no sobre lo que realmente cobran los trabajadores. Los dos planteos fueron rechazados y la huelga entró en su tercera semana. La Federación de Sindicatos de Sudáfrica (Saftu, por sus iniciales en inglés), a la que está adherida el Numsa, planteó la posibilidad de un paro solidario, pero de momento no se ha concretado.

El deterioro del salario y el crecimiento de la inflación (alrededor de 5% anual, más elevada aún en el caso de los alimentos) empujaron la medida de fuerza. Pero toda la situación social es crítica en el país: el desempleo supera el 30% (según las patronales, solo en el sector metalúrgico se perdieron 50 mil puestos este año), la pobreza abarcaba al 55% de la población en 2019, es decir incluso antes de la pandemia (afectando fundamentalmente a la población negra); y los servicios están en un marcado deterioro.

El gobierno de Cyril Ramaphosa, del Congreso Nacional Africano (CNA), aplica una política de ajuste. La propia central oficialista, la Cosatu, debió realizar un paro general con movilizaciones este mes para rechazar el congelamiento salarial en el sector público, los despidos en las empresas estatales y las privatizaciones (se venderá la línea aérea South African Airways y se dividirá Transnet, del transporte de carga, para entregarla también). Sin embargo, el máximo directivo de la federación ratificó el respaldo al CNA para las elecciones municipales del 1 de noviembre.

El CNA se encuentra sumergido en feroces enfrentamientos internos. Tras su condena por desacato en julio, el expresidente Jacob Zuma, sobre el que pesan también varios cargos por corrupción, atizó una serie de protestas y saqueos en sus regiones de influencia que fueron brutalmente sofocados, con un saldo de aproximadamente 300 muertos. Ese estallido, más allá de la interna del partido de gobierno, dejó expuesto el problema de una población sometida al hambre.

La prolongada lucha de los trabajadores del acero se inscribe en una historia de grandes conflictos obreros, como las grandes huelgas mineras de 2012 (en el curso de las cuales, el gobierno asesinó a 34 obreros en Marikana), y la propia huelga metalúrgica de un mes, en 2014.

El proletariado sudafricano vuelve a tomar la palabra.