La poderosa Unión General de Trabajadores de Túnez (UGTT), que posee más de un millón de afiliados en un país de doce millones de habitantes, realizará este jueves 16 un paro general del sector público y del transporte. Los motivos: el deterioro del poder adquisitivo, debido a una elevada inflación, y el reclamo de que no se privaticen compañías estatales.

La situación económica en el país del norte africano es ruinosa. A los problemas que arrastraba desde hace tiempo (pobreza, endeudamiento, desempleo juvenil), se ha sumado el impacto de la guerra en Europa. Túnez importaba antes del conflicto la mitad de los cereales que consumía desde Rusia y Ucrania. El aumento en los precios de los alimentos llevó a un racionamiento de productos básicos.

La deuda tunecina asciende al 90% del PBI y el país afronta grandes vencimientos en dólares el año próximo. El gobierno de Kais Saied negocia con el Fondo Monetario Internacional un plan de rescate, pero el organismo financiero lo condiciona a un ordenamiento de las cuentas públicas (recorte de subsidios en energía y alimentos, congelamiento salarial), liquidación de empresas estatales y -según algunos medios- un acuerdo político interno que oficie como garantía y que incluya a la central sindical (El País, 7/6).

El deterioro de la situación social se expresa en un fuerte crecimiento de la emigración y en nuevos casos de incineración a lo bonzo, al estilo del vendedor ambulante Mohamed Bouazizi, cuya muerte detonó la Primavera Arabe de 2010-2011.

Saied viene de dar un golpe de Estado en 2021, cuando destituyó al primer ministro Hichem Mechichi y cerró el parlamento. Continuó concentrando poder con la disolución de un Consejo judicial y la reciente separación de 57 magistrados.

El mandatario, quien llegó a la presidencia en 2019 como un outsider, logró cierto respaldo debido al amplio descrédito de los partidos tradicionales y de las instituciones estatales, carcomidas por la corrupción. Algunos medios señalan, sin embargo, que su imagen está en caída, como consecuencia del agravamiento de la crisis económica y social.

Saied impulsa actualmente una reforma constitucional para virar hacia un régimen presidencialista. A tal efecto, organizó una consulta online que tuvo escasa participación y convocó una consulta popular para el 25 de julio.

La oposición (islamistas de Ennahda, Qalb Tunis, y otros partidos menores), nucleada ahora en el Frente de Salvación Nacional, boicotea ese referéndum. También está en la oposición el Partido Desturiano Libre, que agrupa a partidarios del viejo régimen del dictador Ben Ali.

Poco antes del anuncio de la medida de fuerza, Saied había convocado a la UGTT, a la confederación patronal y otros sectores a un diálogo nacional.

Pero la central obrera rechazó el convite. La UGTT, que tuvo una actitud ambigua frente al golpe del año pasado, advierte el deterioro de la situación social y se reposiciona. En 2013, sí había participado de una experiencia de diálogo nacional que buscó clausurar la etapa revolucionaria abierta a fines de 2010.

La podredumbre política e institucional –a la que se suma una creciente miseria social- demuele la tesis que presentaba a Túnez como el caso exitoso de transición a la democracia dentro de los países árabes que se sublevaron a comienzos de la década pasada.

Túnez aparece ahora como uno de los países más vulnerables a los efectos de la crisis capitalista mundial y la guerra en Europa. Para llevar a buen puerto las demandas del levantamiento de 2010-2011, es necesaria una nueva Primavera.

https://prensaobrera.com/internacionales/informe-internacional-para-el-xxviii-congreso