Según un informe del Indec la tasa de desocupación aumentó al 7,7% en el primer trimestre del año, lo cual representa un fuerte salto respecto del 5,7% del trimestre anterior. En números, durante los primeros tres meses de Milei se perdieron más de 400.000 puestos de trabajo. Si bien todos los segmentos analizados experimentaron un aumento en sus tasas de desempleo en comparación con el año anterior, la situación más alarmante es la de la juventud y, dentro de ese espectro, de las mujeres. En el caso de los hombres menores a 30 años la tasa de desocupación ronda el 14,1%, y en el caso de las mujeres un 17,3%.

La juventud es el sector de la población más marginalizado del mercado formal, por lo que su fuerza de trabajo se ve destinada en general a empleos informales y precarizados, tanto más en esta situación donde el desempleo golpea hasta a los sectores de la población más formados. “En referencia al nivel educativo de las personas desocupadas, el 72,7% cuenta con hasta secundario completo, y el
27,3% presenta nivel superior y universitario, completo o incompleto”, sostiene el informe.

Las patronales se valen de esta presión sobre el mercado laboral para contratar a la juventud como mano de obra barata y superexplotada. Es el caso de las plataformas como Rappi o Pedidos Ya, donde no tienen ni baño y ponen en riesgo su vida por entregar un pedido en el tiempo exigido. Pero es también la situación de miles y miles que ingresan en diferentes ramas industriales como trabajadores tercerizados o contratados fuera de convenio.

El caso de las mujeres es aún peor, dado que la población femenina destina más tiempo que los varones al trabajo doméstico no remunerado, y, por lo tanto, realiza menos cantidad de horas pagas. Lo anterior es uno de los factores que explican la brecha salarial de género del 27,2% según otro estudio el propio Indec (es decir, que las mujeres cobran una cuarta parte por debajo de los varones). Los sucesivos gobiernos se han opuesto a crear dispositivos tendientes a socializar las tareas de cuidado, como centros de desarrollo infantil, jardines materno-paternales en los lugares de trabajo, doble escolaridad en la escuela pública, y ahora hasta atacan a los comedores populares.

La situación se agrava con el fuerte cuadro recesivo producto del programa económico del gobierno para mantener pisados los salarios. Las empresas recurren a los despidos como herramienta para abaratar al máximo los costos y recomponer la tasa de ganancia. Las cartas de suspensiones, las cesantías y las desvinculaciones hoy son moneda corriente en el sector privado.

En paralelo, el gobierno esgrime despidos masivos en el Estado, en el marco del brutal ajuste fiscal, dejando sin sustento a miles de familias trabajadoras y ampliando cada vez más el ejército de trabajadores desocupados. Incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, confirmó que luego del 30 de junio habrá un nuevo tendal de despedidos en el sector público. Las patronales toman nota de esto, dado que ahora a estos trabajadores no les queda más remedio que vender su fuerza de trabajo a cualquier postor, teniendo que aceptar salarios miserables y bajo condiciones laborales deplorables.

La Ley Bases y la reforma laboral que allí se plantea busca legalizar las contrataciones precarias y el fraude laboral que encubre la relación de dependencia, como es la figura de “colaborador”. A su vez, implica un retroceso exponencial en los derechos conquistados, como en el caso de la indemnización, otorgándole mayores facilidades a las patronales para que avance en mayores despidos.

A quienes luchan por trabajo genuino, como es el caso de las organizaciones piqueteras, las persiguen política y judicialmente con el armado de causas truchas. El objetivo del gobierno es desmantelar la organización de los trabajadores que quieren hacerle frente a este programa antiobrero y antipopular que sumerge a más de la mitad de la población en la pobreza.

Hay que luchar contra los despidos, promover las ocupaciones y las asambleas en cada lugar de trabajo para votar un plan de lucha en defensa de los puestos laborales y de los salarios. La única manera de enfrentar este plan de guerra contra a clase trabajadora es hacerlo de manera independiente del gobierno y de todos los partidos patronales, que son los que hoy dejan pasar los despidos y la reforma laboral.

De la Masacre de Avellaneda al gobierno “antipiquetero”: una misma orientación represiva

Ensuciar, reprimir y criminalizar a los trabajadores que luchan es una política de Estado de los gobiernos capitalistas. –

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