El Tribunal supremo de Justicia, dominado por el gobierno de Maduro, declaró en “desacato” al parlamento en manos de la oposición y se hizo cargo de todas las funciones de este organismo, en materia de aprobación de leyes y controles administrativos.

 

Este “autogolpe” es el punto culminante de una descomposición cada vez más amplia y notoria del régimen bolivariano. El régimen plebiscitario de Chávez, que revindicaba para sí la masividad del voto popular, se ha ido convirtiendo en un régimen de facto, que gobierna por decreto, violentando la soberanía de la Asamblea Nacional ganada por la derecha en forma abrumadora en las últimas elecciones. Este gobierno se sostiene con el apoyo de las fuerzas armadas, en el marco de un rechazo mayoritario de la población.

 

 

La cuestión de la deuda

 

El autogolpe se da en el marco de una agudización insoportable de la desorganización económica. El desabastecimiento, la carestía incontrolable que llega al 1600% anual, la desvalorización de los salarios como consecuencia de ello, está haciendo estragos en gran parte de la población venezolana. A pesar de la escasez de alimentos y productos de primera necesidad –que son en su abrumadora mayoría de origen importado–, el gobierno de Maduro viene reservando las divisas para el pago de la deuda externa.

 

El chavismo ha pagado escrupulosamente, hasta ahora, los vencimientos de capital e intereses a los fondos internacionales, a costa de creciente penurias populares, un freno al gasto de mantenimiento, a las inversiones de Pdvsa y en infraestructura estatal, y de un modo general de los insumos importados –lo que ha redundado en una progresiva paralización de la producción y en un ‘defol’ con los acreedores locales. Empresas extranjeras de servicios tecnológicos han salido del país. Las operaciones comunes con empresas extranjeras están congeladas.

 

La suma de la deuda externa de Pdvsa y de la administración nacional es de alrededor de u$s 80 mil millones, sin considerar la deuda con China, que es pagada con exportación de crudo y que por lo tanto no reporta ingreso de divisas.

 

Este descalabro no ha sido un obstáculo para que Maduro persista en esta orientación, que se empeña en preservar a fuerza de nuevos ajustes y devaluaciones. Los ‘tour’ de compras a los estados fronterizos de Colombia, implementada a finales del 2016, han dado paso a la liberalización de las importaciones en seis de esos estados, y por lo tanto a la liquidación de los controles de precios y de los precios máximos.

 

Desde comienzos del año pasado el gobierno lanzó un paquete de iniciativas económicas en lo que llamó “Agenda Económica Bolivariana”. Los discursos contra la “guerra económica” ofician como pantalla, mientras Maduro viene otorgando nuevas concesiones y prebendas al capital, que van de la mano de un ataque en regla al bolsillo popular. Entre las medidas económicas sobresalen la fuerte devaluación de la moneda, mayor apertura económica al capital extranjero en distintas áreas, mayores facilidades a sectores empresariales (sobre todo exportadores), un endeudamiento creciente, subsidios a empresarios para la producción local y la liberación de precios, mientras se desarrolla la fuertísima depreciación del salario mediante la inflación y el congelamiento de la discusión de los convenios colectivos. Apenas tres días antes de la disolución del parlamento, el gobierno anunció una mayor “flexibilización cambiaria”, que no es más que una envoltura elegante a una nueva y drástica devaluación.

 

Esta política de seducción al capital, sin embargo, no ha servido para revertir la desorganización económica. Ni la fuga de capitales ni el sabotaje empresario. El gran capital internacional toma distancia del régimen y presiona por acelerar el desenlace de la crisis política.

 

 

Militarización

 

El autogolpe coloca más que nunca a las fuerzas armadas como árbitro de la situación política. La militarización creciente del Estado, incluso si es una militarización “bolivariana”, no es progresiva sino reaccionaria. Dicha militarización, por lo pronto, será usada –con el argumento de la lucha contra la derecha– para reforzar la regimentación de la clase obrera, disciplinar a sus organizaciones sindicales al Estado, reprimir los reclamos y atacar las iniciativas de lucha que surjan en los lugares de trabajo. Históricamente, estos gobiernos de facto han presidido las transiciones entre un régimen político y social y otro.

 

El "autogolpe no cierra la severa crisis política, sino que es un episodio de un “cambio de frente” en desarrollo. A eso, precisamente, apunta la oposición derechista, que reclama a las fuerzas armadas un golpe militar contra Maduro. La derecha se aferra a esta salida –con más razón si tenemos en cuenta el fracaso en su tentativa por hacer prosperar el referéndum revocatorio, que ha redundado en una mayor división en sus filas. Uno de los datos que no han recogido los medios de comunicación es el escasísimo respaldo popular que han tenido las manifestaciones callejeras de repudio a la disolución del parlamento. Que la derecha quiera enfrentar el autogolpe de Maduro con un golpe propio alcanza para mostrar que las apelaciones a la democracia de unos y otros no pasan de la pura demagogia. La derecha tiene un largo historial de golpes fracasados contra el chavismo, por lo que ahora sabe que debe apelar a un desplazamiento de un sector clave del régimen, como son las Fuerzas Armadas, para poder lograr su propósito.

 

La reacción continental, incluyendo a Macri y el peronismo que integra una coalición del ajuste con el gobierno nacional, plantea declarar un defol a Venezuela, de modo de cortarle todo tipo de asistencia –o sea , una vía para apurar un desenlace. Para esto se apela a la mayor de las hipocresías: el golpista Temer y los que lo bancaron aparecen como defensores de la democracia. Maduro, a través del autogolpe, ha terminado escupiendo para arriba, y pavimentando el terreno para su desplazamiento.

 

 

La clase obrera y la izquierda

 

En Venezuela hay una crisis de poder irreversible: una definición de la situación política depende de una salida de poder. El reconocimiento de una crisis de poder significa que el poder oficial del chavismo es un espectro, cuyo recurso último de defensa no es la movilización popular –que no quiere ni podría realizar–, sino un golpe aventurero de las fuerzas armadas. La oposición de derecha, por su lado, ya se encuentra llamando a un golpe militar para implantar su salida ‘democrática’. Es necesario explicar este cuadro político a los trabajadores para explotar este momento de la crisis y las etapas subsiguientes de ella para desarrollar una alternativa socialista de la clase obrera.

 

La izquierda y la clase obrera deben emerger como un factor político independiente en la crisis del país, que está polarizada políticamente por la burguesía. Esto habla de la actualidad de la batalla por la convocatoria de un Congreso de trabajadores, motorizado, en primer lugar, por el movimiento obrero combativo y la izquierda para aprobar un programa y una salida obrera frente a la crisis nacional. Se plantea la lucha contra el desabastecimiento –promoviendo la constitución de asambleas populares que elijan comités de control y gestión, para evitar los negociados– y por el control obrero en los lugares de trabajo; asambleas fabriles y sindicales para reclamar la convocatoria a paritarias y la imposición del ajuste automático de los salarios frente a la inflación. Terminar con el flagelo de la desocupación y la tercerización –que es impulsada por las patronales a caballo de la crisis–, planteando la incorporación de todo el personal a planta permanente y el reparto de las horas de trabajo existentes sin disminuir salarios. La fuga de capitales plantea la nacionalización de la banca y del comercio exterior, bajo control directo de las asambleas obreras –y, en primerísimo lugar, la suspensión del pago de la deuda externa. En oposición al autogolpe y salidas democráticas de derecha y golpistas, llamamos a la izquierda y al movimiento obrero combativo a discutir e impulsar la convocatoria de una Asamblea Constituyente por parte de un gobierno de trabajadores.