Movimiento piquetero
26/6/2024
De la Masacre de Avellaneda al gobierno “antipiquetero”: una misma orientación represiva
Ensuciar, reprimir y criminalizar a los trabajadores que luchan es una política de Estado de los gobiernos capitalistas.
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Mural Kosteki y Santillán.
Este 26 de junio se cumple un nuevo aniversario, el número 22, de la Masacre de Avellaneda, donde la represión policial a las órdenes del gobierno terminó con la vida de Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Del junio del 2002, y sus antecedentes, a la actualidad se repite una misma orientación política de los gobiernos capitalistas: sacar a los trabajadores que luchan de las calles, estigmatizando, criminalizando y reprimiendo a los piqueteros.
La operación mediática y judicial actual contra las organizaciones sociales y piqueteras, en particular contra el Polo Obrero, tiene mucho de la orientación política con la que el gobierno de Eduardo Duhalde y su secretario presidencial Aníbal Fernández, sumado al entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, prepararon la represión criminal en el Puente Pueyrredón en junio del 2002.
En ese entonces, Aníbal Fernández declaró ante los medios de comunicación que desde el Estado seguían la actividad de las organizaciones piqueteras, particularmente de aquellos sectores combativos como el Bloque Piquetero Nacional que sesionó en asamblea en el Gatica (Avellaneda) unos días previos al 26 de junio. A estos les atribuyó la planificación de una supuesta “lucha armada” y la ejecución de un “cronograma de hostilidades”, entre otras cosas.
El gobierno “libertario” retoma las banderas de Duhalde y Fernández al calificar a los manifestantes de “terroristas”, y a sus organizaciones de lucha como “bandas criminales” que buscan atentar contra el Estado. Un hilo común recorre a los gobiernos capitalistas: el de la justificación de la represión a los trabajadores.
Esto se extiende también a los medios de comunicación del poder, que reproducen la propaganda de los principales grupos capitalistas y su interés de “normalizar” las calles para avanzar en medidas de fondo contra los trabajadores.
El diario Clarín hizo célebre una portada de su periódico al imputarle la muerte de Kosteki y Santillán a “la crisis”, cuando el propio Duhalde llegó a reconocer que la represión asesina fue el resultado de una orden categórica del gobierno: los piqueteros no debían pasar a CABA.
El gobierno de Javier Milei viene emprendiendo una política similar a la de sus antecesores, buscando desprestigiar a las organizaciones piqueteras ante la población con acusaciones falsas, alimentadas y difundidas hasta el hartazgo por los medios de comunicación adictos al poder.
Se intenta instalar la idea de que la organización independiente de los trabajadores sería solo un “curro” para vivir de los fondos del Estado y que no existiría la conciencia de clase de los trabajadores sino solo una “coacción” de un puñado de dirigentes contra cientos de miles de trabajadores.
Eduardo “Chiquito” Belliboni desmintió esta tesis interesada ante el juzgado federal del Juez Casanello, explicando pacientemente el esfuerzo de los trabajadores desocupados por organizarse independientemente del Estado y los métodos democráticos y participativos con los que se expresa organizativamente esa conciencia de clase que desde el Estado buscan anular.
Esto también lo explicó en su momento el propio Darío Santillán, en un video que aún circula mucho por las redes sociales, donde se lo puede escuchar explicando en términos muy sencillos la naturaleza de clase de la lucha de los trabajadores desocupados contra el Estado y los capitalistas. Una muestra cabal de la existencia de una profunda conciencia de clase dentro del movimiento piquetero.
El gobierno de Milei reproduce esta “política de Estado” contra los trabajadores, para preparar el terreno para una ofensiva mayor contra los derechos y conquistas obreras y para garantizar los negocios capitalistas.
El protocolo antipiquetes de Bullrich cumple el mismo papel que las órdenes de Duhalde contra las manifestaciones piqueteras. La detención de decenas de manifestantes, y la privación de la libertad aún de cinco de estos por expresarse en rechazo a la Ley Bases ante el Congreso integran esta orientación. Al igual que las causas truchas contra el Polo Obrero y las organizaciones sociales y piqueteras.
Duhalde se tuvo que ir del gobierno porque fue derrotado por la movilización popular que su gobierno intentó suprimir con la Masacre de Avellaneda, entre otras cosas. Milei recorre el mismo camino sinuoso, con un gobierno que comenzó apuntando contra los piqueteros y ahora resultó acusado por malversación de fondos, sobresueldos y acopio de alimentos, cuando crecen la pobreza y la indigencia como resultado de las políticas oficiales.
Una orientación que ya fue derrotada por los trabajadores y que, de persistir, será derrotada nuevamente con el movimiento piquetero en las calles junto a los trabajadores ocupados y los explotados contra este y todos los gobiernos hambreadores.
