El 1° de mayo, Nicolás Maduro encabezó un acto en Caracas en el que se autodefinió como “un presidente de la clase obrera”. Veremos que no es así.

La situación de la clase trabajadora del país caribeño es desesperante. El salario mínimo se encuentra en 28 dólares, frente a una canasta familiar que el Observatorio Venezolano de Finanzas calcula en aproximadamente 380 dólares. De acuerdo al mismo ente, una familia de cuatro miembros necesita 25 dólares semanales solo para alimentarse.

Maduro no hizo desde el estrado ningún anuncio de recomposición de los sueldos. Se limitó a anunciar un bono de 4,24 dólares y un ingreso de 2.200 dólares en 12 cuotas para quienes se jubilaron entre 2018 y 2022. Condicionó cualquier aumento salarial a la recuperación de la economía, que es como decir que los sueldos son la última de las prioridades.

El “presidente de la clase obrera” ha ensayado en el último período una política económica ortodoxa, con un ajuste fiscal, recorte de los subsidios a la gasolina, eliminación de los controles de precios y de las restricciones a las importaciones. Ante el derrumbe del bolívar, se instrumentó una dolarización de hecho que llevó a que el año pasado hasta el 70% de las transacciones se realizaran en dólares. Esto agravó la situación de los empleados públicos que siguieron cobrando en la pulverizada moneda nacional, a la vez que acentuó la desigualdad social con el sector de la población que tiene acceso a divisas. La hiperinflación y el desabastecimiento cedieron, pero sobre la base de un mazazo sobre la clase trabajadora.

A fines de marzo, el gobierno impuso un impuesto a las transacciones en dólares. Esto ha llevado a que el bolívar vuelva a circular. En los últimos meses, el porcentaje de las transacciones en dólares y en la moneda local se equipararon, aunque si se toma el global, el 60% de las transacciones se hacen en monedas extranjeras, ya sea el dólar (41,8%), el euro (3,5%) o el peso colombiano (8%) (El Nacional, 27/4). Los analistas estiman que la intención oficial es mantener esta especie de dualidad monetaria. Irónicamente, es la Venezuela de Maduro la experiencia cronológicamente más próxima a los ensayos dolarizadores que promueve la derecha argentina.

La dura situación social ha llevado en estos últimos meses a acciones de protesta conjunta de sectores obreros y a manifestaciones de jubilados. Los sectores combativos denuncian el ataque a los convenios colectivos de trabajo, la precarización laboral y la persecución y encarcelamiento de trabajadores. Los obreros de Sidor hicieron una semana de huelga durante abril. En un reclamo impulsado desde las bases, pararon la producción ante un mal cálculo salarial por parte del gobierno que los perjudicaba, y para reclamar la reinstalación de compañeros cesanteados al comienzo de la pandemia. En el curso de la medida de fuerza, denunciaron la presencia de cuerpos represivos dentro de la fábrica e inclusive el accionar de los servicios de inteligencia.

Petróleo

En paralelo con el ajuste, Maduro emprendió una política de reprivatización en el sector petrolero, que ha favorecido principalmente a empresas rusas y chinas. Las compañías yanquis, que operan muy limitadamente debido a las prohibiciones que imponen las sanciones contra Caracas, reclaman insistentemente a Washington que proceda a una flexibilización de las represalias para poder expandir sus negocios en la zona. Esta presión se incrementa a la luz del aumento de los precios internacionales del petróleo, como resultado de la guerra entre Rusia y Ucrania, que plantean una oportunidad de lucro.

Hace un par de meses, Joe Biden inició conversaciones con el gobierno venezolano para un posible relajamiento de sanciones y compra de petróleo venezolano, como sustituto del ruso. De todos modos, estas tratativas parecen haberse enfriado. En las últimas horas, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, respaldó a Juan Guaidó, el (aún) autoproclamado presidente y referente de una oposición que, desde la intentona golpista, viene de derrota en derrota (no solo eso, sino que el ajuste ortodoxo de Maduro la deja sin libreto). Y puso el foco en el restablecimiento de la mesa de negociaciones entre gobierno y oposición.

En el cuadro actual de sanciones, el 95% del crudo que exporta Venezuela va a China. Maduro se ha planteado como objetivo llegar a una producción de 2 millones de barriles diarios antes de fin de año, aunque los cálculos más optimistas muestran que por ahora está en la mitad de esa cifra. Mientras tanto, volvió a suscribir acuerdos con Irán, que le provee tanto combustible como insumos y repuestos para refinerías.

La situación venezolana plantea una serie de reclamos perentorios, como la indexación de los salarios y la libertad de los trabajadores presos. A la vez, un congreso de delegados de base para impulsar un plan de lucha. En el mismo sentido, el rechazo más enérgico a las sanciones del imperialismo. Una salida para Venezuela requiere una clara independencia política tanto del gobierno como de la oposición derechista.

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