En Uruguay se ha abierto un conflicto entre el gobierno de Tabaré Vázquez y los ‘autoconvocados’, que agrupa principalmente a las grandes patronales agrarias. A los ‘autoconconvocados’ se sumaron las gremiales capitalistas tradicionales del campo, la Asociación Rural del Uruguay (ARU) y la Federación Rural (FR). El tema de los temas, devaluar el peso. Las consecuencias serían explosivas para los trabajadores

Durante enero realizaron movilizaciones, cortes de algunas rutas y un acto central en el departamento de Durazno. Además de la devaluación, los ruralistas reclaman corte del gasto social, condonación de deudas, contención de los salarios, la reforma previsional y laboral. El ajuste ‘en cuotas’ que Vázquez viene desarrollando desde 2015, se ha agotado. Frente a los reclamos, el gobierno ha reculado con nuevas quitas impositivas y mayores subsidios. La respuesta de patronales agrarias fue: es ‘insuficiente’. La ARU y FR emitieron declaraciones rechazando las ‘tibias’ medidas del gobierno y promueven próximas movilizaciones. En las filas del gobierno sobrevuela el temor de que se abra un escenario similar al conflicto entre el ‘campo’ y el gobierno kirchnerista en 2008, “hay que evitar si o sí llegar a eso” dijo un vocero oficial (Búsqueda, 25/01/2018).

‘Fin de cycle’

La movilización ruralista generó un debate en la izquierda. En el Frente Amplio repentinamente se acordaron que existen los latifundistas. El diputado Gerardo Nuñez (PCU) twitteó: “Si se quiere discutir en serio sobre el 'campo' discutamos sobre la concentración y extranjerización de la tierra. Es el principal problema”.

El FA gobierna hace 13 años. La concentración y extranjerización de la tierra creció sistemáticamente en estos gobiernos. Lo mismo la dependencia de las materias primas (soja, carne, forestación), de las multinacionales de la celulosa (UPM y Montes del Plata), instaladas en zonas francas, que exportan todas sus ganancias a su casa matriz. Fueron autorizadas las sociedades anónimas en el campo, que supuestamente iban a quedar prohibidas, y hoy apenas 90 empresas poseen 6 millones de hectáreas. Los “pequeños productores” siguen siendo expulsados de sus tierras: 12.000 establecimientos cerraron. Apenas 8.000 empresas controlan el 80% de la superficie cultivable.

Durante el auge de los precios internacionales de las materias primas, el ‘campo’ fue beneficiado mediante exoneraciones impositivas y en el mantenimiento de un peso artificialmente devaluado, por medio de la compra de dólares. Como consecuencia de esta política, las patronales agrarias obtuvieron una renta de devaluación. Se beneficiaron también los grandes grupos agroexportadores como los ganaderos, sojeros, arrozeros e incluso los lácteos. Con la caída de los precios internacionales y subas de tasas de interés internacionales, ha comenzado el quiebre en la cadena de pagos entre los capitalistas del campo, los industriales y, eventualmente, del propio Estado. La deuda pública se triplicó desde el ascenso del FA al gobierno, mientras que en el caso del agro, la deuda alcanza el 80% de su PIB. El FMI y las agencias calificadoras de riesgos le exigen al FA que profundice el ajuste fiscal para que el gobierno continúe obteniendo financiamiento internacional.

En los últimos tres años el gobierno de Vázquez impulsó salidas por la vía de los Tratados de Libre Comercio con EEUU, la Unión Europea o China que se toparon con la caída del comercio internacional y la guerra comercial en curso, especialmente a partir del Brexit y el ascenso de Trump. La devaluación se suma a la política de un ‘dólar débil’ que Trump impulsa para ir a fondo en la guerra comercial con China y la Unión Europea. Se trata de un programa que no es “salida” ni siquiera en términos capitalistas. Sí agravará la situación social de las masas.

 

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