El Tribunal Constitucional de Bangkok destituyó este miércoles 14 al primer ministro Srettha Thavisin, acusándolo de nombrar como jefe de gabinete a un abogado que estuvo un tiempo encarcelado por desacato. La decisión, que viene precedida de la disolución del principal partido opositor, el Move Forward (Avanzar), ordenada por el mismo tribunal la semana pasada debido a sus críticas a la Corona, es una muestra más del carácter farsesco de la democracia tailandesa, donde en los últimos veinte años hubo dos golpes de Estado y el poder reside en última instancia en el rey y las fuerzas armadas.

Thavisin, un empresario inmobiliario perteneciente al Pheu Thai (el partido del clan Shinawatra, uno de los protagonistas de la vida política siamesa de este siglo), había asumido su cargo a fines de 2023, a pesar de que su formación no fue la más votada. Alcanzó el lugar gracias a una coalición con varios partidos conservadores, incluyendo a dos fuerzas políticas ligadas a los militares (Nación Unida y Palang Pracharat), que derrocaron a los Shinawatra en 2006 y 2014 y provocaron un baño de sangre contra sus seguidores en 2010. Con el nacimiento de esta coalición, quedó fuera del poder el vencedor de los comicios, Move Forward, cuyo líder, Pita Limjardenrat, un ex directivo de una compañía tecnológica, fue vetado por el Senado como potencial mandatario debido a las propuestas de su partido para enmendar un artículo del Código Civil que establece penas de entre 3 a 15 años de cárcel para quien cometa el delito de injurias contra el rey, trono que ocupa en la actualidad Maha Vajiralongkorn, también conocido como Rama X. En 2020, la prohibición del antecesor del Move Forward, el Future Forward, desencadenó un proceso de movilizaciones juveniles masivas contra el monarca y el gobierno de Prayauth Chan-Ochoa, autor del golpe de 2014 y electo primer ministro en unos comicios regimentados en 2019.

Pese a que, en la campaña electoral de 2023, el Pheu Thai insistió en el lema alfonsiniano de que “con la democracia puedes comer” (Al Jazeera, 5/3), Thavisin no llevó a cabo ninguna reforma democrática para limitar el poder de los militares y la Corona, lo cual era presumible, considerando sus alianzas políticas. En su lugar, se concentró en una agenda de beneficios al gran capital para estimular la inversión extranjera. Por eso mismo, la Federación de Industriales Tailandeses expresó su estado de “shock” ante la destitución ordenada por el Tribunal Constitucional, según informó el Bangkok Post (15/8), e hizo un llamado a la previsibilidad y al sostenimiento en el tiempo de una agenda proempresaria. Según algunos analistas, los inversores internacionales ingresarán en modo espera hasta saber qué pasará de aquí en adelante. Los medios afirman que Paetongtarn Shinawatra, hija del jefe del clan, sería ungida este viernes como nueva mandataria.

A pesar de los estímulos fiscales y las bajas tasas de interés para endulzar a los grupos empresarios, Tailandia tuvo en los últimos años tasas bajas de crecimiento (el Banco Mundial estima un 2,4 por ciento para 2024) que se atribuyen a la desaceleración de la economía china (principal socio comercial), los problemas de la economía norteamericana y las dificultades del sector turístico, que no regresó a los niveles previos a la pandemia. Frente a esta situación, que hizo perder posiciones a la economía local frente a otras del Sudeste Asiático, Thavisin se proponía un plan para convertir a la antigua Siam en un centro turístico mundial y un polo de ciertas industrias, como la de los vehículos eléctricos, recurriendo en este último caso a inversiones del gigante asiático. Esta orientación de gobierno muestra que el de los Shinawatra es un partido del gran capital. Thaksin, su fundador, es un magnate de las telecomunicaciones y fue dueño del Manchester City. El compromiso del Pheu Thai con los militares y su rechazo a enmendar la ley de injurias contra la Corona muestra los límites de todas las fracciones de la burguesía para desenvolver un planteo democrático consecuente.

El ex Move Forward, ahora Partido Popular, aclara, frente sus críticos, que no se propone terminar con la Corona sino limitar su influencia en la vida política. Pese a esta postura, el tribunal lo disolvió.

Ante los nuevos atropellos políticos del régimen, tendría un enorme valor que fuera retomado el proceso de movilizaciones de 2020 y que interviniera la clase obrera con sus propias demandas. Abajo la monarquia y el ejército, por un gobierno de los trabajadores.

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